En los últimos años, la creencia de que Israel “ocupa” los territorios de Judea y Samaria se ha arraigado tanto que esta tesis se ha convertido en una certeza en todos los contextos relacionados con Israel y/o Oriente Medio. Esta creencia está tan profundamente arraigada en los círculos judíos de la diáspora, así como en el propio Israel (especialmente entre los de izquierda), que se considera una certeza fáctica, publicó Informazione Corretta.
De este concepto de “ocupación” han surgido otras declaraciones políticas como: “ocupación ilegal”, “ocupación de los territorios palestinos”, “asentamientos ilegales” y “asentamientos que son un obstáculo para la paz” y conceptos similares.
Ahora sólo nos ocuparemos del motor de este mito, es decir, de cómo nació esta auténtica leyenda que, a lo largo de décadas, se ha convertido en una formidable herramienta para deslegitimar a Israel, sobre todo, por parte de numerosas administraciones estadounidenses, pero también por parte de la ONU y los Estados Unidos.
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Esta ficción, con devastadoras implicaciones políticas, nació a raíz de la Guerra de los Seis Días con la que Israel, aunque atacado por numerosos países árabes, logró reconquistar los territorios de Judea y Samaria que estaban ilegalmente ocupados en aquel momento, desde 1948, por Jordania. El director del drama es Meir Shamgar, el entonces fiscal general del ejército israelí, que más tarde se convirtió en fiscal del Estado y presidente de la Corte Suprema. Fue él quien decidió cómo se administrarían todos los territorios conquistados por Israel al final de la guerra: según las disposiciones de los Convenios de La Haya y de Ginebra que regulan los territorios ocupados tras un conflicto. Esto independientemente de que los diversos territorios conquistados por Israel (Judea, Samaria, Franja de Gaza) ya pertenecían al pueblo judío según el derecho internacional y, por lo tanto, debía ser administrado de manera diferente (basándose en el derecho civil israelí) en comparación con los otros territorios conquistados (Golán y Sinaí) que debían ser administrados, según el derecho internacional, según los dictados de ocupación militar. Sin lugar a dudas, la presión internacional jugó un papel muy importante en esta decisión, pero el error legal puede atribuirse en última instancia a Shamgar y al ejecutivo de unidad nacional presidido por Levi Eshkol. De hecho, cuando esta decisión (que no tiene fundamento en el derecho internacional) se tomó unas semanas después del final de los enfrentamientos armados, el mismo ejecutivo decidió la extensión de la soberanía israelí en la parte oriental de Jerusalén (28 de junio de 1967) con la Ordenanza sobre Ley y Administración (Enmienda No. 11). ¿Por qué este doble rasero? Si Judea y Samaria eran territorios “ocupados”, sin duda la parte oriental de Jerusalén también lo estaba. La razón era exquisitamente política: si bien Jerusalén no era negociable para el ejecutivo de Eshkol, los territorios de Judea y Samaria sí lo eran. Esto al menos hasta los tres “no” en Jartum en septiembre de 1967. Esta apuesta política tuvo que ser corregida inmediatamente después de la intransigencia árabe al no querer reconocer a Israel, esto no se hizo y hoy se están recogiendo los frutos de esta desafortunada decisión. Tanto es así que cuando se tomó la decisión de administrar Judea y Samaria según las leyes de la guerra, fue motivada por el ejecutivo no tanto porque estaba obligado a hacerlo sino porque era más “útil” hacerlo. De hecho, en la motivación hecha pública (“Conceptos legales y problemas del gobierno militar israelí – la etapa inicial”) no hay ninguna referencia a las leyes internacionales que obligaran a hacerlo sino sólo a la decisión del gobierno de hacerlo: en la práctica el gobierno de Israel declaró que no estaba obligado a hacerlo pero lo hizo porque era mejor para la población que allí vivía. Sin embargo, el gobierno no se molestó en explicar por qué Israel tenía todos los derechos legales sobre esas tierras: la Resolución de San Remo de 1920 y los dictados del Mandato para Palestina de 1922, es decir, las mismas bases legales de la presencia judía en todo el territorio occidental del Jordán.
