Enlace Judío – Cientos de exagentes del servicio de seguridad Shin Bet pidieron al ministro de Agricultura, Avi Dichter, exjefe de la agencia, oponerse a la reforma judicial del gobierno, informó The Times of Israel.
Entre los 460 veteranos que firmaron la carta se encuentran otros tres exdirectores del Shin Bet, Carmi Gillon, Ami Ayalon y Yuval Diskin.
El gobierno de Benjamín Netanyahu aprobó este lunes en la Knéset la primera lectura de dos iniciativas de la controvertida reforma judicial que dará a la coalición gobernante el control sobre la selección de jueces, y permitirá a la Knéset volver a legislar leyes que fueron anuladas por la Corte Suprema de Justicia por una escasa mayoría de 61 diputados.
“A nosotros, la gente de la sombra, que nos formamos a la luz de los valores del Estado, la modestia y la moderación del poder, nos resulta difícil permanecer en la sombra y mantenernos al margen ante los acontecimientos que sacuden estos días a la sociedad israelí”, dice la carta.
Los firmantes destacan que Dichter, quien dirigió el Shin Bet de 2000 a 2005, apoyó en 2002 la llamada Ley del Shin Bet “que establece, entre otras cosas, que el organismo es responsable de mantener la seguridad del Estado, así como el orden del régimen democrático y sus instituciones frente a diversas amenazas”.
“Vemos las intenciones de la reforma de debilitar el Poder Judicial como un golpe contra las reglas del régimen democrático”, continúa la carta. “Nos dirigimos a usted y le pedimos: no tienda su mano a maniobras que amenazan los cimientos del régimen democrático, la unidad del pueblo y la resiliencia nacional”.
En los últimos años, Gillon, Ayalon y Diskin han respaldado movimientos políticos contrarios a Netanyahu. Dichter es diputado del partido Likud liderado por el primer ministro.
Diversos abogados, representantes de la sociedad civil y la comunidad empresarial, han advertido que la reforma debilitará el sistema democrático de pesos y contrapesos de Israel. Aliados extranjeros han expresado su preocupación de que las medidas puedan dejar desprotegidos los derechos de las minorías, e importantes empresarios han advertido que la agitación podría afectar el entorno de inversión en el país.
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