Enlace Judío – El ministro de Justicia de Israel, Yariv Levin, presentó este miércoles la ambiciosa reforma judicial del gobierno de Benjamín Netanyahu, que la administración ve necesaria para acabar con lo que ven como una influencia desproporcionada del Poder Judicial, pero que críticos consideran un ataque a la división de poderes y a la democracia del país.
La reforma presentada por Levin desde la Knéset busca limitar significativamente las facultades de la Corte Suprema de Justicia de Israel, dar al gobierno control sobre el comité de selección de jueces y limitar por igual la autoridad de los asesores legales del gobierno.
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Levin afirmó que el activismo judicial, como se conoce a la doctrina que aboga por que los jueces actúen no solo para aplicar la ley sino para fungir como contrapesos constitucionales al Poder Legislativo y Ejecutivo, ha arruinado la confianza pública en el sistema judicial e imposibilitado que los gobiernos laboren de manera efectiva, informó The Times of Israel.
Pero los líderes de la oposición denunciaron la reforma presentada por Levin como un peligro claro y presente para la democracia israelí y el sistema de pesos y contrapesos en el Estado.
El líder de la oposición política Yair Lapid, así como el líder del partido Hamajané Hamamlajtí, Benny Gantz, condenaron las propuestas como un “golpe de Estado”, mientras que Merav Mijaeli, jefa del partido Avodá, acusó al gobierno de comportarse como “una mafia” debido al momento del anuncio.
La Corte Suprema tiene previsto celebrar el jueves una audiencia sobre los recursos legales que exigen que se anule el nombramiento del líder del Shas, Aryeh Deri, como ministro del Interior y de Salud.
Según las propuestas de Levin, se impedirá explícitamente que la Corte Suprema delibere y se pronuncie sobre las Leyes Básicas de Israel.
Las Leyes Básicas tienen una naturaleza semiconstitucional, pero a diferencia de una constitución formal escrita, la mayoría de ellas pueden ser enmendadas o incluso anuladas por una mayoría simple.
La Corte Suprema nunca ha derogado una Ley Básica o una enmienda a una, aunque ha insinuado que tiene capacidad de revisar su constitucionalidad sobre ellas en algunas circunstancias.
Levin dijo que, como parte de sus propuestas, la Corte Suprema solo podría anular leyes aprobadas en la Knéset por una “mayoría especial”.
“No se anularán más las leyes de la Knéset sin autoridad”, dijo, en referencia al hecho de que nunca se ha aprobado una ley que otorgue explícitamente a la Corte Suprema la revisión judicial de la legislación de la Knéset.
El ministro de Justicia no dijo cuál sería esa mayoría especial, aunque las propuestas de sus aliados en el partido Hatzionut Hadatit exigen que 14 de los 15 jueces de la corte se pronuncien a favor de derogar la legislación.
También se busca la llamada “cláusula de anulación”, dijo Levin, para permitir que la Knéset vuelva a legislar una ley anulada por la Corte Suprema, con una mayoría de 61 diputados.
Levin agregó, sin embargo, que la Knéset no podría volver a legislar una ley anulada por la Corte Suprema en una decisión unánime de los 15 jueces durante el transcurso de ese mandato de la Knéset.
El ministro de Justicia también dijo que sus reformas cambiarían la composición del comité de selección judicial y darían “igual representación a las tres poderes del Estado”.
El comité incluiría dos “representantes públicos” que elegiría el Ministerio de Justicia, en lugar de los dos representantes designados actualmente para el comité por el Colegio de Abogados de Israel.
El comité de 9 miembros incluye actualmente a 3 miembros del gobierno y la coalición gobernante.
Agregar dos representantes elegidos por el ministro de Justicia le daría al gobierno una mayoría de al menos 5 contra 4 en el comité.
La derecha política de Israel se ha quejado durante mucho tiempo de que los 3 jueces de la Corte Suprema del comité tienen demasiada influencia sobre la selección de jueces, aunque todos los poderes del Estado representados en el panel tienen derecho a veto sobre la selección de los jueces de la Corte Suprema.
