Enlace Judío – El ministro de Justicia de Israel, Yariv Levin, acusó este domingo a la Fiscal General Gali Baharav-Miara y a la jefa de la Corte Suprema de Justicia, Esther Hayut, de intentar “dar un golpe de Estado” contra el primer ministro Benjamín Netanyahu, informó The Times of Israel.
En un comunicado, Levin criticó una petición a la Corte Suprema que busca la destitución de Netanyahu.
La petición, presentada la semana pasada por un organismo ciudadano, argumenta que Netanyahu, al buscar una reforma judicial, viola un acuerdo de conflicto de intereses que le impide participar en asuntos que podrían afectar su juicio por presunta corrupción en curso.
“Un intento de derrocar a un primer ministro en contra de la ley, pisoteando la elección democrática, no es diferente de un golpe de Estado llevado a cabo con tanques”, afirmó Levin.
“La intención es la misma intención, y el resultado es el mismo resultado. No permitiremos este intento de golpe de Estado, que ilustra cuán urgentemente necesita una reforma el sistema judicial, una reforma que restablezca la democracia y los controles y equilibrios entre las autoridades gubernamentales”, dijo.
“Este es un grupo de abogados que no respetan los resultados de las elecciones y ahora están trabajando para llevar a cabo un golpe de Estado y declarar incompetente al primer ministro Benjamin Netanyahu”, dijo Levin.
“No es de extrañar que los socios de este movimiento sean los mismos que lideran la oposición a la reforma judicial: la organización de izquierda conocida como Movimiento por un Gobierno de Calidad, la Fiscal General y la juez de la Corte Suprema”, dijo Levin en referencia a Baharav-Miara y Hayut.
Eliad Shraga, fundador del Movimiento por un Gobierno de Calidad, que presentó la petición para destituir a Netanyahu, rechazó la afirmación de Levin de que su organización era de izquierda y dijo que estaría dispuesto a probarla en los tribunales.
Netanyahu está siendo juzgado en tres casos de presunta corrupción en los que enfrenta cargos de fraude y abuso de confianza en dos casos, y soborno, fraude y abuso de confianza en el tercero.
Él niega haber actuado mal y dice que los cargos fueron fabricados en un golpe político liderado por la policía y la fiscalía estatal.
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