La Corte Suprema de Justicia de Israel afirmó este jueves que ve a una ley aprobada recientemente que impide que el máximo tribunal ordene al primer ministro recusarse a sí mismo como una legislación personal, e insinuó que podría retrasar su implementación, informó The Times of Israel.
La presidenta de la Corte Suprema, Esther Hayut, observó que las “huellas dactilares” de un plan diseñado para evitar recusar a Netanyahu son “muy claras”, mientras que su compañero, el juez Uzi Vogelman, dijo que “el hecho es que la ley es personal”.
Después de la audiencia de cinco horas de este jueves, no está claro cuándo emitirá la Corte Suprema su fallo en el caso.
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Opositores y críticos al gobierno de Netanyahu presentaron recursos a la Corte Suprema en la que solicitaron que revoque la ley aprobada en marzo pasado.
Significativamente, los tres jueces que presidieron la audiencia preguntaron enfáticamente si este problema podría resolverse retrasando la implementación de la ley —una enmienda a la Ley Básica: el Gobierno— similar a un reciente fallo emitido por la Corte Suprema respecto a otra ley que calificó de “personal” aprobada por el gobierno.
Sin embargo, el abogado de Netanyahu hizo un enérgico argumento en contra, diciendo que la ley es legítima y no debería ser anulada, ya que no fue diseñada específicamente para beneficiar a Netanyahu sino para garantizar que funcionarios no electos no tengan permitido destituir a un funcionario electo.
Ministros del gobierno indicaron este jueves que no respetarían un fallo de la Corte Suprema que anule esta ley.
Una de las problemáticas relevantes sobre este debate es que se trata de una Ley Básica, la legislación que en Israel tiene carácter semiconstitucional. Nunca antes la Corte Suprema ha actuado contra una Ley Básica, parcial o totalmente.
¿De qué trata esta ley?
En marzo, el gobierno de Netanyahu aprobó una reforma a la Ley Básica: el Gobierno, eliminando la posibilidad de que la Corte Suprema instruya que un primer ministro sea declarado no apto para seguir en el cargo.
La reforma estipula que este poder solo recaerá en el gobierno y la Knéset por motivos de salud, y requiere el apoyo del 75% de los ministros del gabinete y de 80 legisladores en el parlamento de 120 miembros.
La legislación se aprobó en el contexto de recursos presentados a la Fiscal General exigiendo que ordenara a Netanyahu que se recusara de su cargo por presuntamente violar un acuerdo de conflicto de intereses que firmó en 2020, bajo los auspicios de la Corte Suprema, permitiéndole continuar sirviendo como primer ministro a pesar de estar bajo juicio por presunta corrupción.
El acuerdo de 2020 prohibía a Netanyahu hacer nombramientos judiciales y policiales de alto nivel o involucrarse en asuntos legislativos que pudieran afectar su juicio.
El reclamo central contra la ley argumenta que fue hecho a la medida de Netanyahu para evitar que la Corte Suprema o la Fiscal General lo declararan no apto para seguir como primer ministro.
Antes de que se aprobara la reforma en marzo, el artículo 16 de la Ley Básica: el Gobierno declaraba que si un primer ministro no podía desempeñar temporalmente sus funciones, un viceprimer ministro ocuparía su lugar durante ese tiempo, pero se pensaba que se aludía a problemas médicos, no legales, que le impidieran seguir.
En 2008, la Corte Suprema consideró la idea de que el artículo 16 podría relacionarse con los problemas legales que enfrenta el primer ministro, cuando un recurso pidió que ordenara al Fiscal General en ese momento recusar al entonces primer ministro Ehud OImert debido a las investigaciones penales en su contra.
La Corte Suprema declaró que estaba dispuesta a asumir que el artículo 16 no se limitaba a asuntos de salud y que las investigaciones penales eran un problema importante para el primer ministro, pero dijo que eso solo podría dar lugar a la recusación en circunstancias excepcionales y, por lo tanto, rechazó la petición.
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