El tercer elemento de lo que Levin dijo que era la “primera etapa” de la reforma es prohibir que la Corte Suprema utilice el llamado principio de razonabilidad, que ha sido utilizado por el tribunal para determinar si una decisión del gobierno es lícita.
Levin dijo que esto “restablecerá la capacidad de toma de decisiones del gobierno electo”, y agregó que “no existe tal cosa como el principio de razonabilidad”.
Finalmente, el paquete de reformas cambiará el estatus de los asesores legales gubernamentales y ministeriales, de modo que sus posiciones declaradas sobre decisiones y reglamentos administrativos no se considerarán vinculantes para su ministerio u organismo.
Aunque Levin no lo dijo explícitamente, parecía probable que las reformas cambiaran la posición de los asesores legales profesionales por designaciones políticas.
Levin y otros defensores de la derecha de la reforma han argumentado que los asesores legales con demasiada frecuencia actúan como un obstáculo para la capacidad de un ministro de promulgar las políticas que desea, y este paso se considera crucial para dar a los ministros un mayor control sobre las decisiones políticas.
“Estas reformas fortalecerán el sistema legal y restaurarán la confianza del público en él. Restablecerán el orden: permitirá que los legislativos legislen, el gobierno gobierne, los asesores jurídicos asesoren y los jueces juzguen”, concluyó el ministro de Justicia.
El ministro de Justicia también dio a entender que la legislación no se apresuraría a pasar por la Knéset, diciendo que habrá un “debate profundo y serio” sobre las reformas.
“La revolución constitucional y la intervención cada vez mayor del sistema judicial en las decisiones del gobierno y la legislación de la Knéset han reducido la confianza pública en el sistema legal a un punto bajo peligroso, y han llevado a la falta de gobernabilidad y han asestado un duro golpe a la democracia”, afirmó Levin.
“He advertido sobre los daños que causa la judicialización. Ahora, ha llegado el momento de actuar”.
Lapid, sin embargo, criticó a Levin por sus propuestas y el momento de su anuncio: “Como una banda de criminales, el día antes de la audiencia de la Corte Suprema sobre la ‘Ley Deri‘, el gobierno puso un arma cargada sobre la mesa”.
Prometiendo luchar contra la “locura”, Lapid prometió que su coalición echará abajo las reformas si vuelve al poder.
“Lo que presentó hoy Yariv Levin no es una reforma legal, es una carta de intimidación. Amenazan con destruir toda la estructura constitucional del Estado de Israel”, dijo el líder opositor.
Gideon Sa’ar, de Hamajané Hamamlajtí, quien hasta la semana pasada ocupó el asiento de Levin en el Ministerio de Justicia, también condenó los planes de su sucesor, describiéndolos como una traición a los ideales del fundador del Likud, Menajem Begin.
Sa’ar dijo que las propuestas de Levin son “nada menos que una ejecución de la doctrina democrática y del régimen de Menajem Begin“.
Añadió: “No hay duda de que Menajem Begin habría rechazado cada una de las secciones del plan para cambiar el régimen en Israel”.
Sa’ar, un exmiembro principal del Likud antes de romper con Netanyahu en 2019, escribió que los “verdaderos discípulos de Begin tienen el deber de combatirlo”. Y así lo haré.
Los socios de la coalición de Levin, incluido el primer ministro, apoyaron firmemente las propuestas.
Netanyahu argumentó el miércoles que la reforma generará un balance entre el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.
“Revisaremos la forma en que gobernamos. Tomaremos medidas que fortalezcan la seguridad personal en todo el estado. Comenzaremos por promulgar reformas que aseguren el equilibrio adecuado entre los tres poderes”, dijo el primer ministro.
Y el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, publicó un mensaje en video “bendiciendo” el “reinicio del sistema judicial” e insistiendo en que la promesa de reformar el sistema judicial fue el tema más crítico en las recientes elecciones generales.
“Todos ustedes saben que de esto se trataron las elecciones, esto es lo que declaró el público israelí”, dijo Smotrich. “Tenemos un mandato completo para aumentar la fe del público israelí en el sistema judicial y fortalecer a Israel como un Estado judío y democrático”.
Reproducción autorizada con la mención siguiente: ©EnlaceJudío
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