Los líderes de los partidos de la coalición tratarán de impulsar la legislación sobre el funcionamiento del Comité de Selección Judicial para la Corte Suprema antes de que la Knéset interrumpa por Pésaj a principios del próximo mes, y luego reanudarán el avance del resto del paquete legislativo después del receso, mientras instan a la oposición a usar el tiempo para “negociaciones”, según publicación de The Times of Israel.
En un comunicado el domingo por la noche, tras horas de reunión para discutir formas de modificar la legislación de la reforma judicial, los líderes de la coalición encabezada por el primer ministro Benjamin Netanyahu dijeron que prepararán el proyecto de ley de nombramientos judiciales para su segunda y tercera lecturas plenarias para convertirlo en ley, y volverán a reunirse sobre el resto de la legislación a mediados de abril.
Según el comunicado, los líderes de la coalición decidieron avanzar con el proyecto de ley basándose en las modificaciones ofrecidas por el diputado Simcha Rothman el domingo, según las cuales no todos los nombramientos para la Corte Suprema serían abiertamente políticos. Según su propuesta, cualquier nueva coalición de gobierno tendría control total sobre los dos primeros nombramientos para la Corte Suprema durante su mandato, pero el resto de nombramientos requeriría el apoyo de al menos un diputado de la oposición y un juez en el comité.
La sugerencia de Rothman fue el primer esfuerzo de moderación de sus reformas radicales declarado públicamente por la coalición.
La legislación original aprobada en su primera lectura en el pleno de la Knéset, por el contrario, otorga a la coalición control total sobre todos los nombramientos judiciales sin necesidad de apoyo ni de la oposición ni del poder judicial.
Actualmente, el Comité de Selección Judicial de Israel de nueve miembros se divide entre cuatro políticos y cinco representantes profesionales: tres jueces y dos miembros del Colegio de Abogados de Israel.
MK Simcha Rothman, Jefe del Comite de Constitucion, en una reunion del comite en la Knesset en Jerusalen el 5 de marzo de 2023. (Erik Marmor/Flash90)
Según los cambios propuestos recientemente por Rothman, el comité se ampliaría de nueve a 11 miembros, seis de ellos de la mayoría gobernante. Estaría integrado por tres ministros de gobierno de tres partidos diferentes; tres diputados de coalición de tres partidos diferentes; dos diputados de la oposición de dos partidos diferentes; y tres jueces de la Corte Suprema, incluido el presidente de la corte.
Los nombramientos se harían por mayoría simple de seis de los 11 miembros para los dos primeros nombramientos de la Corte Suprema en el período de la Knéset. Después de esos nombramientos, la mayoría necesaria seguiría siendo seis de 11, pero entre esos seis al menos un miembro de la oposición y un juez tendrían que respaldar la nominación para que fuera aprobada.
En la práctica, esto significaría que dos jueces respaldados por la coalición podrían ser designados con facilidad, y cualquier nombramiento restante podría ser candidato por consenso.
Según la propuesta, los miembros del Colegio de Abogados de Israel ya no tendrán escaños en el comité, y el poder de veto que tienen los jueces sobre los nombramientos de la Corte Suprema también se verá afectado, ya que siete de los nueve miembros deben respaldar un nombramiento. Los defensores del cambio se han opuesto al veto que tienen los jueces sobre los nombramientos en el tribunal, aunque la coalición también disfruta de un veto similar.
Explicando el fundamento detrás de la nueva propuesta, Rothman, presidente del Comité de Constitución, Ley y Justicia de la Knéset, donde se prepara la legislación de revisión judicial, dijo que estaba diseñada para que “la mayor cantidad posible de personas en Israel sientan que la Corte Suprema es suya”, y para permitir que “el pueblo elija a los jueces” pero al mismo tiempo “evitar que una fuerza política tome el control de la Corte [Suprema]”.
La coalición también continuó avanzando proyectos de ley adaptados a Netanyahu, prohibiendo que el fiscal general y el Tribunal Superior lo obliguen a renunciar por un conflicto de intereses, y permitiéndole quedarse con los fondos recibidos de su difunto primo como regalo que el tribunal ha dictaminado que tiene que devolver, y al líder del partido Shas, Aryeh Deri, permitiendo que el político condenado tres veces sea reinstalado como ministro a pesar de un fallo judicial que lo prohíbe.
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