La Corte Suprema de Justicia de Israel escuchó este jueves las posturas que piden anular una ley aprobada por el gobierno de Benjamín Netanyahu señalada de proteger al primer ministro, informó The Times of Israel.
Opositores al gobierno piden anular la controvertida pieza legislativa que bloquea la capacidad del máximo tribunal para ordenar declarar a un primer ministro como incapaz para seguir en el cargo.
Los jueces han indicado que no planean anularla, pero podrían ordenar al gobierno que retrase su implementación hasta después de las próximas elecciones para evitar que se utilice en beneficio personal de Netanyahu.
Los opositores a la ley alegan que fue diseñada, entre otras cosas, para proteger a Netanyahu de las consecuencias de una posible violación de un acuerdo de conflicto de intereses que firmó en 2020 para seguir siendo primer ministro a pesar de su juicio por presunta corrupción.
Según ese acuerdo, Netanyahu se comprometió a no involucrarse en asuntos judiciales que pudieran afectar su juicio en curso.
Yitzhak Bart, un abogado que representa a la Knéset, admitió en la audiencia que “uno de los motivos principales” para aprobar la legislación fue servir personalmente a los intereses de Netanyahu y protegerlo de una destitución basada en el acuerdo de conflicto de intereses.
Pero argumentó que lo que era más importante y debería formar la base de la discusión era el propósito de la ley, que es más general y trasciende los motivos que llevaron a los legisladores a aprobarla.
Dijo que la naturaleza “personal” de la ley no necesariamente estaba destinada a beneficiar a Netanyahu como individuo, sino más bien como jefe del gobierno en cuya formación participaron los legisladores.
Bart también dijo que el propósito de la ley no era permitir que los primeros ministros actuaran de una manera que constituya un conflicto de intereses, y calificó esto como una “dura conclusión”. Argumentó que el deber del primer ministro de abstenerse de conflictos de intereses no se deriva de la Ley Básica: El Gobierno.
El juez Yitzhak Amit respondió: “Cuando la ley está teñida de pies a cabeza por un motivo [específico], la pregunta es: ¿no influye esto en el propósito de la ley?”
El juez Ofer Grosskopf añadió: “Los motivos pueden afectar el propósito. El objetivo de la ley era revocar la posibilidad de ordenar a un primer ministro que se abstenga por violar un acuerdo de conflicto de intereses, lo cual es relevante para la situación actual”.
Michael Rabello, un abogado privado que representa a Netanyahu, dijo a los jueces que anular o retrasar la implementación de la ley “dejaría abierta la opción de una colisión frontal entre los poderes del gobierno”.
Dijo que tal escenario sería “una cancelación de los resultados electorales”.
La presidenta de la Corte, Esther Hayut, reaccionó: “¿Cómo retrasar la implementación de la ley de recusación cancela las elecciones?”
Más tarde, Rabello dijo al tribunal que la ley no “cambiaba las reglas del juego a mitad del juego”, como afirman los opositores.
“Es necesario que haya equilibrio entre los poderes del gobierno, pero eso no significa que podamos cancelar y pisotear el principio del gobierno de la mayoría”, afirmó.
Rabello representó a Netanyahu en la sesión en lugar de la Fiscal General, ya que esta última se opone a la ley.
Aner Helman, que representó a Baharav–Miara en la audiencia, reconoció que un Fiscal General no puede ordenar la destitución de un primer ministro y dijo que ella no cree que la violación de Netanyahu de su acuerdo de conflicto de intereses deba conducir a su recusación.
La ley, aprobada en marzo, estipula que el poder de declarar incapaz al primer ministro de seguir en el cargo recae únicamente en el gobierno y la Knéset, únicamente por motivos de salud, y requiere el apoyo del 75% de los ministros del gabinete y 80 diputado de la Knéset.
Las peticiones en su contra fueron presentadas por el Movimiento por un Gobierno de Calidad en Israel y el partido Yisrael Beitenu.
Se espera que el fallo de la Corte sea emitido a mediados de enero.
La sesión fue el segundo de trascendencia de este mes, luego de una sin precedentes de 15 jueces a principios de septiembre en la que la Corte analizó la validez de la primera ley de la reforma judicial.
Un tercer caso crucial se presentará ante la Corte el próximo mes cuando celebre una sesión sobre la negativa del Ministro de Justicia, Yariv Levin, de convocar el Comité de Selección Judicial.
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