Enlace Judío – Exfuncionarios de la Administración Civil expresaron su preocupación por el acuerdo de coalición alcanzado entre el Likud y Hatzionut Hadatit que otorgará al diputado Bezalel Smotrich una mayor autoridad sobre los asentamientos de Judea y Samaria (Cisjordania) y advirtieron que la medida tendrá un impacto directo en la seguridad, informó Haaretz.
El presidente del Likud, Benjamín Netanyahu, llegó a un acuerdo con el líder de Hatzionut Hadatit Bezalel Smotrich para entregar al partido de este último el poder de nombrar al Coordinador de Actividades Gubernamentales en los Territorios (COGAT), así como al jefe de la Administración Civil, cargos con una influencia significativa sobre la vida civil en Judea y Samaria.
Exfuncionarios de la Administración Civil y juristas explicaron que trasladar la responsabilidad de la asesoría legal de la Administración Civil a un ministro de Hatzionut Hadatit en el Ministerio de Defensa podría perjudicar a la población palestina.
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Además, el acuerdo creará una situación en la que el jefe del Comando Central del ejército, el soberano en Judea y Samaria (Cisjordania), estará subordinado al ejército y, por lo tanto, al Ministro de Defensa, mientras que la Administración Civil responderá ante un representante de Hatzionut Hadatit en el Ministerio de Defensa, aunque desde el punto de vista legal la Administración Civil deriva su autoridad del jefe del Comando Central del ejército.
Un exalto funcionario de la Administración Civil se refirió a la división del cargo de ministro de Defensa en el marco del acuerdo y explicó que esto podría conducir a una falta de coordinación entre las acciones de la administración y las fuerzas armadas.
“Cada acción en Judea y Samaria tiene un impacto directo en la seguridad, y la falta de coordinación conducirá a un conflicto significativo”, dijo.
Como ejemplo, mencionó la decisión de construir una estructura en la Tumba de los Patriarcas en Hebrón, que ahora estará bajo la jurisdicción de Smotrich, aunque este asunto tiene ramificaciones de seguridad.
“No hay duda de que lo que pretende Smotrich es un proceso de anexión”, dijo el funcionario.
Aseveró que la subordinación de la Administración Civil a un ministro de Hatzionut Hadatit en el Ministerio de Defensa es parte de un movimiento más amplio para dividir la administración, como pretende hacer Smotrich. Por lo tanto, la coordinación de la seguridad con respecto a los palestinos seguirá siendo responsabilidad del ejército, mientras que el trato con los israelíes que viven en Judea y Samaria pasará a manos de civiles.
“Toda la autoridad está en manos del jefe del Comando Central”, dijo Ilan Paz, exjefe de la Administración Civil. “Si se le da la responsabilidad a un ministro del Ministerio de Defensa, ¿convocará a reuniones al jefe de Gabinete en su oficina? ¿Llegarán a él él y el jefe del Comando Central? Digamos que decide demoler edificios ilegales y el Comando Central tiene sus propias prioridades. Si el ministro procede de forma independiente, es una receta para el caos. Cuando hay caos, dos días después hay un ataque terrorista, ya que este es el nervio más expuesto: la tierra y los asentamientos [palestinos]”.
“Estás tomando la unidad militar más sensible y subordinándola para un partido político sectorial cuyos únicos intereses, y lo hemos visto durante las negociaciones de coalición, son sectoriales”, agrega Paz. “Smotrich quería convertirse en ministro de Defensa no para atacar a Irán sino para liberar más tierra y construir más para los colonos, nada más”.
La mayoría de los expertos advirtieron contra la eliminación de la independencia de la asesoría legal en Judea y Samaria, que es parte del acuerdo que exige eliminar la asesoría legal de la Administración Civil, específicamente de un organismo llamado “Asesoría Legal de Judea y Samaria”, y transferirla al asesor legal del Ministerio de Defensa.
“El servicio de asesoría legal de Judea y Samaria trabaja para proteger a una población que está protegida por el derecho internacional”, dijo un exfuncionario. “Ahora, está contratando a un asesor legal por separado que trabajará más para su cliente y menos para la justicia”.
