Enlace Judío – La Fiscal General de Israel, Gali Baharav Miara, negó este lunes estar considerando declarar incapaz a Benjamín Netanyahu para el cargo de primer ministro, lo que había generado molestia en los aliados del mandatario, quienes vieron ello como un potencial “golpe de Estado” si se implementase.
Reportes de medios israelíes indicaron que Baharav Miara estaba considerando el tema a raíz de la reforma judicial planeada por el gobierno de Netanyahu, de acuerdo con The Times of Israel.
Baharav-Miara, según indicaban los reportes, vio esto como un posible conflicto de intereses para el primer ministro, ya que no puede estar involucrado en asuntos que podrían afectar su actual juicio por presunta corrupción.
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Los reportes llevaron a los líderes de los partidos del gobierno a advertir a Baharav–Miara en contra de tomar una decisión de esta naturaleza.
En una carta, le indicaron: “Recientemente, se publicaron varias noticias en los medios de comunicación según las cuales está discutiendo la posibilidad de obligar al primer ministro de Israel a ‘tomar una licencia’. Para nuestro asombro, no ha negó estos informes hasta ahora”.
“Consideramos que tales discusiones, en la medida en que se han realizado, son un intento de golpe de Estado sin autoridad y claramente ilegal”, enfatizaron.
Los aliados de Netanyahu agregaron que tal decisión significaría “una anulación de las elecciones en las urnas, una anulación del régimen democrático y una usurpación ilegal de la soberanía del pueblo” y no sería aceptada por los votantes ni por el gobierno.
La carta fue firmada por los jefes de todos los partidos de la coalición, con la excepción de Netanyahu. El ministro de Justicia, Yariv Levin, firmó por el Likud.
Baharav-Miara negó los informes en una simple declaración en respuesta a la carta.
“Contrariamente a las afirmaciones de los medios, no he sostenido discusiones sobre una incapacidad del primer ministro”, dijo.
Netanyahu está siendo juzgado en tres casos de presunta corrupción por cargos de fraude y abuso de confianza, además de soborno en uno de ellos.
Él niega haber actuado mal y afirma que los cargos fueron fabricados en su contra en un intento de sacarlo del poder por parte de la policía, la fiscalía estatal, los medios de comunicación y sus rivales políticos.
El gobierno de Netanyahu busca por el momento sacar adelante una ambiciosa reforma judicial que busca realizar trascendentales cambios en el Poder Judicial de Israel.
La reforma limitaría drásticamente el poder de revisión judicial de la legislación por la Corte Suprema de Justicia; permitía que la Knéset vuelva a legislar leyes si la Corte las anula; daría al gobierno control sobre los nombramientos judiciales; convertiría a los asesores legales del ministerio en designados políticos y haría que sus consejos no sean vinculantes.
El gobierno y sus simpatizantes ven a la reforma judicial como necesaria para subsanar lo que consideran una desporporcionada influencia y dominio del Poder Judicial sobre el Poder Ejecutivo y Legislativo.
Por el contrario, la oposición la ve como un intento del gobierno de Netanyahu de someter al Poder Judicial a sus dictados y como una seria amenaza contra la democracia de Israel.
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