La Fiscal General de Israel, Gali Baharav-Miara, pidió este domingo a la Corte Suprema de Justicia revocar la ley que elimina el principio de razonabilidad, una pieza clave de la reforma judicial del gobierno de Benjamín Netanyahu, informó Haaretz.
Baharav-Miara presentó su posición de cara a la audiencia prevista para el 12 de septiembre en la que un panel ampliado de 15 jueces examinará los recursos presentados para revocar la ley.
El Estado estará representado por un consejo privado, debido a su desacuerdo con la Fiscal General.
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En una declaración emitida por su oficina, Baharav-Miara señaló que “por primera vez en la historia del Estado de Israel, la Corte Suprema es despojada de su autoridad para juzgar y otorgar reparación a individuos y al público, sobre la base de su juicio independiente”.
“La enmienda cierra las puertas de los tribunales a cualquier persona o grupo que pueda resultar perjudicado si el gobierno o uno de sus ministros actúa de manera extremadamente irrazonable”, añadió la Fiscal General.
“Por lo tanto, se niega al público un medio importante para defenderse del ejercicio arbitrario del poder por parte del gobierno que no es para el bien público”.
Baharav-Miara sostiene que la ley daña la separación de poderes, el Estado de Derecho y los derechos del individuo y por lo tanto “es un golpe fatal a los cimientos del sistema democrático y debe ser anulada”, concluyó su comunicado de oficina.
El proyecto de ley para eliminar el principio de razonabilidad, que restringe la autoridad de la Corte Suprema para revocar decisiones gubernamentales que considere irrazonables, fue aprobado por el mes pasado en la Knéset.
Varias organizaciones, así como particulares, apelaron a la Corte Suprema de Justicia contra la ley. Entre ellos se encuentran el Colegio de Abogados, el Movimiento por un Gobierno de Calidad en Israel, exdiputados, exoficiales de las FDI y activistas sociales.
Las apelaciones se basan en el argumento de que la enmienda a la Ley Básica: El Poder Judicial socava la autoridad central del sistema judicial y afecta gravemente la esencia de Israel como Estado democrático. Algunos peticionarios afirman que la enmienda se aprobó mediante un proceso legislativo fundamentalmente defectuoso.
El ‘Movimiento Democrático’ afirmó en su apelación que “la enmienda es parte de un ataque integral, radical y extenso contra la autoridad de ejecución y su liderazgo, desafiando la identidad democrática del Estado de Israel, el Estado de Derecho, la estructura de las instituciones gubernamentales, la separación de poderes y la independencia del Poder Judicial“.
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