La anulación de una Ley Básica llevará a Israel a la anarquía, dijo el gobierno en una respuesta presentada este viernes a los recursos que piden a la Corte Suprema de Justicia anular la primera ley de la reforma judicial, informó The Times of Israel.
Está previsto que la Corte Suprema escuche las peticiones contra la ley el 12 de septiembre de la próxima semana.
Varios ministros del gobierno y otras figuras han advertido sobre el potencial caos si la Corte Suprema anula la ley, creando una posible crisis constitucional.
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En su escrito, el gobierno argumenta que la Corte Suprema carece de autoridad legal para anular las Leyes Básicas semiconstitucionales de Israel y, por lo tanto, cualquier veredicto de ese tipo se basaría en “principios básicos” no legislados y poco claros.
“Todas las instituciones gubernamentales pueden argumentar que tienen derecho a determinar qué significan estos principios. De aquí a la anarquía hay un camino corto”, dice el escrito.
En una declaración posterior a la presentación de la respuesta, que fue escrita en nombre del gobierno, Benjamín Netanyahu y el ministro de Justicia Yariv Levin, este último dijo que el gobierno “cree que dado que el Estado de Israel es una nación democrática, la autoridad de las instituciones del gobienro y su origen residen en el soberano, que es el pueblo, los ciudadanos de Israel”, que eligen a la Knéset.
Por eso, añadió Levin, “la autoridad y su origen residen en los principios establecidos por la Knéset, en las Leyes Básicas, y nada está por encima de ellos”.
En una nación gobernada por el Estado de derecho, continuó el Ministro de Justicia, “ninguna institución o individuo está por encima de la ley. Y si la ley, según la doctrina desarrollada por el tribunal, está sujeta a las Leyes Básicas, entonces ninguna institución o individuo está por encima de las Leyes Básicas”, continúa el comunicado.
El argumento del gobierno se presentó este viernes junto con la respuesta de la Fiscal General de la Knéset a las peticiones, y ambos coincidieron en gran medida en sus argumentos.
En particular, la Fiscal General Gali Baharav-Miara dio permiso al gobierno para buscar representación privada debido a su rechazo a la primera ley de la reforma judicial.
El líder de la oposición, Yair Lapid, respondió poniendo en duda el estatus de la ley como una Ley Básica real.
“Como saben quienes estuvieron en el Comité de Constitución de la Knéset y en el pleno durante la legislación, la ley de ‘razonabilidad’ no es realmente una Ley Básica”, escribió Lapid en X.
“No fue legislada como una Ley Básica, su proceso legislativo fue apresurado, negligente, histérico y arrasador, con motivaciones personales detrás, y el procedimiento fue completamente defectuoso”.
A diferencia de las enmiendas constitucionales en otras democracias, el proceso para legislar la mayoría de las Leyes Básicas de Israel, una categoría de leyes cuyo estatus constitucional reconoció la Corte Suprema en 1995, es el mismo que el de otros proyectos de ley, sin necesidad de una mayoría especial.
La primera ley de la reforma judicial prohíbe a los tribunales revisar las actuaciones del gobierno utilizando el principio jurídico de la razonabilidad, mediante el cual pueden determinar que una decisión no fue válida porque se tomó sin evaluar adecuadamente consideraciones clave o utilizando consideraciones inadecuadas.
Quienes se oponen a la ley argumentan que podría socavar potencialmente la independencia de los altos organismos gubernamentales, ya que sin el estándar de razonabilidad será difícil impugnar los despidos arbitrarios de funcionarios.
El gobierno argumenta que la ley es necesaria para impedir que la Corte Suprema haga valer su propia visión del mundo sobre las decisiones y acciones del gobierno, y han dicho que el despido de altos funcionarios seguirá estando sujeto a otras herramientas del derecho administrativo.
Un fallo de la Corte Suprema que anule parte de una Ley Básica no tendría precedentes en Israel.
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