Enlace Judío – El presidente de Israel, Yitzhak Herzog, reiteró este domingo su llamado a frenar el proceso legislativo para la reforma judicial, y entablar negociaciones, informó The Times of Israel.
“Detengan todo el proceso por un momento, respiren hondo, permitan que haya diálogo, porque hay una gran mayoría del pueblo que quiere diálogo”, dijo el presidente durante un acto para soldados de las FDI en su residencia oficial.
Y añadió: “Cuando veo que hay gente que amenaza con asesinar al primer ministro… es algo terrible que hay que eliminar y quitar la mancha. No hay que utilizar este tipo de expresiones en la discusión. El debate se está calentando hasta un punto peligroso, y hago un llamamiento desde aquí a todos los involucrados en el desacuerdo: paren un momento, respiren”.
“Digo esto desde un lugar de responsabilidad histórica. Oigo que se insulta en público a personas y dirigentes públicos y se les compara con nazis. La gente olvida lo que fue el Holocausto cuando utiliza casualmente el término ‘nazi'”.
El domingo, la policía interrogó a Ze’ev Raz, expiloto de la fuerza aérea por comentarios en los que parecía justificar el posible asesinato del primer ministro Benjamín Netanyahu.
También interrogó al abogado David Hodek, quien la semana pasada declaró en una conferencia de la Asociación de Abogados de Israel que luchará contra el gobierno “con fuego real” si se aprueba el paquete de reformas. Posteriormente se retractó, diciendo que se opone a la violencia.
Anteriormente, el exprimer ministro Ehud Barak compartió una imagen en la que comparó a Herzog, quien ha instado al diálogo, con el exprimer ministro británico Neville Chamberlain y su apaciguamiento de los nazis, lo que, implícitamente, equipara al nuevo gobierno de Netanyahu con la Alemania nazi. Barak se disculpó posteriormente por la comparación.
El Canal 13 informó la semana pasada que la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Esther Hayut exigió a Netanyahu detener la reforma y permitir un proceso de mediación, a lo que el mandatario se negó.
En una opinión publicada este jueves, la Fiscal General de Israel, Gali Baharav-Miara, afirmó que la reforma judicial podría darle al gobierno un poder prácticamente ilimitado, sin proporcionar ninguna protección institucional para los derechos humanos o para el carácter democrático de Israel.
Según una declaración de la Oficina del Fiscal General, Baharav-Miara le dijo al ministro de Justicia, Yariv Levin, que la reforma “cambiaría fundamentalmente la naturaleza democrática del gobierno del estado”.
En declaraciones al Canal 13 israelí, Levin rechazó hoy los llamamientos y afirmó que la legislación no se detendrá “ni un minuto”.
Levin insistió en que la opinión de Baharav-Miara “no se sostiene”.
“Realmente, la fiscal general hizo exactamente lo que no estamos de acuerdo: en lugar de asesorar, decidió que la reforma es inaceptable y la rechazó”.
“Intentar poner obstáculos no servirá de nada”, dijo Levin, y añadió que “la reforma es fundamental y afecta a elementos importantes de un régimen democrático”.
Dijo estar abierto a discusiones y a ciertos compromisos sobre la propuesta, pero afirmó que “no hay ni un solo diputado responsable en la oposición” con quien mantener el diálogo.
También insistió en que cualquier debate sobre la propuesta debe celebrarse en la Knéset, a la vista del público, y no a puerta cerrada. “Sería inaceptable”, dijo.
Levin también abordó los reportes de la semana pasada – que la fiscal general ha negado – de que Baharav-Miara considera ordenar a Netanyahu dimitir por un conflicto de intereses entre la reforma de su gobierno y el juicio por corrupción en curso del primer ministro.
Declaró al Canal 13 que la medida representaría un “abismo sin igual. Es la toma del poder por la fuerza, no hay otra forma de decirlo”.
“Hubo elecciones y Netanyahu fue electo para presidir el gobierno. Pedirle que se excuse no va a ocurrir, es una amenaza que no va a ocurrir. No hay diferencia entre eso y apuntar con tanques a la Oficina del Primer Ministro“.
Tras el reporte, los líderes de los partidos de la coalición escribieron una carta a la fiscal general, advirtiendo que la medida equivaldría a un golpe de Estado.
“Un intento de declarar o anunciar tal movimiento para un líder en funciones es un intento claramente ilegal de deponer y derrocar a un gobierno electo y legal, sin justificación por parte de la ley”, decía la carta.
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