En una misiva enérgica dirigida este jueves al ministro de Justicia, Yariv Levin, la Fiscal General Gali Baharav-Miara dijo que los llamados a su destitución no la disuadirán de oponerse a acciones y políticas gubernamentales que considera ilegales, informó The Times of Israel.
Baharav-Miara escribió la carta en respuesta a un ataque contra ella por parte de Levin el día anterior.
Levin insistió en que tenía la obligación de informar al gobierno cuando sus acciones no son acordes con la ley, y rechazó las críticas de que su frecuente oposición a las políticas y leyes gubernamentales lo habían dejado sin representación legal.
Levin criticó el miércoles a la Fiscal General por lo que dijo fue su negativa a representarlo de manera justa y adecuada en las peticiones ante la Corte Suprema (incluido un caso contra su negativa a convocar el Comité de Selección Judicial), así como por su frecuente oposición a legislación y políticas gubernamentales.
Levin alegó que las acciones de Baharav Miara habían creado una situación en la que el gobierno efectivamente no tiene representación legal y donde no existía una relación de trabajo básica entre ambas partes.
Esto fue interpretado por varios diputados de la oposición y asociaciones civiles como si el ministro estuviera sentando las bases para el posible despido de Baharav-Miara.
Varios ministros han pedido el despido de Baharav-Miara, aunque el primer ministro Benjamín Netanyahu ha insistido en que esto no está sobre la mesa.
En su respuesta del jueves, Baharav-Miara dijo: “Las afirmaciones infundadas diseñadas para crear la impresión de falta de cooperación, o acusaciones infundadas de que el gobierno actual recibe un trato diferente al anterior, incluidas amenazas de despido escuchadas a través de los medios de comunicación, no me disuadirán a mí o a mi personal de continuar cumpliendo nuestra tarea”.
La resolución del gobierno que rige cómo se puede destituir a un Fiscal General establece que la causa principal de tal acción es “la existencia de desacuerdos sustanciales y continuos entre el gobierno y el Fiscal General que crean una situación que impide una cooperación efectiva”.
Baharav-Miara escribió al ministro: “Es obligación profesional de la Fiscalía General advertir al gobierno, a cualquier gobierno, de medidas que contravengan la ley”.
“En casos en los que el gobierno actúa sin autoridad o cuestiona los procedimientos adecuados; promueve leyes en beneficio de una sola persona y al mismo tiempo perjudica el estado de derecho y las normas éticas en el servicio público; toma decisiones que tienen un amplio impacto en el público en general o en los derechos individuales sin base probatoria; o se niega a ejercer su autoridad por el bien del interés público, sin presentar justificaciones pertinentes: la Fiscalía General está obligada a hacer frente a estas faltas.
“Ese es el trabajo de la Fiscalía General del Estado de Israel“.
Y continuó: “La Fiscalía General, bajo mi liderazgo, seguirá cumpliendo su función de ayudar al gobierno a lograr sus políticas dentro de los límites de la ley y formulará, en la medida de lo posible, soluciones jurídicas y legales para hacer avanzar el trabajo del gobierno, incluso cuando surjan dificultades legales”.
Baharav-Miara también rechazó la afirmación de Levin de que el gobierno no tenía representación legal debido a su oposición a algunas de sus políticas, afirmando que era todo lo contrario, ya que era trabajo del Fiscal General asesorar al gobierno cuando actúa fuera de los límites de la ley, y ayuda, no obstaculiza, al gobierno a hacerlo.
Insistió en que su oficina había ofrecido asesoramiento sólido al gobierno sobre varias cuestiones polémicas que se le habían presentado y había tratado de encontrar soluciones prácticas que fueran acordes con la ley y respondieran a las necesidades del gobierno.
También ha permitido que el gobierno reciba representación externa cuando dijo que no podía defender ciertas políticas.
Específicamente, Baharav–Miara insistió en que había tratado de cooperar con el gobierno en la respuesta del gobierno a las peticiones de la Corte Suprema contra la negativa de Levin de convocar al Comité de Selección Judicial.
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