Fitch Ratings afirmó este lunes la calificación crediticia A+ de Israel con una perspectiva estable, como lo hizo en marzo, pero continuó advirtiendo sobre la reforma judicial, informó The Times of Israel.
El primer ministro Benjamín Netanyahu y el ministro de Finanzas Bezalel Smotrich, que han rechazado las repetidas advertencias de que la reforma judicial dañará gravemente la economía, elogiaron el anuncio como prueba de que tales pronósticos son alarmistas.
En una declaración conjunta, la pareja dijo que la decisión “prueba lo que hemos dicho repetidamente desde el principio: la economía de Israel es fuerte, estable y resistente gracias a nuestra política responsable y conservadora”.
“Al examinar los datos reales sobre la economía israelí, la imagen resultante es la opuesta a la que algunos están tratando de crear a través de falsas campañas de pánico en los noticieros”, dijo el comunicado.
En su informe, Fitch dijo que la calificación alta “equilibra una economía diversificada, resistente y de alto valor agregado y finanzas externas sólidas con una relación deuda pública/PIB relativamente alta, riesgos de seguridad continuos y un historial de gobiernos inestables que ha obstaculizado la formulación de políticas”.
Haciéndose eco de las afirmaciones hechas por Netanyahu en entrevistas con medios internacionales, Fitch dijo: “El paquete de reforma judicial inicial del gobierno se ha suavizado, pero sigue siendo muy controvertido y enfrenta una fuerte oposición política y de la sociedad civil”.
Netanyahu indicó la semana pasada que su gobierno dejaría de lado gran parte de la reforma, pero no antes de seguir adelante con la medida más controvertida: cambiar la composición del Comité de Selección Judicial. Insinuó que todavía estaba buscando un consenso sobre esto.
El gobierno ya ha aprobado la “ley de razonabilidad”, que prohíbe la revisión judicial de las decisiones gubernamentales y ministeriales sobre la base de su razonabilidad.
“Fitch cree que los cambios pueden tener un impacto negativo en las métricas crediticias de Israel si el debilitamiento de los controles institucionales conduce a peores resultados de política o mantiene un sentimiento negativo de los inversores o debilita los indicadores de gobernanza”, dijo el informe.
Pero en una nota más positiva, agregó: “Fitch considera que es poco probable que las medidas actuales desencadenen un éxodo material de talento y capital en el sector de alta tecnología”. Esto a pesar de que se habla cada vez más de una fuga de cerebros y reubicaciones, tendencias que aún no se han materializado.
Fitch proyectó un “crecimiento de alrededor del 3,1 % del PIB en 2023 y 3,0 % en 2024, por debajo de la estimación de potencial del Banco de Israel de alrededor de 3,8 % anual y después de 6,4 % en 2022, debido a efectos de base, lento crecimiento global y una política monetaria estricta”.
Con respecto a la creciente inflación de Israel, Fitch predijo que “continuará desacelerándose hasta fin de año a medida que bajen los precios de las importaciones y la inflación endógena se reduzca con una moderación del consumo y la inversión”.
La calificación de Fitch se produce unas tres semanas después de que la agencia de calificación crediticia rival Moody’s advirtiera sobre las “consecuencias negativas” y el “riesgo significativo” para la economía y la situación de seguridad de Israel tras la aprobación de la primera ley de la reforma judicial.
En abril, Moody’s rebajó la perspectiva crediticia de Israel de “positiva” a “estable”, citando un “deterioro del gobierno de Israel” y la agitación por el intento del gobierno de reformar drásticamente el poder judicial.
Netanyahu y Smotrich se vieron menos contentos con el informe de Moody’s. El gobierno emitió una declaración en ese momento rechazándolo como una “respuesta momentánea”, y agregó que cuando “el polvo se asiente, quedará claro que la economía de Israel es muy fuerte”.
Otras agencias de calificación crediticia, incluida Standard & Poor’s, han estado advirtiendo en los últimos meses sobre un deterioro en el gobierno de Israel y el posible debilitamiento de la fuerza judicial e institucional, y expresaron su preocupación por el aumento de las tensiones sociales y políticas internas.
La principal preocupación en la comunidad empresarial y tecnológica es que la reforma judicial propuesta erosionará la democracia y debilitará los controles y equilibrios, lo que hará que los capitalistas de riesgo y otros generadores de dinero desconfíen de invertir su dinero en el país, lo que provocará una salida de fondos.
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