Un grupo de juristas especialistas en derecho internacional y legalidades de ocupación que han estado siguiendo el desmantelamiento de la Administración Civil dijeron a Haaretz que el acuerdo de coalición apunta a una anexión formal de Judea y Samaria (Cisjordania) y la intención de imponer un régimen de apartheid en la zona.
“Ese es el significado de transferir la autoridad administrativa y organizativa según lo estipulado en el acuerdo, y el significado del nombramiento de asesores legales superiores por parte de los políticos y la cancelación de la independencia del asesoramiento legal con respecto a los territorios en las agencias estatales y militares de fiscalía, poniendo asesores legales bajo el control directo de los políticos, junto con el establecimiento de un mecanismo independiente de colonos. Hacemos hincapié en que tanto la anexión como el apartheid están prohibidos por el derecho internacional”, escribieron los juristas Dra. Ronit Levin-Schnor, Dra. Yael Barda, Dra. Tamar Megiddo y Prof. Itamar Mann.
La Dra. Levin-Schnor, exasesora legal adjunta para Judea y Samaria que se ocupó de asuntos relacionados con la tierra, señaló que actualmente, la Administración Civil recibe asesoría legal de un organismo apolítico, pero esto cambiará con el nuevo acuerdo de coalición.
“El actual asesor legal de Judea y Samaria no tiene afinidad política; es un sistema independiente que opera bajo el abogado militar general. Esta es la esencia de la asesoría jurídica en los territorios, y el hecho de que se trate de una jerarquía militar desvinculada de la esfera política permite ver al asesor jurídico como un representante de la población ocupada, con base en el derecho internacional”. El consejero asesora en la aprobación de licencias de obra, el estado del suelo, protección de suelo privado, declaración de suelo estatal, etc.
La Asociación de Derechos Civiles de Israel publicó una opinión que examina varias cláusulas del acuerdo de coalición. Una de ellas se relaciona con la adaptación de las leyes de Judea y Samaria (Cisjordania) a la ley israelí. Para que la ley israelí se aplique en Judea y Samaria, debe traducirse en decretos militares, y no todas las leyes pueden pasar por ese proceso. Para ello, se habilitarán nuevos puestos en la asesoría jurídica.
Otro tema son las respuestas a las peticiones presentadas ante la Corte Suprema de Justicia, que ahora serán aprobadas por el ministro de Hatzionut Hadatit en el Ministerio de Defensa. Esto es similar a una iniciativa de la entonces ministra de Justicia, Ayelet Shaked, quien nombró a un asesor externo de su dependencia responsable de los “asuntos de liquidación”. Este funcionario examinó todas las respuestas del Estado a las peticiones relacionadas con los asentamientos. De acuerdo con el nuevo acuerdo de coalición, todos los temas acordados serán ejecutados por una nueva autoridad que tendrá 12 cargos.
El jefe del Consejo Yesha, Shlomo Ne’eman, sostuvo que el acuerdo de coalición es un “logro sin precedentes, que inicia la regulación de la presencia israelí en Judea y Samaria“.
Dijo que próximamente se otorgará una compensación a los consejos de colonos por los daños que sufrieron, según sus palabras, al estar bajo el régimen militar. “Al transferir la autoridad de la Administración Civil a un ministro civil en el Ministerio de Defensa, la intención es crear un proceso por el cual toda su autoridad pasará gradualmente a los ministerios del gobierno”, explicó Ne’eman.
Durante las negociaciones de coalición, el Consejo de Yesha mantuvo conversaciones con varias partes para que los asuntos importantes para los colonos se incluyan en el acuerdo. El consejo preparó un documento que incluía la transferencia de los asuntos de los colonos a los ministerios gubernamentales, el establecimiento de una división de Judea y Samaria en estos ministerios como ya existe en los ministerios de Educación y Salud, el fortalecimiento de la división de asentamientos en la Organización Sionista Mundial y el avance de la legislación destinada a ampliar la jurisdicción de los consejos locales de colonos.
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