Enlace Judío – El presidente de Israel, Yitzhak Herzog expresó su preocupación por la creciente intolerancia hacia la comunidad LGBT entre los políticos que formarán el próximo gobierno, en tanto que el primer ministro entrante Benjamín Netanyahu negó las afirmaciones de que su gobierno buscará legalizar la discriminación por motivos religiosos, informó The Times of Israel.
Herzog y Netanyahu se pronunciaron horas después de que los comentarios de la diputada Orit Struck de Hatzionut Hadatit causaran polémica.
Struck sugirió que los médicos deben tener derecho a negarse a proporcionar tratamientos que vayan en contra de su fe religiosa, siempre que otro médico esté dispuesto a proporcionarlo.
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Un reporte de la emisora pública israelí Kan indica que los miembros de la coalición entrante acordaron aprobar un proyecto de ley que consagra ese derecho.
Según el sitio de noticias Ynet, Herzog llamó a Netanyahu y expresó su preocupación por la posible modificación de las leyes contra la discriminación en Israel.
En una serie de tuits, Herzog se mostró “preocupado e inquieto” por los crecientes ataques contra la comunidad LGBT.
“Una situación en la que los ciudadanos de Israel se sienten amenazados por su identidad o sus creencias socava los valores democráticos fundamentales del Estado de Israel“, escribió.
“Los comentarios [intolerantes] escuchados en los últimos días contra la comunidad LGBT y contra cualquier grupo o sector diferente me preocupan y perturban mucho”, enfatizó.
Herzog prometió “actuar con todo [su] poder” como presidente para “impedir el daño a los diferentes segmentos de la población”.
Según el reporte de Kan, una cláusula del acuerdo de coalición entre Hatzionut Hadatit y el Likud estipula que el nuevo gobierno tratará de modificar las leyes sobre discriminación para permitir a los propietarios de empresas negarse a prestar servicio que vaya en contra de sus creencias religiosas. El acuerdo aún no se ha firmado oficialmente.
Netanyahu emitió un comunicado en el que negó la existencia de dicha cláusula y rechazó los comentarios de Struck.
“No permitiremos que se discrimine a las personas LGBT ni que se erosionen los derechos de los israelíes”, afirmó en un comunicado enviado por su partido, el Likud. “En el país que voy a dirigir, no habrá ninguna situación en la que a una persona, ya sea homosexual, árabe, ultraortodoxo, o cualquier otra, se le niegue el servicio en un hotel o en un hospital”.
De acuerdo a Ynet, funcionarios de todo el mundo han cuestionado a Herzog en relación con el gobierno entrante, que incluye varios partidos abiertamente homófobos, y también ha respaldado cambios de gran alcance en el poder judicial de Israel, así como la derogación de una ley que prohíbe a racistas presentarse a elecciones.
Kan publicó el domingo una imagen que muestra un borrador anterior del acuerdo de coalición entre el Likud y Hatzionut Hadatit, en el que aparece la cláusula eliminada del acuerdo. Según el reporte, Netanyahu aceptó reintroducir la cláusula debido a la presión del líder de Hatzionut Hadatit, Bezalel Smotrich.
Los comentarios de Struck fueron condenados por médicos, incluido un grupo de 200 profesionales y exprofesionales de la medicina quienes firmaron un documento en el que advierten que el país se enfrenta a un “colapso sistémico total”.
Los firmantes advirtieron que el día en que los profesionales de la medicina se nieguen a tratar a los pacientes con igualdad será un “día negro” para Israel y la medicina.
En respuesta a las críticas, Struck escribió en Twitter: “Pueden calmar toda la indignación. Nadie pretende discriminar a las personas LGBT por su identidad. Ni en los servicios médicos ni en ningún otro servicio. Las personas LGBT son seres humanos que merecen dignidad y respeto como todos los demás”.
Agregó que sus comentarios no se referían a la identidad de la persona que recibe un servicio, sino a la identidad del quien lo proporciona, e insistió en que una “gran mayoría” de personas está de acuerdo con el cambio de la ley.
En su versión actual, la ley prohíbe la discriminación por parte de quienes prestan servicios o suministran productos públicos por motivos de raza, religión, género, orientación sexual y otras consideraciones similares, y quien la infrinja es multado.
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