En una agitada sesión, una Comisión de la Knéset aprobó este miércoles para mandar de regreso al pleno una de las piezas de la reforma judicial, informó The Times of Israel.
Las últimas dos votaciones de la iniciativa, una enmienda a la Ley Básica: Poder Judicial, comenzarán el domingo en el pleno de la Knéset, y se espera que el proyecto sea aprobado y convertido en ley el lunes o martes.
La aprobación se produjo al final de varias sesiones maratónicas de la Comisión de Constitución, Ley y Justicia, que tuvo que superar 20,000 reservas aparentemente destinadas a alentar el proceso por parte de la oposición.
El caos se apoderó de la Comisión en la sesión de votación final hoy, cuando varios asesores de los parlamentarios de la oposición interrumpieron el proceso tomando los micrófonos y denunciando al presidente del panel Simja Rothman y al gobierno, incluida una mujer que irrumpió en Rothman y gritó en su rostro
Fueron expulsados rápidamente de la Comisión.
Los propios diputados opositores estallaron en numerosas ocasiones a lo largo de la noche del martes y el miércoles en protesta por lo que alegaron fueron graves violaciones del protocolo de la Knéset por parte de Rothman durante el proceso de votación, incluidos los errores en el recuento de los votos.
El pleno de la Knéset está programado para comenzar la segunda y tercera lecturas del proyecto de ley el domingo por la mañana. Las explicaciones de las 27,674 reservas presentadas por la oposición se conocerán en un plazo de más de 24 horas hasta el mediodía del lunes.
Luego comenzará la votación sobre la iniciativa que actualmente se espera que sea aprobada y convertida en ley.
La iniciativa busca impedir que la Corte Suprema y tribunales inferiores utilicen el principio de razonabilidad para revisar las decisiones tomadas por el gobierno.
Los defensores dicen que se necesita para detener la interferencia judicial en las decisiones del gobierno, argumentando que equivale a que jueces no elegidos sustituyan a funcionarios electos por el pueblo.
Los opositores argumentan, sin embargo, que debilitará la capacidad del Poder Judicial para revisar las decisiones que dañen derechos humanos y obstaculizará su capacidad para proteger a los altos funcionarios que ocupan puestos delicados, como el Fiscal General, el jefe de la Policía y otros, del despido por motivos indebidos.
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