Enlace Judío – La Fiscal General de Israel, Gali Baharav-Miara, advirtió este jueves contra la reforma judicial que busca el próximo gobierno de Benjamín Netanyahu, informó Haaretz.
Durante su intervención en una conferencia jurídica de la Universidad de Haifa, Baharav-Miara aseveró que los proyectos de ley “no se sostienen por sí mismos”. Considerados en su conjunto, “desde luego si se aplican precipitadamente, en lugar de con una visión global y a largo plazo podrían perturbar el sistema de controles y equilibrios entre los poderes del Estado”, afirmó.
El gobierno entrante de Israel avanzó este martes tres iniciativas clave que otorgarán importantes poderes a los aliados ortodoxos y de extrema derecha de Benjamín Netanyahu.
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El primer proyecto de ley modificaría una de las leyes básicas semiconstitucionales de Israel para permitir que el líder del partido Shas, Arieh Deri, sea nombrado miembro del gabinete a pesar de haber sido condenado a una pena de prisión suspendida. Rápidamente le siguieron un proyecto de ley que subordinaría al comisionado de la Policía de Israel al próximo ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, y otro que concedería al presidente de Hatzionut Hadatit, Bezalel Smotrich, el control de la Administración Civil en Judea y Samaria (Cisjordania).
Baharav-Miara señaló que no discute la importancia del pensamiento crítico en relación con la estructura política existente. “Los cambios a veces se ven forzados por la realidad”, dijo, “pero la idea de que es correcto o posible realizar un cambio profundo en el tejido del gobierno de un plumazo es errónea a mis ojos. Un cambio fundamental requiere reflexión profunda y juicio inteligente”.
Sostuvo que los proyectos de ley en la agenda del gobierno entrante no proponen mecanismos para equilibrar la regla de la mayoría y garantizar el compromiso del Estado con los derechos humanos. “Quienes deseen introducir un cambio en el sistema israelí de controles y equilibrios deben dejar claro cómo piensan impedir que el gobierno de la mayoría perjudique a la minoría”, dijo.
“Los políticos electos deben gobernar el país y promulgar leyes. Este es un principio democrático básico”, destacó Baharav-Miara.
“Una gobernanza eficaz es esencial para la prosperidad del país y la realización de la voluntad de los votantes. No solo creemos en esto. También ayudaremos al gobierno a hacerlo. Ese es nuestro trabajo”, dijo, pero añadió que “sin supervisión judicial y asesoramiento jurídico independiente, nos quedaremos solo con el principio de la regla de la mayoría, y nada más. Seremos una democracia de nombre, pero no en esencia”.
Baharav-Miara advirtió también contra la “politización de la aplicación de la ley” que en su opinión “conducirá a una grave violación de los principios más básicos del Estado de derecho: igualdad, ausencia de arbitrariedad y de parcialidad”.
“La mínima politización [del sistema de aplicación de la ley], dará un golpe fatal a su funcionamiento y dañará gravemente la confianza pública. En un país democrático, no es apropiado cambiar la relación entre los políticos y el sistema de aplicación de la ley con esta legislación”, dijo.
Se mostró especialmente preocupada por las demandas de una cláusula de anulación de la Corte Suprema de Justicia, que pondría fin a la capacidad de la corte de anular leyes y decisiones gubernamentales que violen los derechos fundamentales establecidos en las Leyes Básicas cuasi constitucionales de Israel.
Tras sus comentarios, Ben Gvir acusó a la fiscal general de alarmismo y defendió la legislación que está tramitando para otorgar mayores poderes al ministro responsable de la policía.
“La fiscal general se equivoca al pensar que es la verdadera primera ministra. Cada ley con la que ella no está de acuerdo se convierte en un peligro para la democracia”, acusó Ben Gvir.
Argumentó que la legislación es necesaria para permitirle “restaurar la seguridad personal de los ciudadanos del Estado de Israel“.
Otros diputados también se pronunciaron en contra de Baharav-Miara, entre ellos Moshé Saada, del Likud, quien la calificó de “fiscal general de nombre pero no de esencia”, mientras que Simja Rothman, de Hatzionut Hadatit, la acusó de hipocresía por no aplicar las mismas reglas a las leyes presentadas por la coalición saliente.
“Pido a Netanyahu controlar a sus socios. Netanyahu es débil y Ben Gvir se aprovecha de ello para atacar a la fiscal general como un vulgar matón. El desdén por los procedimientos legales, el bombardeo legislativo incluso antes de que se haya formado el gobierno y los ataques contra altos cargos públicos que no pueden responder debido a su posición es una vergüenza”, apuntó el primer ministro saliente, Yair Lapid.
El ministro de Justicia saliente, Gideon Sa’ar, denunció lo que calificó de “ataques salvajes contra la fiscal general de miembros de la coalición entrante”, que, según dijo, “forman parte de un intento sistemático de frenar al poder judicial y a todo el servicio jurídico público mediante ataques e intimidaciones constantes”.
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