Cientos de personas resultaron heridas, 11 de ellas por disparos, cuando los solicitantes de asilo de Eritrea a favor y en contra del gobierno de Asmara se enfrentaron con la policía en Tel Aviv el sábado cuando una manifestación se tornó violenta, informó The Times of Israel.
El servicio de emergencia Maguén David Adom dijo que había al menos 35 heridos, incluidos 19 agentes de policía que sufrieron heridas leves y moderadas.
El Hospital Ijilov de Tel Aviv dijo que atendieron a 11 personas por heridas de bala, incluidas cuatro personas que se encontraban en estado grave y siendo sometidas a cirugía.
Los manifestantes heridos también fueron trasladados al Centro Médico Wolfson en Holon. No hubo ninguna declaración inmediata del hospital sobre las condiciones de los heridos que fueron trasladados allí.
La policía dijo en un comunicado que los agentes dispararon al aire cuando los manifestantes amotinados frente al lugar donde la embajada de Eritrea planeaba celebrar un evento rompieron las barreras policiales en la calle Yad Harutzim.
Según el comunicado, los agentes dispararon al sentir que sus vidas corrían peligro. No estaba claro si alguno de los manifestantes portaba armas de fuego.
El diario Haaretz informó que la policía también utilizó granadas paralizantes y gases lacrimógenos en un intento de dispersar a la multitud.
El informe dijo que los alborotadores rompieron ventanas y atacaron a los agentes, y la policía golpeó a algunos de los manifestantes con porras.
En un comunicado, la policía dijo que los agentes resultaron heridos cuando los alborotadores arrojaron piedras y tablas de madera.
El jefe de policía, Kobi Shabtai, dijo en un comunicado que realizaría una evaluación de la situación en Tel Aviv.
Los videos publicados en las redes sociales mostraban batallas callejeras entre la policía y los alborotadores.
Un alto oficial de policía dijo a Haaretz que si bien esperaban algo de violencia, los agentes no estaban preparados para la intensidad de los disturbios.
“Nos sorprendió mucho el nivel de violencia, el tipo de escenas que sólo se ven en Judea y Samaria“, dijo el funcionario policial anónimo.
En los últimos meses ha habido un escrutinio cada vez mayor sobre la vigilancia de las manifestaciones.
Un líder de la comunidad eritrea identificado únicamente como Jonny, dijo que habían pedido a la policía que cancelara el evento en la embajada, advirtiendo que podría haber disturbios.
“Llevamos a decenas de personas a la policía y les pedimos que cancelaran el evento del régimen. Dijimos que habría violencia. No nos escucharon”, dijo.
En el pasado ha habido brotes de violencia en la comunidad de solicitantes de asilo de Eritrea entre quienes apoyan al régimen en su país de origen y quienes se oponen a él.
En 2019, otros tres miembros de la comunidad eritrea en Tel Aviv mataron a puñaladas y golpes a un partidario del régimen.
Los inmigrantes que apoyan al régimen de Eritrea no están bajo amenaza de persecución, y en teoría no califican para el estatus de refugiados según las directrices de la ONU, pero las autoridades israelíes no distinguen entre solicitantes de asilo en función de sus afiliaciones políticas.
El mes pasado, cuando Eritrea cumplió 30 años de independencia, los festivales celebrados por la diáspora de Eritrea en Europa y América del Norte fueron atacados por exiliados. El gobierno de Eritrea los calificó de “escoria de asilo”.
Las personas que huyeron de la nación del Cuerno de África dicen que la violencia contra los festivales fueron protestas contra un gobierno represivo que ha sido descrito como la “Corea del Norte de África”.
Cientos de miles de personas han huido de Eritrea a lo largo de los años, muchos hacia los desiertos de Sudán y luego el norte de África e Israel en un intento de llegar a Europa.
El presidente Isaias Afwerki, de 77 años, ha liderado Eritrea desde que se independizó de Etiopía en una larga guerra de guerrillas. No ha habido elecciones, no hay prensa libre y se requieren visas de salida.
Muchos jóvenes se ven obligados a realizar un servicio militar sin fecha de finalización, afirman grupos de derechos humanos y funcionarios de Naciones Unidas.
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