Enlace Judío – El gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu, habría aceptado tentativamente una propuesta para un compromiso sobre la reforma judicial presentada por varias personalidades públicas, entre ellas el exministro de Justicia Daniel Friedmann y el exasesor de seguridad nacional Giora Eiland, informó The Times of Israel.
El plan busca moderar significativamente algunas propuestas del gobierno en cuestiones críticas como el equilibrio de poder sobre los nombramientos judiciales y la capacidad de la Knéset para anular una decisión de la Corte Suprema de Justicia.
La nueva propuesta impide que la Corte Suprema ejerza un control judicial sobre las Leyes Básicas de Israel, pero exige un consenso más amplio en la Knéset para aprobarlas o modificarlas.
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La oficina del ministro de Justicia, Yariv Levin señaló que se examinará la propuesta, afirmando que es “el primer plan que [piensa] fuera de la caja que “va en la dirección correcta”.
El secretario del Gabinete, Yossi Fuchs, tuiteó el martes que el plan es “la base para negociaciones sobre cuestiones fundamentales” vinculadas con la reforma judicial, pero añadió que es inaceptable “tal cual”.
Eiland subrayó, sin embargo, que la propuesta tendría que ser aceptada sin “alteraciones manipuladoras”.
Señaló que Levin y el diputado Simja Rothman, dos artífices de la reforma judicial, solicitaron la nueva propuesta, dando lugar a fuertes críticas de la oposición.
La propuesta fue redactada por Friedmann, defensor de una reforma judicial, y Eiland, exdecano de la Facultad de Derecho del Instituto Kiryat Ono, Yuval Albashán, y Giora Yarón, empresario de alta tecnología.
Según el plan, los nombramientos de jueces para la Corte Suprema se harían mediante un consenso entre el gobierno, el Poder Judicial y la oposición.
Propone dos opciones para los nombramientos de los jueces. La primera crearía un comité de selección de jueces compuesto por 11 miembros, seis del gobierno, dos de la oposición y tres jueces.
El nombramiento para la Corte Suprema requeriría una mayoría de ocho de los once miembros, a diferencia de la propuesta del gobierno que daría a la coalición una mayoría para nombrar a todos los jueces, incluidos los de la Corte Suprema.
La segunda opción daría al gobierno, a la oposición y al Poder Judicial cuatro representantes cada uno en un comité de 12 miembros, en el que los jueces serían observadores sin poder de voto para los nombramientos de la Corte Suprema.
Estos nombramientos se harían por parejas, uno designado por el gobierno y otro por la oposición. El presidente de la Corte Suprema de Justicia podría vetar una elección del gobierno y otro de la oposición una vez en cada legislatura de la Knéset, es decir, hasta nuevas elecciones.
En el caso de los tribunales de magistrados y de distrito, los nombramientos se harían por mayoría de siete de los doce miembros del comité y requerirían el apoyo de dos representantes del gobierno, dos de la oposición y tres jueces.
Según la nueva propuesta, la legislación ordinaria estaría sujeta a revisión judicial por la Corte Suprema, pero la decisión de derogar una ley requeriría una mayoría de tres cuartos de un panel de 15 jueces, similar a la propuesta del gobierno de una mayoría del 80 por ciento.
Mientras que la reforma judicial busca que la Knéset inmunice preventivamente la legislación de la revisión judicial con una mayoría de solo 61 diputados, el compromiso propone permitir que la Knéset vuelva a legislar una ley después de que haya sido anulada por la Corte Suprema con una mayoría ligeramente superior de 65 diputados.
Según el plan de Friedmann, se podría volver a legislar una ley con solo 61 diputados, pero entraría en vigor seis meses después de la elección de una nueva Knéset.
Las Leyes Básicas no estarían sujetas a revisión judicial por la Corte Suprema, como propone la reforma judicial, pero requerirían cuatro lecturas de la Knéset en lugar de tres y una mayoría de 61 votos en cada lectura.
Si una Ley Básica o una enmienda obtuviera menos de 70 votos o implicaría cambiar el sistema electoral, la cuarta lectura tendría que celebrarse después de las siguientes elecciones.
Estos modestos cambios sobre la reforma del gobierno podrían proporcionar cierta protección contra el abuso de las Leyes Básicas con fines políticos o ideológicos.
El plan propone reformas más moderadas sobre el nombramiento de los asesores legales del gobierno.
Mientras que según la propuesta del gobierno, los asesores legales estarían sujetos al Ministerio de Justicia y serían nombrados por un ministro, bajo el plan de Friedmann seguirían siendo servidores públicos independientes.
Sin embargo, al igual que la propuestas del gobierno, su opinión sobre la legislación y las decisiones administrativas no sería vinculante para el ministro, y la dependencia gubernamental podría buscar un asesor alternativo sin el consentimiento de la fiscalía en caso de que el asesor jurídico se oponga a la postura del ministro.
El plan de Friedmann también reduce el uso de la herramienta judicial de razonabilidad pero no la elimina como propone el gobierno.
Según la nueva propuesta, las decisiones administrativas del gobierno seguirían estando sujetas a la prueba de la razonabilidad, pero no podrían utilizarse para anular los nombramientos gubernamentales o los realizados por la Knéset, ni sobre la asignación de recursos gubernamentales.
El exministro de Justicia y miembro del partido opositor, Hamajané Hamamlajtí, Gideon Sa’ar la describió como “el mismo [plan] con un disfraz de Purim“.
“Es fácil ver por qué Levin y Rothman están a favor del plan de Friedmann: la politización de los nombramientos judiciales, un listón sumamente alto para la revisión judicial, asesoramiento jurídico que no obliga al gobierno”, tuiteó Sa’ar.
“Me cuesta entender por qué algunos lo llaman compromiso. Es la misma mujer disfrazada de Purim“, dijo, en referencia a la festividad que se celebró el martes.
El exprimer ministro Ehud Barak, hizo comentarios similares. “Cambio de régimen disfrazado de Purim“, tuiteó.
“El plan Friedmann-Albashán nació con buenas intenciones, pero sus resultados son una cortina de humo que permitirá a Levin-Rothman eliminar sus fichas de negociación de la legislación y seguir asegurando el control total sobre los nombramientos judiciales, inmunizando las Leyes Básicas [de la revisión judicial] y una anulación con 61 votos. Netanyahu y el presidente podrían aprobarlo. El movimiento de protesta y la oposición deben rechazarlo”, continuó Barak.
En una entrevista con Ynet, Eiland describió el plan como “el menor de dos males”, pero dijo que espera que Levin y Rothman lo acepten.
Reiteró que la propuesta debe aceptarse “tal cual” y sin “alteraciones manipuladoras”, pues de lo contrario volvería a oponerse a los planes y a la legislación del gobierno.
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