Enlace Judío – La reforma judicial del gobierno de Benjamín Netanyahu ha polarizado a Israel entre aquellos que la respaldan y quienes no. ¿De qué trata en específico esta reforma? ¿Cuáles son sus objetivos principales? ¿Qué es lo que argumentan sus defensores y detractores?
Si para los defensores de la reforma se trata de un paso necesario y urgente para fortalecer de manera vibrante la democracia de Israel, para sus opositores es la muerte misma de la democracia y la llegada de una oscura dictadura al país que, para algunos entre sus filas, amerita incluso la resistencia armada.
La reforma judicial en sí puede abordarse en 4 aspectos centrales, todos ellos relacionados de forma alguna en cuanto a las relaciones entre los tres poderes del Estado de Israel, pero, significativamente, con un común denominador predominante: quitar al Poder Judicial facultades de control que ha ejerce frente al Poder Ejecutivo y Legislativo.
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No es ningún secreto que uno de los pilares ideológicos sostenido por el bloque político de derecha liderado por Netanyahu es considerar a la Corte Suprema de Justicia de Israel, cabeza del Poder Judicial, un enemigo central de su agenda.
Elitista, liberal y sesgada a la izquierda progresista son calificativos que recurrentemente se escuchan públicamente desde la derecha en contra del Poder Judicial, al que se acusa de interferir negativamente contra las decisiones del Poder Ejecutivo y Legislativo.
De esta forma consideran que en Israel el juez no solo juzga, sino que trata de legislar y gobernar.
“Estas reformas fortalecerán el sistema legal y restaurarán la confianza del público en él. Restaurarán el orden: permitirán que la legislatura legisle, el gobierno gobierne, los asesores legales asesoren y los jueces juzguen”, aseguró al presentar la reforma judicial Yariv Levin, ministro de Justicia y su principal impulsor.
Los 4 aspectos centrales se abordan de manera explicativa para entenderse lo más sencillamente posible en los siguientes párrafos, con su respectivo contexto, efectos y puntos tanto a favor como en contra.
Impedir que la Corte Suprema de Justicia esté por encima de la Knéset
Israel desde su fundación tiene un sistema parlamentario de gobierno. A diferencia de un sistema presidencial como el de México, en Israel el partido político o la alianza de partidos que tras unas elecciones obtiene mayor representación en su parlamento, la Knéset (el Poder Legislativo), decide la conformación del gobierno (el Poder Ejecutivo).
Esto implica una asociación colaborativa natural entre ambos poderes del Estado al contar con la misma conformación política y estar basado uno en el otro, sobre todo en un gobierno como el actual de Netanyahu, que se conforma como un único bloque alineado totalmente a la derecha del espectro político, sin elementos centristas ni de izquierda como en administraciones pasadas.
Sin una figura como un presidente con poder de veto o una cámara alta, como en otros países, este binomio Poder Legislativo-Poder Ejecutivo tiene como su contrapeso principal al Poder Judicial.
Es así como la Corte Suprema de Justicia, mediante la revisión judicial de las leyes y su facultad para invalidarlas del orden jurídico, se alza como el único organismo que puede evitar un poder absoluto en la toma de decisiones ejercido por los políticos que componen a la Knéset y al gobierno.
Así, desde 1995, cuando la Corte Suprema de Justicia sentó precedente para sus facultades de revisión judicial, ha invalidado múltiples decisiones gubernamentales y 22 leyes contrarias a las Leyes Básicas de Israel, que poseen una naturaleza cercana a la de una Constitución Política.
La reforma judicial tiene entre sus objetivos implementar un concepto añorado desde hace años por la derecha política en Israel: la cláusula de anulación.
La clausula de anulación es un mecanismo que permitiría a la Knéset darle la vuelta a la Corte Suprema de Justicia cuando busque invalidar leyes, garantizando efectivamente al Poder Legislativo la última palabra.
Con la cláusula de anulación, la Knéset, mediante una votación de 61 de sus 120 diputados, el mínimo de diputados con los que generalmente se conforma un gobierno, dejaría nula la sentencia de la Corte Suprema de Justicia y reintegraría de nuevo la ley invalidada al orden jurídico.
La reforma judicial también busca que la Corte Suprema de Justicia solo pueda invalidar una ley si 12 de sus 15 jueces votan en este sentido, haciendo más rígida dicha facultad del tribunal, casi al límite de la unanimidad.
