Enlace Judío – En una audiencia de 6 horas este jueves, la Corte Suprema de Justicia de Israel cuestionó la legitimidad del acuerdo de culpabilidad del líder del partido Shas, Aryeh Deri, en el que dijo que renunciaría a la Knéset, solo para volver a ella 9 meses después y ser nombrado ministro, informó The Times of Israel.
Al escuchar los recursos contra el nombramiento de Deri como ministro del Interior y de Salud, la Corte Suprema expresó un escepticismo significativo con respecto a la legitimidad de las maniobras políticas y legales del gobierno para permitir que vuelva a ocupar el cargo de ministro, a pesar de su reciente condena penal.
En un intercambio particularmente agudo, el juez Alex Stein cuestionó las afirmaciones del abogado de Deri, Navot Tel-Zur, de que el nombramiento del líder del Shas fue “razonable” ya que su condena por soborno ocurrió hace más de dos décadas y sus condenas por fraude fiscal el año pasado no fueron por un motivo malicioso.
Stein y otros jueces señalaron que la sentencia suspendida relativamente indulgente de Deri se logró a través de un acuerdo de culpabilidad con el Tribunal de Magistrados de Jerusalén en el que Deri se comprometió a renunciar a la Knéset y, aparentemente, a la vida pública.
Si bien Deri, un aliado cercano de Netanyahu, renunció a la Knéset, se postuló como líder del partido Shas en las elecciones de noviembre y asumió el cargo de ministro del Interior y ministro de Salud en el nuevo gobierno.
El abogado Eliad Shraga, jefe del Movimiento por un Gobierno de Calidad, que es una de las organizaciones ciudadanas que buscan la destitución de Deri, enfatizó aún más este punto en un discurso indignado ante la corte.
Shraga señaló la petición de su organización en enero pasado en la que solicitaba a la Corte Suprema que exigiera al Tribunal de Magistrados de Jerusalén que el acuerdo de culpabilidad conllevara una determinación de “vileza moral”, que impediría a Deri servir en la Knéset o en el gobierno.
Deri no estuvo en la Corte Suprema, pero la mayoría de los diputados del Shas estuvieron presentes en la audiencia. No está claro cuándo el panel ampliado de 11 jueces emitirá un fallo sobre el caso y sus respectivas opiniones particulares.
Los jueces centraron sus dudas en la integridad de una reforma de ley aprobada para permitir que Deri se desempeñara como ministro, en la razonabilidad de nombrar a un individuo recientemente condenado para un alto cargo público y en la rectitud de su acuerdo con la fiscalía en febrero de 2022.
Las peticiones contra el nombramiento de Deri, presentadas por el Movimiento por un Gobierno de Calidad, el Movimiento por el Comportamiento Ético y un grupo de ciudadanos individuales, argumentan que su condena de 2022 por cargos de fraude fiscal, así como su condena en 1999 por cargos de soborno, hacen que su nombramiento sea “irrazonable”.
Las peticiones también argumentan que la legislación aprobada recientemente por el nuevo gobierno que modifica la Ley Básica: El Gobierno para nombrar a Deri fue un mal uso de la autoridad constituyente de la Knéset, ya que la ley se aprobó en beneficio de un político individual y las necesidades inmediatas de el nuevo gobierno.
Abogados tanto representando a la Knéset como a Netanyahu, defendieron la designación de Deri, argumentando, entre otras cuestiones, que la Corte Suprema no puede interpretar las Leyes Básicas, una postura que rechazaron los jueces.
El caso de Deri ante la Corte Suprema tuvo lugar luego de que el gobierno de Netanyahu presentara su ambiciosa reforma judicial que defiende como un impulso para balancear los tres poderes del Estado, pero que críticos argumentan va contra la democracia y constitucionalidad del país.
La reforma judicial limitaría las facultades de la Corte Suprema, le daría al gobierno la capacidad de anular fallos judiciales y le daría el control del gobierno sobre la selección judicial, entre otras cosas.
Si se promulga, la propuesta equivaldría posiblemente a los cambios más extremos jamás realizados en el sistema gubernamental de Israel.
Los críticos advierten que los movimientos planeados eliminarán el papel del Poder Judicial como control del poder de la mayoría gobernante.
Los defensores argumentan que los fallos judiciales que anulan la legislación o las decisiones del gobierno merman la voluntad de los votantes israelíes.
Según las propuestas de Levin, se impedirá explícitamente a la Corte Suprema deliberar y pronunciarse sobre Leyes Básicas o utilizando el “principio de razonabilidad”, un criterio usado sobre decisiones del gobierno.
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