David Horovitz/ Cómo curar una grieta: no excluir a los jaredim de las FDI; incluirlos en el servicio nacional

Tras haber sumido a Israel en una crisis interna con su intento de neutralizar el poder judicial y eliminar los controles sobre su propio poder, el gobierno ahora se está moviendo para profundizar otra división potencialmente existencial: con crudas propuestas para consagrar una exención general de la comunidad ultraortodoxa del servicio militar y cualquier otro servicio nacional, publicó The Times of Israel.

Al igual que con la reforma judicial, la tragedia que se avecina de una ley de exención ultraortodoxa se ve exacerbada por el hecho de que una alternativa beneficiosa para todos está mirando de frente a nuestros legisladores.

El primer ministro Benjamin Netanyahu conversó el domingo con algunos de sus colegas sobre la legislación según la cual todos los varones jóvenes ultraortodoxos podrían estudiar Torá a tiempo completo en lugar de realizar el servicio militar; no se exigiría a los jóvenes miembros de la comunidad el desempeño de ningún servicio civil nacional alternativo; y serían libres de unirse a la fuerza laboral solo un poco más tarde que sus contemporáneos en servicio en las FDI.

Podría argumentarse que la legislación aún tentativa es menos que revolucionaria. Tal como están las cosas, después de todo, sólo son reclutados un 10% de los aproximadamente 11.000 varones ultraortodoxos que cumplen 18 años cada año; la mayoría del resto declara que están dedicados a la historia de la Torá a tiempo completo, luego de lo cual reciben un “aplazamiento” anual del servicio hasta que cumplen 26 años, momento en el cual están formalmente exentos del servicio militar obligatorio y son libres de abandonar el estudio de yeshivá, si así lo desean, y van a trabajar.

De hecho, sin embargo, el cambio sería sísmico. Formalizaría la división entre quienes asumen los derechos y responsabilidades de defender este país de sus enemigos y quienes no. Eximiría de cualquier tipo de servicio nacional al sector de más rápido crecimiento de la población israelí (los ultraortodoxos son actualmente el 13,5% de los 9,45 millones de habitantes de Israel, y se prevé que sean el 16% a finales de la década). Y constituiría el golpe final y devastador a la designación erosionada pero aún vital de las Fuerzas de Defensa de Israel como “ejército del pueblo”, una fuerza de defensa nacional reclutada de toda la población, para la protección esencial de toda la población.

Subrayando lo erróneo de toda la propuesta, el enfoque de parte de la discusión del domingo fue proporcionar incentivos financieros adicionales a los jóvenes israelíes que sirven en combate y otros roles esenciales de las FDI, un reconocimiento tácito de la desigualdad de la carga que soportan (y a la vez cuando la coalición ya se ha comprometido a aumentar los fondos para las escuelas ultraortodoxas y para las yeshivot y sus estudiantes).

Si bien los soldados de combate, como cualquier otra persona, sin duda agradecerían un poco más de dinero, arriesgan sus vidas en la defensa de Israel no por una paga, sino porque han sido educados para reconocer que el país estaría perdido sin ellos y sienten la obligación y un privilegio cumplir ese papel. (“No está bien que mi hijo sirva y otros no”, dijo una madre en un intercambio de internet organizado por Canal 12 el miércoles. Dijo que su padre había muerto cuando él tenía ocho años, “pero lo mando al ejército en fin, para contribuir con el estado. Fue criado con esos valores… No está bien que nos compren a nuestros hijos con [promesas de] dinero extra. ¿Qué, son mercenarios?”)

Y aunque no todos los jóvenes israelíes están equipados para los puestos más desafiantes de las FDI, el principio de que se espera que todos los jóvenes israelíes hagan algo para beneficiar al país durante dos o tres de sus años de formación es un elemento central del pacto de reclutamiento no escrito. Socavado durante décadas de evasión del reclutamiento ultraortodoxo semilegitimado, ese pacto no escrito sería roto formalmente bajo la ley discutida, con consecuencias que las propias FDI, mientras intentan mantenerse al margen del debate político, han señalado rápidamente.