Por igual se busca establecer que la Corte Suprema de Justicia carezca de la facultad para hacer una revisión judicial de las Leyes Básicas, lo que protegería constitucionalmente la cláusula de anulación de cualquier intento del máximo tribunal para echarla a tierra, ya que se plantea definirla en una Ley Básica.
Los defensores de la cláusula de anulación la consideran necesaria para evitar que la Corte Suprema de Justicia, cuyos integrantes no fueron elegidos mediante el voto, no tenga la última palabra frente a las decisiones de los diputados de la Knéset, electos por el pueblo, lo que fortalecería la voluntad de la mayoría.
Los opositores a la cláusula de anulación, algunos de ellos solo a que 61 de los 120 diputados la activen, la ven como un detrimento al sistema de pesos y contrapesos de toda democracia y una base para que el Poder Legislativo tenga una autoridad ilimitada al momento de legislar.
Que el gobierno elija a los jueces de Israel
Israel cuenta con un organismo llamado Comité de Selección Judicial, una junta de diversas figuras encargada de designar a todos los jueces del país, tanto de juzgados menores, especiales y de la Corte Suprema de Justicia.
La reforma judicial busca darle al gobierno el mayor peso en el Comité de Selección Judicial, permitiéndole así poder decidir plenamente la designación de los jueces.
El Comité se conforma desde 1953 hasta hoy de 9 miembros: 3 jueces de la Corte Suprema de Justicia; 2 litigantes de la Barra de Abogados de Israel; 2 diputados de la Knéset; y 2 ministros del gobierno.
Esta configuración no permite una mayoría definitiva a ninguna parte involucrada, brindado una mayoría de 3 votos a la Corte Suprema de Justicia y al gobierno como máximo cada uno.
Para la designación de un juez se requiere de una mayoría simple de esos 9 integrantes para su aprobación, mientras que para un juez de la Corte Suprema de Justicia se requiere de una mayoría fija de 7 votos.
Esto da a la Corte Suprema de Justicia y al gobierno un poder de veto sobre la designación, por lo que los miembros del Comité se ven obligados a negociar para tratar de llegar a un acuerdo.
La reforma judicial busca que todos los jueces del país sean elegidos con una mayoría de 5 votos del Comité y que este tenga 11 integrantes: 3 ministros del gobierno; 3 jueces de la Corte Suprema de Justicia; 3 diputados de la Knéset; y 2 jueces retirados.
Con esta conformación, eliminando a los representantes de la Barra de Abogados, el gobierno obtiene un control significativo a la hora de votar, al contar por default con 5 integrantes en el Comité: los 3 ministros y 2 diputados de la Knéset.
Un número que en teoría podría elevarse a 7, ante el hecho de que los 2 jueces retirados deben ser elegidos bajo un acuerdo por el ministro de Justicia y el presidente de la Corte Suprema de Justicia.
Aunque no se ha confirmado, el gobierno de Netanyahu buscaría a futuro también como parte de la reforma judicial que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, que siempre es aquel juez de mayor edad en el máximo tribunal, sea elegido por el Comité.
Si esta medida se aprobara, un presidente de la Corte Suprema de Justicia elegido por el Comité daría en teoría al gobierno un total de 8 votos en la junta.
Los defensores de este cambio, que citan casos similares en otros países en su elección de jueces, argumentan que esto permitirá que los jueces sean elegidos por políticos a la vez por el pueblo, no por jueces y abogados por lo que nadie votó en las urnas, dando voz al electorado a la hora de seleccionar a los juristas que presiden los tribunales.
Los opositores consideran que esto solo allanará el camino para que el gobierno designe jueces a modo alineados a su ideología y propósitos que no cuestionen en absoluto sus decisiones, lo que eliminaría la independencia del Poder Judicial y su contrapeso sobre el Poder Ejecutivo y Legislativo.
Quitar a la Corte Suprema una de sus herramientas frente al gobierno
Como parte del sistema de pesos y contrapesos en Israel, su Corte Suprema de Justicia ha desarrollado a lo largo del tiempo diversos fundamentos jurídicos para sustentar las sentencias con las que evita que el Poder Ejecutivo vaya más allá de sus facultades legales en su actividad administrativa.
Uno de estos fundamentos jurídicos es el llamado principio de razonabilidad, usado por la Corte Suprema de Justicia desde la década de los años 50 y que tiene un origen en el derecho inglés, una de las fuentes del sistema legal de Israel.
Según este principio, la Corte Suprema de Justicia puede invalidar una decisión administrativa del Poder Ejecutivo bajo el fundamento de que aquel no ponderó todas las consideraciones relevantes a su disposición al momento de tomarla, o si dio más peso a una consideración en específico sobre todas las demás, a efecto de que contravenga el interés público o los derechos humanos.
