Enlace Judío – Una alta funcionaria de la oficina de la Fiscal General de Israel, Gali Baharav Miara, se pronunció este domingo contra la reforma judicial del gobierno de Benjamín Netanyahu, informó The Times of Israel.
Hablando durante una reunión del Comité de Constitución, Ley y Justicia de la Knéset, la Vicefiscal General, Avital Sompolinsky, dijo a los legisladores que la reforma judicial convertirá al país en “una democracia muy débil”.
Sompolinsky advirtió que los cambios propuestos, que incluyen restringir drásticamente la capacidad de la Corte Suprema de Justicia para derogar leyes y consolidar el control político total sobre las decisiones judiciales, no garantizarán un equilibrio adecuado entre las ramas del gobierno, como argumentan sus defensores.
“El resultado no logrará un sistema equilibrado de relaciones, sino que eliminará los controles y equilibrios de la Knéset y el gobierno, sin crear ninguna alternativa”, dijo, acusando que el plan propuesto busca “cancelar casi por completo” la Corte Suprema como un revisor del Poder Legislativo y Ejecutivo.
Sompolinsky dijo que el objetivo de mejorar el equilibrio entre los poderes del gobierno es bienvenido, pero expresó una fuerte objeción a la propuesta actual.
Dijo que el plan para permitir que una mayoría mínima de 61 miembros en los 120 miembros de la Knéset anule los fallos de la Corte Suprema es “anómalo desde cualquier punto de vista”, y dijo que la propuesta de dar a la coalición control total sobre la selección de jueces “politizará el sistema de justicia y dañará gravemente su independencia y la confianza pública en él”.
Sompolinsky dijo que el plan eliminará la supervisión judicial de la legislatura y conducirá a una erosión de la consideración de los derechos de los ciudadanos en futuras acciones gubernamentales, ofreciendo como ejemplo el delicado equilibrio necesario al imponer las regulaciones de COVID-19 durante la pandemia.
“El modelo proyectado destaca el gobierno de la mayoría como un principio casi excluyente, y dejará al país en una democracia muy débil”, dijo.
Sompolinsky desestimó la afirmación de que la reforma simplemente busca restablecer la situación que existía antes de la llamada “revolución judicial” en la década de 1990, en la que se ampliaron considerablemente los poderes de la Corte Suprema, diciendo que el plan propuesto “crea algo nuevo que nunca antes existió, y no se conoce en todo el mundo”.
La reforma propuesta “dice casi explícitamente: nosotros en la autoridad constituyente podemos hacer lo que queramos, y no hay limitaciones que nos restrinjan”, dijo Sompolinsky.
En una reunión separada del comité de la Knéset, los fiscales generales adjuntos Gil Limon y Amit Marari presentaron su opinión legal detallada criticando el impulso para dar al gobierno un control más directo sobre la policía, parte del cual fue legislado en diciembre antes de la juramentación del gobierno, y otros partes de las cuales se están discutiendo actualmente en un comité especial dedicado exclusivamente a la materia.
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