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28 de septiembre 2023
El jueves, el Tribunal Supremo de Justicia escucha peticiones que exigen que se anule una legislación gubernamental que bloquea la capacidad del tribunal para ordenar al primer ministro que se recuse de su cargo.
Enfrentando al tribunal contra la coalición, los magistrados escuchan el jueves peticiones contra una legislación que consideran protege a Netanyahu del acuerdo que le permitió servir como primer ministro tras la acusación de corrupción.
La audiencia marca la última batalla entre la coalición del primer ministro Benjamín Netanyahu y el poder judicial, publicó The Times of Israel, mientras Netanyahu se defiende de acusaciones de corrupción y el gobierno impulsa una reforma del sistema judicial que ha dividido a la sociedad israelí.
La ley de recusación, aprobada en marzo, estipula que el poder de declarar incapacitado al primer ministro recae únicamente en el gobierno y la Knéset, y por motivos médicos, y requiere el apoyo del 75 por ciento de los ministros del gabinete y 80 legisladores de los 120 miembros del parlamento.
Los peticionarios argumentan que la ley fue diseñada, entre otras cosas, para proteger a Netanyahu de un acuerdo de conflicto de intereses que firmó en 2020 para permitirle desempeñarse como primer ministro mientras era juzgado por cargos de corrupción. Según ese acuerdo, Netanyahu se comprometió a no involucrarse en asuntos judiciales que pudieran afectar su juicio en curso.
Los peticionarios consideran la ley un abuso del poder de la Knéset para legislar leyes básicas diseñada a fin de evitar que el tribunal o la fiscal general ordenaran a Netanyahu que se abstuviera debido al acuerdo de conflicto de intereses, y que este aspecto personal de la ley es ilegítimo.
Las peticiones fueron presentadas por el Movimiento por un Gobierno de Calidad en Israel y el partido Yisrael Beytenu.
Se espera que la audiencia del jueves dure varias horas y luego los jueces comenzarán a redactar un veredicto, que se publicará a mediados de enero.
Antes de la audiencia, un alto funcionario de la coalición dijo que si el tribunal anula la ley, el gobierno considerará volver a legislarla con una redacción diferente.
Algunos creen que la coalición aprobó la ley para evitar que la Fiscal General Baharav-Miara o el Tribunal Superior pudieran ordenar a Netanyahu que se recusara por conflicto de intereses.
La ley es una enmienda a la Ley Básica: El Gobierno, una de las Leyes Básicas cuasi constitucionales de Israel, lo que hace que su derogación o intervención sea más constitucionalmente problemática para el Tribunal Superior.
Durante la audiencia del jueves, se espera que el tribunal considere retrasar la implementación de la ley hasta que asuma la próxima Knéset, una medida recomendada por Baharav-Miara.
Semejante medida del tribunal le permitiría evitar la medida altamente polémica y sin precedentes de derogar una enmienda a una Ley Básica, al tiempo que resolvería lo que los peticionarios y la propia Baharav-Miara han señalado como la naturaleza problemática de la legislación.
Tras una audiencia preliminar el mes pasado, el tribunal emitió una orden judicial provisional contra Netanyahu y la Knéset exigiendo que explicaran por qué la implementación de la ley no debería retrasarse hasta la próxima Knéset, para eludir el aspecto personal de la legislación, un fuerte indicio de que el tribunal está considerando tal acción.
El abogado de Netanyahu dijo al Tribunal Supremo la semana pasada que la ley tenía como objetivo defender el principio democrático de que sólo los votantes determinan la identidad de su líder.
El abogado Michael Rabello insistió en su respuesta a las peticiones contra la ley que la recusación ordenada por el Tribunal Supremo de Justicia o la fiscal general contravendría los fundamentos básicos de la democracia y que la legislación simplemente codificaba este principio.
La audiencia del jueves está presidida por 11 jueces, dos de los cuales (David Mintz y Noam Sohlberg) han expresado graves dudas sobre el poder del tribunal de revisión judicial de las Leyes Básicas.
La audiencia será el segundo drama judicial importante este mes, luego de un panel sin precedentes de 15 jueces a principios de septiembre que fue testigo de una confrontación frontal entre el gobierno y el poder judicial sobre la polémica ley de “razonabilidad” del gobierno que limita el poder de los tribunales. revisión de las decisiones administrativas del gobierno.
Un tercer caso crucial se presentará ante el tribunal el próximo mes cuando celebre una audiencia sobre la negativa del Ministro de Justicia, Yariv Levin, de convocar el Comité de Selección Judicial.
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