El gobierno de Estados Unidos advirtió este jueves que el trato que los refugiados de Ucrania reciben en Israel los hace vulnerables al tráfico de personas, informó Haaretz.
En su Informe anual sobre la Trata de Personas, el Departamento de Estado señaló que aproximadamente 14,000 refugiados ucranianos y solicitantes de asilo no elegibles para la inmigración en virtud de la Ley de Retorno llegaron a Israel a partir de marzo de 2023.
“La mayor parte de esta población llegó con visas de turista que se han renovado regularmente y trabaja bajo una política gubernamental de ‘no aplicación’. Las ONG informaron que esta situación inestable y una política poco clara de permisos de trabajo han aumentado la vulnerabilidad de esta población al tráfico sexual y laboral”, dice el informe.
Israel extendió las actividades de la agencia que asiste a los refugiados ucranianos por un año más, en medio de las críticas del gobierno ucraniano por el trato a los refugiados que intentan ingresar al país.
El representante del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados en Israel, Mathijs Le Rutte, dijo anteriormente al rotativo que la incoherencia de Israel hacia los refugiados de Ucrania crea muchas dificultades, les impide recibir derechos básicos y vivir con dignidad.
Las agencias de asistencia en Israel ofrecieron recientemente varias propuestas para mejorar la situación, entre ellas extender los visados de residencia a tres meses en lugar de uno y ampliar las políticas de no aplicar restricciones a los refugiados ucranianos que trabajan en Israel a pesar de no estar técnicamente autorizadas para ello.
El Departamento de Estado incluyó a Israel en su “Lista 2” de países cuyos gobiernos no cumplen plenamente las normas mínimas de la Ley de Protección de Víctimas de Trata de 2000, pero están haciendo esfuerzos significativos para cumplirlas.
Señaló además que Israel ha reconocido a más víctimas de trata y ha modificado sus procedimientos de reconocimiento de víctimas, al tiempo que ha aumentado modestamente las investigaciones, los procesamientos y las condenas. Sin embargo, Estados Unidos advirtió que Israel no cumple la norma mínima en varios ámbitos.
Según el informe, “las ONG siguen informando que el alto nivel de exigencia probatoria del gobierno para reconocer a las víctimas les impide solicitar asistencia gubernamental”.
Agrega que la supervisión de “la contratación de mano de obra extranjera al margen de los acuerdos bilaterales de trabajo, incluso a través de empresas contratistas extranjeras, es incoherente e inadecuada y no evita el trabajo forzoso”.
En 2022, la Policía de Israel abrió 25 investigaciones relacionadas específicamente con casos de trata de personas: dos casos de explotación sexual, cuatro casos de esclavitud y 19 casos de explotación sexual de menores.
Además, el gobierno investigó 112 delitos relacionados con la trata sexual, clasificándolos como delitos relacionados con la “prostitución”. Continuando con los periodos de informes anteriores, el gobierno persiguió cuatro casos de tráfico sexual y tres de trabajos forzados dentro del Programa Internacional de Prácticas Agrícolas de Israel.
El Departamento de Estado expresó su preocupación por la política de la Autoridad de Población e Inmigración de Israel, que restringe el empleo de solicitantes de asilo en 17 ciudades. Citando información de organizaciones de derechos humanos, afirma que la aplicación de este procedimiento aumentará la vulnerabilidad de los refugiados y solicitantes de asilo, haciéndolos susceptibles de convertirse en víctimas de la trata.
Recomienda aumentar las investigaciones y el procesamiento de los traficantes, agilizar los procesos proactivos de identificación de víctimas, ampliar el número de funcionarios del gobierno que localizan a las víctimas de la trata para mejorar su protección, garantizar el acceso de todas las víctimas a servicios sociales, reforzar el cumplimiento de los derechos de los trabajadores extranjeros y palestinos mediante contratos de trabajo justos, eliminar las comisiones de contratación, y proporcionar formación especializada contra la trata a policías, guardias fronterizos y el personal penitenciario. Además, sugiere aumentar el número de inspectores y auditores laborales en los sectores de la agricultura, la construcción y la enfermería.
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