La reforma judicial busca impedir, total o parcialmente, que la Corte Suprema de Justicia siga utilizando el principio de razonabilidad como parte de sus fundamentos jurídicos a la hora de hacer una revisión de las decisiones administrativas del Poder Ejecutivo.
Uno de los casos conocidos de la aplicación de este principio fue en 1993, cuando la Corte Suprema de Justicia declaró que el hecho de que un ministro del gobierno continuara en el cargo, a pesar de enfrentar una acusación penal por delitos graves, contravenía de manera excesiva el principio de razonabilidad, por lo que el nombramiento carecía de validez y el individuo debía ser destituido por el titular del Poder Ejecutivo.
Se trataba de Aryeh Deri, jefe del partido Shas y hoy un aliado cercano de Netanyahu, quien servía como ministro del Interior bajo el gobierno de Yitzhak Rabin, cuando fue acusado por los delitos de soborno, fraude y abuso de confianza.
El Poder Ejecutivo, acatando al Poder Judicial, destituyó a Deri, quien terminó por ser condenado en 1999 a 3 años de prisión por dichos delitos.
Deri fue de nuevo destituido este año de su cargo de ministro del Interior en el gobierno de Netanyahu de nuevo bajo el principio de razonabilidad a raíz tanto de su condena de 1999 como de una nueva que agregó a sus antecedentes penales en 2022. Netanyahu no tuvo de otra más que hacer lo que Rabin hizo en 1993 y destituir a Deri.
Los defensores de la erradicación del principio de razonabilidad consideran necesario este paso a fin de suprimirle a la Corte Suprema de Justicia un mecanismo que consideran arbitrario y exagerado en sus alcances frente al gobierno, al no estar asentando en ninguna ley escrita.
Los opositores a su erradicación argumentan que este principio es básico para que el Poder Ejecutivo no se pase de la raya en su toma de decisiones, un control que eventualmente mantiene la Corte Suprema de Justicia tal y como lo mantiene con sus demás facultades frente al Poder Legislativo.
Quitar poder a los centinelas del Fiscal General al interior del gobierno
Los asesores legales de los ministros del gobierno de Israel, como su nombre lo indica, son los encargados de las cuestiones jurídicas de cada uno de las dependencias del Poder Ejecutivo, son designados vía concursos públicos y están subordinados directamente a las políticas y directivas del Fiscal General, una relevante figura en el sistema de gobierno de Israel.
Esto hace que los asesores legales de los ministros respondan a una de las tardes fundamentales del Fiscal General, que es la de preservar el Estado de Derecho y la legalidad a lo largo y ancho del Poder Ejecutivo, no a las políticas directas del ministro al que es turnado.
A raíz de que el Fiscal General guía al gobierno a cumplir la ley y su interpretación hecha por la Corte Suprema de Justicia, se ha llegado a considerarle junto con los asesores legales como una extensión del máximo tribunal en el Poder Ejecutivo.
Esta disyuntiva ha llevado, sobre todo en el sector de la derecha política, que ve con malos ojos a la figura del Fiscal General, a considerar a los asesores legales un obstáculo para el pleno ejercicio de los titulares de los ministerios, ante la contradicción que puede presentarse entre lo que instruya aquel a nivel técnico legal y lo que decida el ministro.
La reforma judicial tiene como uno de sus objetivos reducir las facultades de los asesores legales de los ministros del gobierno, en particular, que sus decisiones no sean vinculantes para los titulares de las dependencias del Poder Ejecutivo.
Aunque no se ha plasmado en una de las iniciativas de la reforma judicial, el acuerdo de coalición entre el partido Likud y el partido Hatzionut Hadatit delineó la intención de que se elimine la designación de los asesores legales por concurso público y que sean nombrados por los ministros, lo que crearía una situación a escala de lo que se busca para el Comité de Selección Judicial.
Los defensores de mermar las facultades de los asesores legales consideran que esto es necesario para evitar que un funcionario no electo por el pueblo incida en la toma de decisiones de los ministros, quienes generalmente son diputados votados en las urnas, además de considerarlos parte del gran problema que consideran que es el Fiscal General para el gobierno mismo.
Los opositores creen que esta medida politizará en absoluto la figura de los asesores legales y quitará contrapesos a la actuación de los ministros a la hora de la toma de decisiones que pudieran contravenir el Estado de Derecho.
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