La Fiscal General de Israel, Gali Baharav-Miara, solicitó este martes a la Corte Suprema de Justicia revocar una ley que blinda al primer ministro Benjamín Netanyahu de ser declarado no apto para el cargo, informó Haaretz.
Baharav-Miara argumentó que “hubo un uso indebido de la autoridad de la Knéset para mejorar la posición legal del primer ministro a fin de permitirle actuar desafiando la decisión del tribunal”.
La Knéset aprobó en marzo un proyecto de ley que impide a un Fiscal General declarar a un primer ministro en funciones no apto para el cargo.
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La Fiscal General explicó que pocas horas después de que se aprobara la ley, fue “utilizada por el primer ministro para desconocer públicamente sus deberes en términos de conducta adecuada e incumplir el acuerdo de conflicto de intereses”.
En 2021, la Corte Suprema de Justicia dictaminó que un acuerdo de conflicto de intereses formulado por el entonces Fiscal General Avijai Mandelblit era vinculante para Netanyahu.
El arreglo prohíbe a Netanyahu participar en la designación de jueces o del comisionado de la Policía y de participar en legislación que tenga un impacto en los procesos penales en su contra.
Baharav-Miara concluyó que existe la necesidad de una “orden condicional que instruya a la Knéset y al primer ministro aclarar ante la Corte por qué creen que la ley no debe ser revocada”.
Netanyahu dijo en respuesta que las peticiones presentadas en contra de la ley deben rechazarse por completo, ya que “no se debe intervenir en el trabajo legislativo básico de la Knéset y sentar un precedente para la interferencia de la Corte Suprema en el papel de la Knéset como autoridad constituyente”.
Sus abogados argumentaron que “el acto mismo de participar en un debate legal sobre si una Ley Básica en particular es apropiada o inapropiada es una violación de la autoridad de la Knéset, del principio de la soberanía del pueblo y el Estado de Derecho”.
Los líderes de la coalición agregaron: “La respuesta de la Fiscal General es un intento más de anular la elección democrática de millones de ciudadanos y pasar la autoridad de acusar a un primer ministro en funciones en Israel a un funcionario no electo. El intento forzado de vincular la reforma judicial… y el juicio del primer ministro Netanyahu… no tiene fundamento y es totalmente infundado. El pueblo, la Knéset y la democracia no lo tolerarán”.
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