Este fue sólo el primero de una serie de errores sensacionales que llevaron al mito de los “territorios ocupados”. De hecho, el equivalente académico del error político del gobierno de Eshkol fue obra del prof. Yoram Dinstein de la Universidad de Tel Aviv (uno de los profesores de derecho más renombrados de Israel). Su tesis quedó claramente expresada en el artículo “Sión será redimida en el derecho internacional”, publicado en la revista HaPraklit en marzo de 1971. En este artículo, Dinstein argumentó que Israel era una fuerza de ocupación porque el territorio “legalmente pertenecía a Jordania” incluso si lo hubiera adquirido mediante una guerra de agresión (por lo tanto, ilegalmente). ¿La razón dada? Según él, la Resolución 181 (que no tiene ningún valor jurídico) concedía al pueblo palestino (todavía inexistente en aquel momento) el derecho a elegir quién debía administrar el territorio confiado a los árabes por la comunidad internacional (aunque no tuviera el poder legal para hacerlo), y los notables árabes (que en realidad no tenían poder de decisión) eligieron Jordania incluso después de la invasión (e independientemente de la voluntad real de la población local). Por lo tanto, basándose en estas razones jurídicas inexistentes, Israel se convirtió, para el profesor de Tel Aviv, en una “potencia ocupante” y los territorios de Judea y Samaria en “territorios ocupados”. Esta tesis tan creativa, con algunas variaciones, fue retomada posteriormente por muchos juristas israelíes, formados en la escuela de Dinstein, y sobre todo por el asesor jurídico de la administración Carter, Herbert Hansell, quien en 1978 escribió su famoso memorando que se convirtió en la base de la posición política oficial estadounidense respecto de los “territorios” y los “asentamientos”. En su memorando, Hansell argumentó que Israel era una “potencia ocupante” y, por lo tanto, los “acuerdos violaban el artículo 49 (6) del Cuarto Convenio de Ginebra. Hay que subrayar que estas conclusiones se han aplicado sólo a Israel, hasta el punto de que el jurista estadounidense no da ningún otro ejemplo para corroborar su tesis. Esta tesis, sin embargo, fue inmediatamente respaldada por la ONU, la CEE y gran parte de la comunidad internacional. Cabe señalar una cosa importante: Tanto en el artículo de Dinstein como en el memorando de Hansell, la posición de Israel de “ocupante” a “soberano legítimo” de los territorios podría darse en caso de un acuerdo de paz con Jordania, lo que de hecho ocurrió en 1994 con el tratado de paz entre Israel y Jordania con el que Jordania renunció formalmente a la soberanía sobre Judea, Samaria y Jerusalén (aunque nunca la tuvo legalmente), pero a pesar de ello, para la comunidad internacional, Israel sigue siendo una “potencia ocupante”, algo bastante extraño y sin igual en el resto del mundo. Esto nos hace comprender bien el daño político-diplomático causado por un mito inexistente creado dentro del propio Israel. Nadie ha hecho nunca nada para verificar la validez de esta acusación: la acusación en sí misma puede ser suficiente para demonizar a Israel.
Otro episodio importante de esta ficción pseudojurídica lo proporcionó la Corte Suprema de Israel gracias a su entonces presidente: Aharon Barak. Éstos en al menos dos sentencias (el caso Beit Sourik Village Council c. el Gobierno de Israel, HCJ 2056/04 (sentencia dictada el 30 de junio de 2004); caso del Consejo Regional de la Costa de Gaza c. Knesset de Israel, HCJ 1661/ 05 (sentencia dictada el 9 de junio de 2005), declaró a Judea, Samaria y Gaza como “territorios ocupados” sin proporcionar ninguna información sobre quién ostentaba la soberanía antes de la supuesta “ocupación” israelí. En la práctica, para el juez Barak, Israel ha “ocupado los territorios” sin decir a quién pertenecían anteriormente. Esta forma de proceder también fue utilizada al mismo tiempo por la Corte Internacional de Justicia con motivo de su opinión consultiva sobre la barrera de seguridad construida por Israel en 2004 para limitar los ataques terroristas palestinos. Esto deja claro cómo la ley -sólo en el caso de Israel– ha sido suplantada por la ficción. Aquí hay que recordar que el término “ocupación” es un término jurídico y, por tanto, no puede utilizarse al azar como lo hacen los políticos, expertos, periodistas y algunos jueces con meros fines propagandísticos. Cuando un juez utiliza el término “ocupación”, debe proporcionar todos los detalles legales, de lo contrario se trataría de mera propaganda.
La consecuencia de todo esto fue que a nivel internacional esta tesis (la ocupación) fue inmediatamente abrazada y magnificada de manera cada vez más acusatoria y falsa: con los años pasamos de “territorios ocupados” al concepto de “ocupación ilegal”, luego de “ocupación ilegal de los territorios palestinos” y gradualmente al concepto de “asentamientos ilegales” o “asentamientos que son un obstáculo para la paz”, aunque el término “asentamiento” ni siquiera existe en el derecho internacional. Como bien se puede comprender, un término legal (ocupación) ha sido distorsionado hasta convertirse en una herramienta política y moral para acusar a Israel de hacer algo abyecto: precisamente la “ocupación ilegal” de un territorio que no le pertenece. Pero el motor principal de estos inventos se desarrolló en el propio Israel, y luego en la diáspora.
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