ENRIQUE PRESBURGER
La forma:
La reforma tiene su raíz en el hecho de que Israel no tiene una constitución como tal y se basa en el derecho consuetudinario. Es decir, aquel que proviene de casos anteriores cuya interpretación se vuelve la base para determinaciones futuras. En este sentido, la división de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial tienen una línea poco clara, y en la nación israelí es un hecho que el poder judicial ha tenido un poder amplio para fallar en contra de decisiones del poder ejecutivo, así como anular decisiones del poder legislativo.
Lo que busca la reforma, es limitar el poder de la Corte, brindando al poder ejecutivo mayor poder en la selección de jueces, así como permitir al congreso (la Knéset) anular ciertos fallos de la Corte Suprema con menores restricciones o teniendo mayorías simples.
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Básicamente, esta retórica ha generado dos polos discursivos:
- Derecha pro-reforma: Argumentan que la Corte Suprema se ha extralimitado de sus funciones, y tiene mucho más poder que en otros países. De igual manera, discuten que los jueces no representan los intereses de todas las minorías, y por lo tanto tienen sesgos en momentos de vetar al ejecutivo o ignorar peticiones de minorías (como la ultrareligiosa o jaredí). Así, piensan que realmente el acotar el poder de la Corte, es una manera de tener mayores mecanismos de gobernabilidad y una manera de tener, de hecho, una democracia más representativa (los jueces históricamente han sido prácticamente askenazis en un 100%, sin jueces representantes de otras minorías). Proponen para ello mecanismos de apelaciones civiles y rendición de cuentas para los fiscales desde su elección.
- En un sentido político, la Corte Suprema no agrada a la población religiosa nacionalista al haber promovido vetos a resoluciones de construcción de algunos asentamientos israelíes en la Cisjordania ocupada o al retirarle a los judíos ultraortodoxos algunos privilegios, como la excepción para prestar servicio militar.
- Izquierda anti-reforma: La izquierda observa este tema como una medida ultranacionalista y antidemocrática en que el poder ejecutivo busca acotar la influencia de los jueces e influir más en su elección, lo que representaría un conflicto de intereses. De igual forma, interpretan esta reforma como una “concesión política” a grupos ultraderechistas y religiosos radicales que tienen el potencial de socavar derechos de otras minorías plurales y liberales (LGBTQ). Así pues, ven una amenaza los principios democráticos básicos del país, y un intento de politizar el poder judicial al permitir que la coalición gobernante pueda sesgar políticas públicas y presionar al nombramiento de jueces a conveniencia de coyunturas políticas, brindando al mismo tiempo una mayor libertad al ejecutivo para emitir decretos que no podrían ser reversados por el poder judicial “mediador”.
- En un sentido político, la Corte Suprema ha sido el único poder capaz de enfrentar al primer ministro israelí y detener políticas públicas extremas de coaliciones “a conveniencia”. Si el jefe de Estado interviene en el nombramiento de jueces, se detendrían por ejemplo los procesos legales por corrupción en contra de Netanyahu (y cualquier otro en el futuro) y ya nada evitaría una dictadura de facto del poder ejecutivo. Es por todo esto que se clama que la esencia democrática del Estado de Israel está en juego, y con ello las libertades civiles y aspectos seculares de la sociedad israelí.
La realidad es que esta polarización no es irreconciliable, y podrían darse soluciones “intermedias” que satisfagan las preocupaciones de ambas partes. No obstante, el motivo de que no exista una negociación satisfactoria no se debe la falta de acuerdos, sino la determinación de la coalición gobernante y su primer ministro de no ceder a ningún intento de mediación, desafiando frontalmente a las masas protestantes al seguir con la agenda de aprobación de la reforma de manera unilateral.
Las protestas en este sentido adquieren un fuerte matiz de hartazgo hacia el sistema de gobierno actual. La población israelí ha salido a las calles en cientos de miles, tal vez como nunca lo había hecho en su historia, a exigir un “ya basta” a un Benajmín Netanyahu obstinado en mantenerse en el poder y dispuesto a conformar un gobierno de coalición plagado de personajes extremistas que se identifican con políticas violentas e incluso delitos previos.
El fondo:
El fenómeno de “primaveras” en naciones se refiere a despertares ciudadanos que consisten en manifestaciones masivas que buscan cambiar el statu quo no sólo de sus gobiernos, sino de sus países en general reedificando constructos sociales, jerárquicos, culturales y económicos. Se dice que una nación entra en un movimiento político de primavera cuando desafía el modus vivendi de sí mismo para reinventarse.
En este sentido, los movimientos que estamos presenciando son manifestaciones de hastío al sistema político actual, mismo que ha generado 5 elecciones de 2019 a la fecha y ha estado plagado de polarizaciones partidistas y una narrativa de divisiones extremas que ha fragmentado a la sociedad israelí.
Esto ha provocado una ingobernabilidad que ha hecho estragos en estancamiento de políticas públicas y una incertidumbre generalizada que ha empezado a tener repercusiones inclusive económicas, pues algunas trasnacionales han empezado a detener inversiones ante un panorama de indecisión y ausencia de diálogo.
Estamos presenciando una encrucijada en visiones de proyecto de Estado Nación de lo que debe ser Israel a ojos de la población judía israelí y en la diáspora, y este es el verdadero fondo del asunto que deberá ser resuelto en la siguiente década.
Israel tiene una población ultrareligiosa que ha crecido para representar un 15% de la población total del Estado de Israel, misma que proyecta alcanzar hasta un 40% en las próximas 2 décadas por su rango de natalidad. Ellos quieren conservar el carácter esencialmente judío del Estado de Israel a través de leyes religiosas que se empujen desde el Estado, y continúan demandando políticas publicas de subsidio y exenciones. Esto contrasta con una base social israelí plural que busca derechos incluyentes, que empuja económicamente el Start Up Nation y su explosión tecnológica, y que ven en los valores democráticos una prioridad al hablar de gobernanza. Buscan un gobierno incluyente de minorías, tener una ciudadanía no definida en términos religiosos, y eventualmente buscar una solución de 2 Estados y soluciones binacionales.
Ambas visiones tendrán que reconciliarse si buscan vivir en un mismo territorio, que por un lado garantice la seguridad e integridad del territorio y su carácter judío, al tiempo en que se sostenga como “la única democracia del medio oriente”. El reto es hacer compatibles ambas visiones, que son igual de válidas (aunque no sabemos si realmente puede ser posible).
Por si fuera poco, este dilema llega en un momento en que la diáspora judía está disminuyendo en número estrepitosamente (principalmente por asimilación), y en un escenario de antisemitismo global creciente que nuevamente amenaza la viabilidad de una vida judía en muchos países del mundo fuera de Israel. Así, tenemos múltiples nacionalidades, culturas y cosmovisiones que se unirán a este debate de visión de Estado que adquirirá nuevos matices.
Ha llegado el tiempo de creación de un nuevo paradigma del Estado de Israel como hogar del pueblo judío. Debemos de entender las manifestaciones en este sentido y esperar que líderes de una nueva generación surjan en este contexto.
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