La Fiscal General de Israel, Gali Baharav-Miara, le dijo el miércoles al ministro de Justicia, Yariv Levin, que no defenderá la primera ley de la reforma judicial ante la Corte Suprema y lo autorizó a conseguir defensa legal externa, informó The Times of Israel.
La decisión de Baharav-Miara siguió a los desacuerdos entre ella y el gobierno sobre la ley, aprobada por la Knéset el 24 de julio a pesar de la intensa oposición y meses de protestas masivas.
Se espera que recomiende a la Corte Suprema anular la ley, que uno de sus subordinados calificó el mes pasado de “extrema” y advirtió que plantea “daños muy graves” y “daño multisistémico”.
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La Fiscal General, que con frecuencia ha estado en desacuerdo con el gobierno y ha enfrentado llamados para su despido, ha expresado su oposición a otras leyes, incluida una aprobada en marzo que es considerada un blindaje para Netanyahu frente a ella y la Corte Suprema.
En un comunicado enviado en su nombre por el Ministerio de Justicia, Baharav–Miara informó a Levin que debido a “la aparente diferencia de puntos de vista” entre ellos, el gobierno podría buscar representación legal alternativa.
“La decisión de la Fiscal General se basa en la excepcionalidad de los hechos, en vista de que las peticiones versan sobre cuestiones constitucionales particularmente delicadas y que sientan precedentes”, agrega el comunicado.
La ley, una enmienda a la Ley Básica: El Poder Judicial, prohíbe a todos los tribunales, incluida la Corte Suprema, utilizar el “principio de razonabilidad” para revisar y potencialmente revertir las decisiones gubernamentales y ministeriales.
Fue la primera ley de la reforma judicial que ha sido aprobada.
Levin eligió a Ilan Bombach, un abogado que representó al partido Likud en el pasado y fue vicepresidente del Comité Electoral Central en 2022, como abogado externo en el caso.
“Es impensable la posibilidad de que la Corte Suprema derogue una Ley Básica. No tienen la autoridad en absoluto”, dijo Bombach al Canal 12 después del anuncio de Baharav-Miara. “Incluso aquellos que se oponen firmemente a la reforma judicial no pueden aceptar que la Corte Suprema asuma la autoridad de invalidar una Ley Básica”.
La Corte Suprema nunca antes ha anulado una Ley Básica, pero tampoco se ha enfrentado a una ley de este tipo aprobada en circunstancias tan controvertidas y frente a una oposición pública tan intensa.
El 12 de septiembre se llevará a cabo una audiencia sobre la ley en la Corte Suprema con un panel de un tamaño sin precedentes que comprenderá a los 15 jueces del máximo tribunal.
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