La totalidad de los jueces de la máxima instancia judicial se reúne por primera vez para estudiar los recursos que piden anular la primera ley aprobada en el plan de reforma que divide a Israel
Tras 36 semanas consecutivas de protestas (masivas en la calle y estratégicas en el cuerpo de reservistas del ejército) en Israel, el tren de la propuesta de reforma judicial puesto en marcha en enero por el ministro de Justicia, Yariv Levin, se acerca un poco más a una estación llamada “crisis constitucional”. Estas dos últimas palabras han sido las más citadas y temidas este martes al inicio de la trascendental audiencia del Corte Suprema (CS) que por primera vez en su historia convocó a todos sus jueces. Durante más de 13 horas escuchando alegaciones, preguntando a los oradores y señalando los límites y deberes de la Justicia ante la Knéset en una sesión retransmitida en directo, los 15 magistrados han tratado los ocho recursos presentados contra la primera ley aprobada del plan del Gobierno destinado a recortar algunas competencias de la CS en la relación entre los tres poderes. La sentencia está prevista entre octubre y mediados de enero. Periodo en el que todo puede pasar: desde la congelación de la iniciativa a su continuación tensando más la cuerda que atraviesa un país dividido.
¿Qué analizó el TS y por qué es tan importante?
Hace dos meses, publicó EL MUNDO la coalición integrada por 64 de los 120 diputados tras los comicios del 1 de noviembre aprobó en la Knéset una enmienda que suprime uno de los principales recursos de la CS (criterio de razonabilidad) para revisar decisiones y nombramientos de los gobernantes. Abogados, empresarios, activistas sociales y de derechos humanos, ex altos mandos militares y una asociación contra la corrupción apelaron a la máxima instancia judicial para anularla alegando que “modifica la estructura básica de la democracia”.
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La Corte Suprema, presidida por Esther Hayut, puede decidir no intervenir si interpreta que la enmienda “no contradice de forma sustancial la esencia judía y democrática de Israel” o devolverla al Parlamento para que sea corregida de tal forma que el criterio de razonabilidad sea limitado y no cancelado. “Debe suponer un golpe mortal a los principios básicos de la democracia”, afirmó Hayut en alusión a la tercera opción: la derogación por primera vez de una ley básica -con carácter constitucional en un país sin constitución- con la posibilidad, también por primera vez, de que miembros de la coalición no acaten la sentencia. Sin duda, el reflejo más expresivo de la lucha institucional en la que, en su escenario extremo, funcionarios del Estado deben elegir entre decisiones de los ministros y sentencias de los magistrados.
En la sesión, el Gobierno estuvo representado por el abogado Ilan Bombaj ya que la asesora legal Gali Baharav-Miara se opone a la enmienda al considerar que “golpea de forma severa los cimientos del sistema democrático”. Bombaj recordó que la CS tiene otros instrumentos para supervisar y el juez Isaac Amit le dijo que “la democracia no muere por varios fuertes golpes sino en una serie de pequeños pasos”.
¿Qué dice el gobierno?
Su línea argumental señala que la CS no tiene potestad para invalidar una ley básica y avisa que podría conducir a la “anarquía”. Levin, que sostiene que su reforma busca “el reequilibrio entre las autoridades y corregir el exceso de poder de la CS“, escribió: “La audiencia hoy en la CS, con ausencia de autoridad, es un golpe mortal a la democracia y el estatus de la Knéset”. Según él, “el Gobierno siempre respetó las sentencias de la CS y la CS respetó las leyes básicas. La responsabilidad recae en los jueces para que no rompan esta base común. No puedo imaginar que lo hagan”.
“Esther Hayut, ni se te ocurra invalidar una ley básica”, avisó el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrish mientras el presidente del Parlamento, Amir Ohana lanzó un mensaje repetido por varios diputados: “La Knéset no se dejará pisotear sumisamente”.
Ya sea un órdago, farol o amenaza, el primer ministro Benjamin Netanyahu no quiso contestar de forma clara si acatará la sentencia. El ministro de Defensa, Yoav Gallant, respondió afirmativamente recalcando que “estamos en un Estado de Derecho” y pidió un pacto nacional. La creencia es que el Gobierno respetará la sentencia sea cual sea.
¿Qué declaran los líderes de la oposición y protestas?
“No se trata de una ley básica sino de un documento irresponsable sobre el que pusieron el título Ley Básica”, indica el líder de la oposición Yair Lapid que responde a Ohana: “La Knéset aceptará cualquier fallo de la CS“.
En la víspera, más de 20.000 israelíes se manifestaron frente a la sede judicial en Jerusalén en un momento clave en su lucha contra la reforma que ven como “ataque contra la separación de poderes y la democracia”. “El Gobierno ha perdido su pueblo, su ejército y su legitimidad tal y como se ve en las manifestaciones y en los sondeos donde menos del 20% apoya su revuelta antidemocrática”, declaró una de las líderes, Shikma Bressler, mientras su compañero Moshe Radman añadió: “El pueblo apoya a la CS en la defensa de la democracia ante extremistas”.
“Nos oponemos a unas leyes que quieren cambiar nuestro país de forma negativa y reflejan la fractura social tras las últimas elecciones”, comenta el israelí de origen argentino Miguel Groisman ante una crisis que ha destapado asignaturas pendientes como la relación entre la religión y el Estado y, en menor medida, el conflicto con los palestinos.
¿Es posible un freno al plan judicial que apacigüe la crisis?
Sí. La primera vía es un acuerdo entre la coalición y la oposición que suspenda el proyecto de leyes y modifique la norma aprobada en julio. La otra es unilateral. Antes de viajar la próxima semana a la Asamblea General de la ONU en Nueva York donde se encontrará con el presidente Joe Biden por primera vez desde su vuelta al poder, Netanyahu podría anunciar una Hoja de Ruta para poner fin a la crisis y reducir el malestar de Biden que aún no le invitó a la Casa Blanca.
El veterano dirigente, que afronta un juicio por corrupción, intentará congelar el proyecto sin que su Gobierno arda en llamas. El ala más militante del Likud -liderado por Levin– y los dos partidos ultraderechistas le exigen seguir la reforma mientras la vieja guardia del Likud y los dos partidos ultraortodoxos promueven un pacto con la oposición.
Hace una semana, el nuevo intento de mediación del presidente Isaac Herzog fracasó. En un documento que aprobó y rechazó tras ser filtrado a los medios, Netanyahu se comprometió a aparcar el proyecto 18 meses y modificar la ley que este martes ha llegado a la máxima instancia judicial en una jornada que consolida el debate sobre qué autoridad tiene la última palabra en Israel.
Fuente: EL MUNDO
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