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25 de mayo 2023
La administración del presidente estadounidense Joe Biden se pronunció el miércoles en contra de un proyecto de ley de la coalición que limitaría significativamente la capacidad de los grupos de la sociedad civil israelí para aceptar donaciones de gobiernos extranjeros, informó The Times of Israel.
El Departamento de Estado dice que las organizaciones de derechos humanos “deberían tener espacio para recaudar recursos” en todo el mundo. New Israel Fund critica al “gobierno de extremistas” mientras la coalición evalúa el proyecto de ley para imponer un impuesto del 65%.
La legislación, redactada por el legislador del Likud Ariel Kallner, se presentará el domingo ante el Comité Ministerial de Legislación de alto nivel de la Knesset.
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El proyecto de ley establece que cualquier grupo sin fines de lucro que se dedique a la defensa pública dos años antes o después de recibir una donación de un gobierno extranjero perderá su condición de institución pública y ya no podrá optar a exenciones de impuestos. Además, esas organizaciones sin fines de lucro se verán afectadas con un impuesto sobre la renta del 65 por ciento.
El proyecto de ley probablemente paralizaría la capacidad de las organizaciones de derechos humanos para operar en Israel y Judea y Samaria (Cisjordania), ya que muchas de ellas dependen de la financiación de gobiernos extranjeros.
Organizaciones de derechos humanos, como B’Tselem, Rompiendo el Silencio y New Israel Fund, durante mucho tiempo han estado en la mira de la derecha israelí e incluso del centro político por sus constantes denuncias de presuntos abusos israelíes contra los derechos humanos de los palestinos.
Los legisladores de derecha han criticado a las organizaciones mayoritariamente de izquierda destacando su fuente de financiación, mayormente procedente de gobiernos extranjeros, y argumentando que representa una interferencia en los asuntos internos de Israel.
Los activistas de izquierda, a su vez, alegan que los grupos de la sociedad civil de derecha también reciben financiación de inversores extranjeros. Los donantes pueden ser individuos en lugar de países, pero según los activistas de izquierda los fondos se transfieren a veces con poca transparencia.
Dicha legislación de la Knesset ha sido propuesta en el pasado pero hasta ahora no ha sido aprobada.
Sin embargo, esta vez la iniciativa parece tener más posibilidades de convertirse en ley dada la composición favorable a los colonos de la coalición del primer ministro Benjamin Netanyahu. La promesa de aprobar dicho proyecto de ley está incluida en el acuerdo de coalición que el Likud firmó con Otzmá Yehudit.
Durante una conferencia de prensa el miércoles, se pidió al portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, que comentara sobre el proyecto de ley. “No especularé sobre cosas que podrían suceder. Solo diré que, en general, Estados Unidos apoya el papel esencial de las ONG que forman parte de la sociedad civil”.
“Creemos que son fundamentales para un gobierno democrático, receptivo y transparente, y creemos firmemente que la sociedad civil debe tener la oportunidad y el espacio para operar y recaudar recursos en todo el mundo”, agregó Miller.
La legislación también complicaría significativamente la histórica legislación del Congreso de 2020 respaldada por ambas partes, conocida como la Ley de Asociación para la Paz de Oriente Medio. MEPPA (por sus siglas en inglés) destinó $ 250 [millones] en fondos estadounidenses para organizaciones de coexistencia que promueven el diálogo israelí-palestino y el desarrollo empresarial palestino.
La administración Biden ha promocionado la legislación como fundamental para crear las condiciones de base necesarias para un futuro acuerdo de paz entre israelíes y palestinos. Pero si se aprueba el proyecto de ley de Kallner, las organizaciones que reciben subvenciones de MEPPA tendrían que transferir cantidades masivas de esos fondos al gobierno israelí.
La Embajada de Francia en Israel también intervino el miércoles y señaló que ya había expresado su preocupación por la decisión israelí de 2021 de designar a seis grupos de derechos palestinos como organizaciones terroristas, lo que indica que considera el último proyecto de ley como una extensión de ese esfuerzo contrario a la sociedad civil israelí y palestina.
El proyecto de ley de Kallner “es igual y profundamente preocupante. Reafirmamos nuestro compromiso con el papel fundamental de la sociedad civil en la vida de cada democracia, en Israel y en todo el mundo”, dijo. “Es responsabilidad de los Estados crear y mantener un espacio y un entorno propicio para su trabajo, ya que una sociedad civil vibrante también puede traer una cultura de paz y diversidad”, agregó la embajada francesa.
El New Israel Fund, que sirve como grupo paraguas que financia a docenas de organizaciones progresistas de la sociedad civil que operan en Israel y Judea y Samaria (Cisjordania), se pronunció duramente en contra del proyecto de ley y lo calificó como el “próximo paso” del esfuerzo del gobierno para reformar el sistema judicial.
“Netanyahu y su gobierno de extremistas quieren imponer impuestos a la sociedad civil, especialmente a quienes trabajan para defender los derechos de los más marginados en Israel y bajo el control de Israel: mujeres, la comunidad LGBTQ+, palestinos que viven bajo ocupación y ciudadanos árabes de Israel”, dijo el director ejecutivo de NIF, Daniel Sokatch, en un comunicado el miércoles.
“Esta ley podría forzar el cierre de cientos de organizaciones en Israel, y apunta específicamente a las que dicen la verdad al poder. Obstruir la financiación de los defensores del cambio no es lo que hacen las democracias. Las democracias fuertes pueden escuchar las críticas, incluso y especialmente cuando son duras, y trabajar para mejorar”, acusó.
