Enlace Judío – Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidenta de Argentina, fue condenada este martes a 6 años de prisión por el llamado caso “Vialidad“.
Fernández fue declarada culpable de administración fraudulenta y perjuicio a la administración pública durante un período que abarca sus dos presidencias (2007-2011 y 2011-2015), mediante la extracción de fondos estatales para su beneficio personal o el de un tercero, de acuerdo con CNN.
Sin embargo, debido a su rol como vicepresidenta, Fernández cuenta con inmunidad, lo que la protege tanto legal, como civilmente en un caso penal y no irá a la cárcel.
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Además se tiene previsto que su defensa apele y se llegue eventualmente hasta el máximo tribunal argentino, un proceso que llevaría tiempo en desahogarse hasta que exista una sentencia definitiva.
Los fiscales acusaron a la vicepresidenta de haber encabezado una asociación ilícita para direccionar, junto a otros funcionarios, contratos millonarios de obras viales que quedaron incompletas, tenían sobreprecio e incluso eran innecesarias.
Fernández negó los cargos y denunció que se trata de una persecución política.
Según dijo previamente, esta acusación de corrupción no tiene fundamentos y se trata de una persecución en su contra suya y del proyecto político que representa.
El fiscal Diego Luciani, al frente del caso “Vialidad”, pidió en agosto 12 años de cárcel para Fernández y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Sin embargo, la condena no evita que Fernández sea candidata a las próximas elecciones.
La acusación hace referencia, específicamente, a 51 licitaciones en la provincia de Santa Cruz, de la que era oriundo su fallecido esposo, el expresidente Néstor Kirchner, y donde ambos desarrollaron buena parte de sus carreras profesionales y políticas antes de saltar a la escena nacional.
En esta acusación hay otra figura fundamental, la de Lázaro Báez, exsocio de los Kirchner y a quien los fiscales señalan como el principal beneficiario de esta supuesta defraudación.
El fiscal Luciani —quien fija el inicio de la supuesta defraudación en el gobierno de Néstor Kirchner— afirma que, para hacer el desvío de fondos, “de la noche a la mañana se convirtió en empresario de la construcción a Lázaro Báez, amigo del entonces presidente de la nación y socio comercial de este y de su esposa”.
Sobre Báez ya pesa una condena a 12 años de prisión, dictada en 2021, por cargos de lavado de dinero entre 2003 y 2015, y que ha sido apelada por su defensa.
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