“Las FDI son el ejército del pueblo”, dijo un oficial de alto rango de las FDI más tarde el domingo, en respuesta al proyecto de ley en discusión. Y el equilibrio por el cual se aplica el borrador “a todos los sectores de la población, incluidos los jaredim”, no debe romperse, añadió. El martes, las FDI emitieron un nuevo esquema para el servicio militar y declararon que continuarían enviando cartas de alistamiento a los hombres ultraortodoxos que cumplen 18 años.

Algún tipo de servicio para todos

Al igual que con la legislación de revisión judicial temporalmente suspendida, donde una salida del pantano está claramente disponible, en la forma de un diálogo paciente sobre una reforma constructiva e, idealmente, una constitución, la tragedia que se avecina de una ley de exención Jaredí se ve aún peor por el hecho de que una solución clara y beneficiosa para todos está ante nuestros legisladores, si tan solo abrieran los ojos y la adoptaran.

Las FDI quieren y necesitan reclutas elegibles de todos los sectores de la población, incluidos los ultraortodoxos y las comunidades árabes, pero no los necesita a todos. Y la sociedad civil israelí tiene necesidades infinitas que los hombres y mujeres jóvenes de todos los sectores de la población podrían ayudar a satisfacer durante un período de servicio obligatorio fuera de las FDI.

En una entrevista con Radio del Ejército el lunes por la mañana, el ex ministro de educación, el rabino Shai Piron, repasó una lista de tales vías de servicio: asistencia en hospitales, escuelas, el departamento de bomberos; ayuda con ancianos y personas con necesidades especiales; y muchas, muchas más. Este es un servicio, en muchos casos, que podrían realizar los israelíes ultraortodoxos y árabes dentro de sus propias comunidades, sin ninguno de los desafíos a sus estilos de vida que la estructura militar puede presentar, pero en última instancia todos en beneficio del bien nacional.

La tradición judía ortodoxa sostiene que los mejores y más brillantes deberían ser alentados a estudiar y garantizar la relevancia y aplicación permanentes de nuestros textos fundacionales y su ética, y recibir el apoyo financiero de las masas trabajadoras. En cambio, en el Israel moderno, esa tradición ha sido distorsionada y abusada, socavando el ethos nacional, con generaciones de judíos ultraortodoxos ampliamente subeducados, negados de la oportunidad de buscar y encontrar un trabajo satisfactorio, y condenados a la pobreza a través de las manipulaciones de su liderazgo político.

La legislación discutida institucionalizaría y magnificaría todas estas distorsiones, cuando un marco que exigiera un servicio nacional de un tipo u otro para todos marcaría un paso importante para aliviarlas.

Es increíble que el primer ministro programe debates sobre una ley de este tipo en el período previo al Día de la Recordación de los soldados caídos de Israel de la próxima semana y nuestro 75º Día de la Independencia, cuando la nación ya está hirviendo con la disidencia y la ira por sus planes de poner grilletes y politizar los tribunales. En cualquier caso, no se puede legislar mientras el Tribunal Superior, que ha tolerado la evasión de reclutamiento ultraortodoxa generalizada, pero frustró la legislación anterior para consagrar la desigualdad de una exención general, conserve su independencia y poderes.

Seguramente, uno habría pensado, Netanyahu reconocería que el mero hecho de hablar de tal legislación solo puede exacerbar la brecha sobre la amenaza a los valores fundamentales de Israel que su ministro de Defensa Yoav Gallant, despedido y no despedido, destacó de manera tan resonante; la grieta que ha visto a los reservistas y veteranos de las FDI al frente de las protestas contra la reforma y que, advirtió Gallant, ha llegado a constituir un peligro tangible para la seguridad nacional de Israel.

Pero al igual que con la revisión, no es demasiado tarde.

Y al igual que con la revisión, una alternativa verdaderamente beneficiosa, una alternativa beneficiosa a nivel nacional, está claramente disponible.

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