La Asociación Médica de Israel presentó este domingo una petición a la Corte Suprema de Justicia contra la ley aprobada por la Knéset en julio que anula el principio de razonabilidad, informó Haaretz.
La asociación, que representa a los médicos de todo el país, solicitó a la Corte derogar la ley o que no se aplique al sistema de salud.
“La ley permitirá excluir a los profesionales del sistema, cancelar y dejar sin efecto el juicio médico profesional como consideración rectora del sistema de salud, y sustituirlo por consideraciones irrelevantes: ideológicas, religiosas y políticas”, señala la petición.
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La AMI afirma que, en ausencia del principio de razonabilidad, el sistema de salud ya no está obligado a alinearse únicamente a consideraciones profesionales al tomar decisiones administrativas, incluso con respecto al presupuesto, la contratación y la tributación de productos como el cigarro o el alcohol. Los funcionarios advirtieron que esto generaría incertidumbre y desestabilizaría el sistema.
“La anulación del principio de razonabilidad con respecto a las decisiones en el campo de la salud, que requieren el ejercicio del juicio, la comprensión y el conocimiento en el campo de la medicina es una medida desastrosa que pone en peligro el funcionamiento y la estabilidad del sistema de salud, los médicos y los pacientes de Israel”. ”, afirma la petición, presentada en nombre de la Asociación Médica de Israel por las abogadas Orna Lin, Mijal Harel y Lee Ilan.
La petición sigue a una huelga de advertencia de médicos y profesionales de la salud en julio, durante la cual el sistema de salud pública trabajó con personal mínimo. Un tribunal laboral ordenó el fin de la huelga después de dos horas. El presidente del Comité de Trabajo, Bienestar y Salud de la Knéset, Uriel Busso (Shas), anunció medidas contra la AMI al día siguiente, como la formación de médicos auxiliares.
Desde que se aprobó la ley para anular el principio de razonabilidad el 24 de julio, médicos en diferentes etapas de sus carreras han dicho que están buscando mudarse al extranjero, incluso a costa de aceptar un trabajo con menos remuneración, menor estatus y menos responsabilidades profesionales.
Funcionarios de Asociación Médica de Israel y del Ministerio de Salud han expresado su preocupación por lo que parece ser una tendencia y han intentado dialogar con algunos médicos, hasta ahora con poco éxito.
El jueves, la prestigiosa revista médica The Lancet publicó un artículo escrito por expertos en salud pública de Israel, titulado “Reforma judicial en Israel: una amenaza para el enfoque de salud en todas las políticas”.
Sus autores argumentan que la anulación del principio de razonabilidad perjudicará la salud pública y la capacidad del Poder Judicial para proteger a los ciudadanos con respecto a los servicios de salud. También advierten que la ley no solo está “limitada a Israel” y que podría sentar un precedente “preocupante” para otros países también.
“La eliminación del principio de razonabilidad podría restringir sustancialmente la supervisión judicial y el recurso público contra decisiones dañinas”, dicen los autores del artículo, que incluye al Prof. Hagai Levine, presidente de la Asociación de Médicos de Salud Pública de Israel, y al Prof. Nadav Davidovich, director de la Escuela de Salud Pública de la Universidad Ben Gurión del Néguev.
“La tendencia del actual gobierno israelí a ignorar los consejos de expertos y las implicaciones para la salud… podría intensificarse con una supervisión judicial reducida”, advierten.
El tribunal utiliza el principio de razonabilidad para la revisión judicial de las decisiones del gobierno y sus ministros, así como de las decisiones de otros funcionarios electos. Entre otras cosas, permite a los jueces anular decisiones tomadas a partir de intereses predominantemente políticos o sin las consideraciones relevantes. Su propósito es garantizar que el gobierno no actúe de manera injusta e irracional debido a prejuicios o un conflicto de intereses.
Con la anulación del principio de razonabilidad, el tribunal no podrá revocar las decisiones del gobierno, el primer ministro y los ministros por estos motivos, incluidas decisiones sobre nombramientos y destituciones. Además, la ley evitará que el tribunal determine que una decisión del gobierno o sus ministros no es razonable, por ejemplo, evitar convocar al Comité de Nombramientos Judiciales o dejar puestos importantes sin un titular.
La Corte Suprema de Israel nunca ha anulado una Ley Básica, por lo que los jueces reconocen la dificultad de la revisión judicial de tales leyes y el papel de la Knéset como autoridad constitucional. En el fallo relacionado con la anulación del nombramiento ministerial de Arieh Dery, la presidenta Esther Hayut expresó que tal crítica “está reservada para casos extremadamente raros y excepcionales”.
La jueza Dafna Barak-Erez escribió que se abstuvo de descalificar la ley que permitió a Dery servir como ministro porque “no decidimos sobre un debate constitucional cuando no es necesario sobre la base del respeto mutuo que se supone que tienen las autoridades gubernamentales”.
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