La Knéset tiene previsto votar el lunes un controvertido proyecto de ley para reducir la revisión judicial de la “razonabilidad” de las decisiones de los funcionarios electos, como parte del plan más amplio del gobierno para reformar el poder judicial de Israel, publicó The Times of Israel
El proyecto de ley se está acelerando a través del proceso legislativo para que se convierta en ley al cierre de la sesión de verano de la Knéset el 30 de julio. La votación del lunes es la primera de las tres votaciones requeridas en el pleno.
Aunque se espera que la coalición parlamentaria apruebe fácilmente el proyecto de ley en su primera lectura, el fuerte movimiento de protesta anti-revisión de 27 semanas ha prometido manifestaciones perturbadoras en todo el país el martes, incluido el bloqueo de carreteras y la inundación del aeropuerto Ben Gurion y sus vías de acceso internas con manifestantes.
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El breve texto del proyecto de ley prohíbe por completo que los tribunales utilicen la prueba de razonabilidad para invalidar o incluso discutir las decisiones tomadas por el gabinete, los ministros y “otros funcionarios electos, según establece la ley”.
Si bien el primer ministro Benjamin Netanyahu ordenó a su ministro de justicia y al jefe del comité de la Knéset que patrocina el proyecto de ley que “suavicen” el lenguaje para no proteger a los ayuntamientos de la petición, el lenguaje del proyecto de ley no ha cambiado hasta ahora.
Simcha Rothman, quien preside el Comité de Constitución, Ley y Justicia de la Knéset, dijo que el proyecto de ley actual no se aplicará a los alcaldes, pero se negó a eliminar la cláusula de “otros funcionarios electos”, allanando el camino para expandir fácilmente el alcance del proyecto de ley.
MK Simcha Rotman, Jefe del Comite de Constitucion, en una reunion del comite en la Kneset, el Parlamento israeli, en Jerusalen el 5 de marzo de 2023. (Foto de Erik Marmor/Flash90)(archivo)
Rothman fue criticado por apresurar el proceso de discusión, aprobando el proyecto de ley para su primera lectura después de cinco discusiones del comité celebradas durante nueve días.
Los miembros de la oposición parlamentaria y los expertos invitados al comité criticaron que la coalición presentaba el proyecto de ley como proyecto de ley del comité, en lugar de un proyecto de ley patrocinado por el gobierno, inusual para una enmienda a una de las Leyes Básicas casi constitucionales de Israel.
Como actualización de la Ley Básica: El Poder Judicial, el proyecto de ley normalmente sería patrocinado por el Ministerio de Justicia. Sin embargo, esta ruta tomaría más tiempo y abriría el proyecto de ley al escrutinio del fiscal general.
Si el proyecto de ley se aprueba en su primera lectura el lunes, se esperaba que Rothman convoque al comité el martes para comenzar los preparativos para la segunda y tercera (y última) lectura.
La razonabilidad es una prueba judicial que permite a los tribunales anular decisiones gubernamentales y administrativas que se considera que no han tenido en cuenta todas las consideraciones pertinentes de un tema en particular, o que no han dado el peso correcto a esas consideraciones, aunque no violen ninguna ley particular ni contradigan otras decisiones administrativas.
Quienes defienden limitar el uso de la doctrina de la razonabilidad por parte de los tribunales alegan que ha permitido el gobierno del poder judicial. Los críticos dicen que la prueba es un baluarte vital contra el abuso del gobierno.
Académicos jurídicos y políticos han presentado múltiples propuestas diferentes para limitar la razonabilidad, y el proyecto de ley actual de la coalición es la restricción más extrema de la doctrina dominante hasta la fecha.
El juez de la Corte Suprema Noam Sohlberg, presidente del Comité Asesor de Nombramientos Superiores, en la Corte Suprema de Jerusalen, el 21 de septiembre de 2022. (Foto de Yonatan Sindel/Flash90)
Las limitaciones de la prueba propuesta por el juez de la Corte Suprema Noam Sohlberg han sido citadas con frecuencia por la coalición, pero su propuesta actual va mucho más allá del argumento de Sohlberg para aislar áreas de política del escrutinio judicial. El presidente Isaac Herzog propuso restringir la aplicación de la doctrina como parte de un paquete integral de reforma judicial, pero no como medida independiente.
La coalición ha afirmado que la oposición estuvo cerca de llegar a acuerdos sobre la limitación de la razonabilidad como parte de las conversaciones ahora congeladas de las partes, y la oposición dice que no daría su consentimiento parcial a los cambios judiciales.
Rothman se basó en parte en el trabajo anterior del erudito legal Yoav Dotan para el proyecto de ley de razonabilidad del Comité de la Constitución. Sin embargo, Dotan testificó ante el comité para decir que el proyecto de ley presentado es mucho más amplio de lo que él apoya, poco antes de que el comité aprobara el proyecto de ley para su primera lectura.
Dotan dijo al comité que su propuesta actual era “muy problemática” y que sería muy peligroso cancelar la prueba por completo.
En su lugar, sugirió limitar la prueba para prohibir su uso para decisiones tomadas por el gabinete en pleno, y añadió que la prueba de razonabilidad era un control importante contra decisiones tomadas por ministros individuales.
“No hay ninguna razón en el mundo para darles inmunidad contra el escrutinio total del Tribunal Superior”, dijo Dotan.
El profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén advirtió además que si se finaliza la propuesta, una amplia franja de decisiones del sector público podría protegerse del escrutinio judicial porque “todo se convertirá en la decisión de un ministro”.
“Lo más fácil del mundo sería crear formas prácticas de convertir todo en una decisión ministerial”, dijo.
La Fiscalía General se sumó a la crítica, diciendo que el proyecto de ley abría la puerta a la toma de decisiones “arbitrarias”.
Si bien el foco del esfuerzo del gobierno y la ira de los manifestantes, el proyecto de ley de razonabilidad se ve solo como un precursor de un esfuerzo más amplio para debilitar los controles judiciales sobre el poder político.
Mucho más polarizador es el tema si los políticos deberían tener influencia sobre los nombramientos judiciales. En la sesión de invierno de la Knéset, la coalición planea presentar un proyecto de ley para aumentar la influencia política sobre la intervención de los jueces, en línea con su argumento de que los representantes electos deberían elegir un tribunal ideológicamente más diverso, mientras que la oposición y los manifestantes denuncian que la medida erosiona la independencia judicial.
El miércoles, la Knéset votará para terminar de dotar de personal al Comité de Selección Judicial, aunque el ministro de Justicia, Yariv Levin, ha insinuado que no planea convocar al panel en su composición actual, que divide el poder entre políticos y representantes profesionales.
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