Enlace Judío – La administración de Joe Biden actualmente no planea presionar al gobierno de Benjamín Netanyahu sobre su reforma judicial, dijeron dos funcionarios estadounidenses a The Times of Israel.
“No nos vamos a meter en temas internos”, dijo uno de los funcionarios, al tiempo que reconoció que la reforma podría tener implicaciones masivas, dado que la Corte Suprema de Justicia de Israel, cuyo poder busca disminuir el nuevo gobierno, opina regularmente sobre las políticas del gobierno con respecto a los palestinos.
El funcionario también reconoció que el enfoque podría cambiar cuando se revelen más detalles sobre la reforma, pero dijo que por ahora, la administración se reserva la voz para pronunciarse sobre temas que se relacionan más directamente con su esfuerzo por preservar las perspectivas de una solución de dos Estados y mantener la calma en Jerusalén.
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Un segundo funcionario estadounidense confirmó el enfoque, pero se negó a comentar más.
Una fuente familiarizada con el asunto especuló que la administración puede ofrecer un vago apoyo a la importancia de un Poder Judicial fuerte si los periodistas le piden a EE. UU. que comente sobre el asunto, pero que la política no se extendería mucho más.
EE. UU. se ha pronunciado varias veces desde que el nuevo gobierno prestó juramento hace una semana, felicitando a Netanyahu y expresando su deseo de trabajar con él para fortalecer los lazos entre EE. UU. e Israel, al tiempo que advirtió que Washington lo hará responsable de las acciones de sus aliados de la extrema dereha.
Los funcionarios de la administración de Biden han expresado repetidamente su apoyo a una solución de dos Estados, comprometiéndose a oponerse a los pasos que socavan ese paradigma.
El martes, varios funcionarios condenaron la visita del ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, al Monte del Templo, y el miércoles, el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, criticó los esfuerzos del nuevo gobierno por autorizar el asentamiento ilegal de Homesh en el norte de Judea y Samaria (Cisjordania).
Pero las reformas legales planificadas, presentadas el miércoles por el ministro de Justicia, Yariv Levin, pueden tener el mayor impacto en el futuro del país.
Levin especificó cambios en cuatro áreas principales: restringir la capacidad de la Corte Suprema para derogar leyes y decisiones gubernamentales, al exigir un panel de los 15 jueces del tribunal y una “mayoría especial” para hacerlo, e incluir una “cláusula de anulación” que permita a la Knéset para volver a legislar tales leyes.
Cambiar el proceso de elección de jueces, para dar al gobierno de turno un control efectivo del panel de selección.
Impedir que la Corte Suprema utilice el “principio de razonabilidad” para juzgar la legislación y las decisiones gubernamentales.
Y permitir que los ministros designen a sus propios asesores legales, en lugar de obtener el asesoramiento de asesores que operan bajo los lineamientos del Ministerio de Justicia.
Los críticos advierten que los movimientos planeados eliminarán el papel del Poder Judicial como contrapeso del poder de la mayoría gobernante.
Los defensores argumentan que los fallos judiciales que anulan la legislación o las decisiones del gobierno subvierten la voluntad de los votantes israelíes.
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