El Comité Ministerial de Legislación de Israel aprobó este lunes una iniciativa de ley que permitirá a la policía colocar cámaras de reconocimiento facial en espacios públicos, informó Haaretz.
Según la propuesta, presentada por el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, y el ministro de Justicia, Yariv Levin, la policía también podrá colocar cámaras portátiles en manifestaciones, siempre y cuando el “factor humano” (el oficial de policía) considere que la cámara biométrica no invade la privacidad de ningún individuo.
La iniciativa ha suscitado críticas por temor a una invasión de la privacidad. Las cámaras tienen como objetivo prevenir, frustrar o detectar delitos graves, localizar a personas desaparecidas y hacer cumplir prohibiciones u órdenes de alejamiento en lugares públicos. Con ese fin, la ley permitirá a la policía recibir una “alerta en tiempo real” sobre la presencia de una persona específica en el área de visión de la cámara.
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Según el proyecto de ley, “se trata de sistemas fotográficos que incluyen capacidades de procesamiento que permiten capturar imágenes de personas y compararlas con la información obtenida sobre ellas”.
La policía afirma que las cámaras permitirán “rastrear la identidad y la ubicación de sospechosos de haber cometido delitos y, por lo tanto, serán una herramienta eficaz para la detección y prevención de delitos y el cumplimiento de las funciones policiales en el mantenimiento y protección de la seguridad pública”.
El proyecto de ley se basa en otra iniciativa para el uso de cámaras en el sistema “Ein Hanetz” (“Ojo de Halcón”) operado por la policía. Ambas propuestas permitirán el acceso a fotografías biométricas a organismos encargados de hacer cumplir la ley, incluido el ejército, autoridades fiscales, la Unidad de Investigaciones de la Policía, el servicio de seguridad Shin Bet, la Autoridad de Protección de Testigos y cualquier otra entidad pública designada por el ministro de Justicia con la aprobación del Comité de Seguridad Nacional de la Knéset.
A pesar del amplio acceso que la ley permite a las fotografías, hay poca supervisión del uso de las cámaras por parte de la policía, tal como se define en ambos proyectos de ley. Las iniciativas establecen que solo la policía podrá supervisar el funcionamiento de las cámaras, así como un informe anual sobre su uso que se presentará a la Fiscal General y a la Knéset.
Según la propuesta, los datos recopilados por la policía se conservarán en su posesión, al igual que otros datos de identificación como huellas dactilares. Sin embargo, los datos biométricos que no lleven a la identificación de una persona en tiempo real “serán almacenados en la base de datos biométrica por un breve período de 72 horas, con el fin de permitir la localización de personas de interés no localizadas por mal funcionamiento, o para realizar los objetivos de la colocación”.
Además, el proyecto de ley establece que el Ministro de Seguridad Nacional y el Ministro de Justicia formularán posteriormente “reglamentos para la ejecución de la ley”, para incluir la supervisión de los sistemas de cámaras. Esto significa que estas regulaciones no estarán codificadas en la ley y los ministros podrán cambiarlas a voluntad.
Bajo el gobierno de Bennett-Lapid, el Comité Ministerial de Legislación aprobó un proyecto de ley similar que no avanzó debido a la disolución de la Knéset el pasado junio pasado. La entonces ministra de Inmigración y Absorción, Pnina Tamano-Shete, fue la única que se opuso a la ley.
“Cuando un policía tiene la habilidad de colocar cámaras en cada vecindario con solo mover un dedo, hay una oportunidad para la explotación y la vigilancia excesiva de ciertas poblaciones”, dijo.
Argumentó que está demostrado que la tecnología es problemática para identificar a personas de piel oscura. Propuso crear un comité o, por el contrario, exigir órdenes judiciales.
La Dra. Tehila Shwartz Altshuler, experta en derecho y tecnología del Instituto Israelí para la Democracia, sostuvo que “la colocación de cámaras inteligentes en la esfera pública impedirá que las personas actúen libremente por temor a estar bajo vigilancia y que se les impida ejercer sus derechos políticos”.
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