La guerra contra el terrorismo radical islámico ahora permea al terreno jurídico. Esta batalla campal, en la que se disputan dos cosmovisiones diametralmente distintas, ahora llega a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en un juicio que formalmente resolverá la presunta comisión de un crimen de guerra, pero materialmente discernirá sobre la escala de valores de la Organización de las Naciones Unidas, de la CIJ, y ultimadamente del mundo, teniendo que fallar en favor de la democracia, la moral y los valores occidentales, o su antagonista fundamentalista, terrorista y opresor.
ILAN EICHNER
La reciente denuncia de la República de Sudáfrica ante CIJ, acusando al Estado de Israel de perpetrar actos de genocidio, constituye un episodio inédito en la esfera del Derecho Internacional.
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Este litigio no solo implica un reto legal de gran envergadura para Israel, sino que también representa un tema de trascendental relevancia en el Jus Gentium y la justicia Universal.
¿Sería un organismo Internacional de Justicia capaz de fallar tácitamente en favor del terrorismo como lo han hecho otros, incluso de manera expresa, fuera del contexto jurídico?
La acción Sudafricana fundamenta su base en la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio de 1948. De acuerdo con dicha Convención, se entiende por genocidio aquellos actos realizados con la intención de aniquilar, en todo o en parte, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso.
La República de Sudáfrica sostiene que las conductas de Israel en la Franja de Gaza se subsumen bajo esta definición, lo cual ha generado un amplio debate de índole jurídico y ético, aunado a un contexto político absolutamente hostil en diversos sentidos.
La posición de Sudáfrica en este caso también plantea interrogantes sobre el papel de los antecedentes históricos y la experiencia nacional en la formulación de políticas exteriores. La propia lucha de Sudáfrica contra la opresión y la injusticia informa su visión sobre otros conflictos internacionales.
Esta perspectiva puede ofrecer una visión valiosa, pero también puede conducir a interpretaciones sesgadas o simplificadas de situaciones complejas.
La postura de la República de Sudáfrica es especialmente reveladora, considerando su historia de apartheid y su lucha por la justicia racial. Este país, que previamente sufrió el avasallamiento de un régimen represivo, ahora inculpa, de manera muy escueta, a otra Nación de cometer un crimen de magnitud histórica.
La ironía de este escenario no pasa desapercibida para observadores internacionales y especialistas en Derecho
La experiencia de Sudáfrica con el apartheid podría proporcionar una perspectiva única en el debate sobre la naturaleza del genocidio; no obstante, esto también suscita interrogantes acerca de la objetividad y las motivaciones detrás de la acusación, y más importante, la reflexión sobre qué motivación podría tener un tercero ajeno a la disputa a presentar la querella.
En el núcleo de esta controversia, se encuentra la exégesis del término “genocidio”, incumbencia que recae sobre la CIJ. Esto es un ataque jurídico, pero también es una hostilidad al decoro del pueblo judío, pues el término genocidio acarrea una connotación histórica y emocional de magnitud, particularmente en relación con el Holocausto, sin olvidar, desde luego otros genocidios acontecidos durante el siglo XX. Por consiguiente, una acusación de genocidio conlleva una gravedad tal que impide su formulación de manera frívola. La CIJ, al examinar este asunto, debe ponderar no solo la legalidad de las acciones israelíes, sino también el contexto histórico y las repercusiones de tal imputación.
El pasado de la moderna Israel, como nación emergente de las cenizas del Holocausto, añade una dimensión adicional de complejidad a este caso
La definición jurídica de genocidio implica la intención de destruir un grupo determinado. Este elemento de intencionalidad es crucial. Los jueces de la CIJ deben examinar meticulosamente si las acciones de Israel en Gaza satisfacen este criterio, y todo parece indicar que no. La intencionalidad es difícil de demostrar y requiere un análisis detenido de las políticas y declaraciones del gobierno israelí. El desafío radica en discernir si las trágicas pérdidas y sufrimientos en Gaza son el resultado de una política deliberada o un subproducto trágico de un conflicto armado, en el que, a pesar de estarse librando una guerra contra el terrorismo, las Fuerzas de Defensa de Israel han brindado ayuda humanitaria, protegido a la población civil y hecho todo lo posible para evitar la pérdida de vidas humanas inocentes.
Por su parte, el Estado de Israel se defiende enérgicamente de estas alegaciones
El gobierno israelí argumenta que sus acciones en Gaza han sido un acto de autodefensa frente a las amenazas del terrorismo radical islámico, especialmente después de la masacre del 7 de octubre del año pasado, en la que personas de todas las edades fueron brutalmente asesinadas, torturadas y violadas, en una serie de actos barbáricos que no solo lesionaron físicamente a las víctimas, sino a su dignidad humana en diversos planos.
A su vez, las Fuerzas de Defensa de Israel aseguran, y han demostrado, que sus operaciones están orientadas a salvaguardar a la población israelí, pero también palestina, de ataques perpetrados por grupos terroristas como Hezbollah y Hamas.
Las fuerzas israelíes resaltan la importancia de diferenciar entre acciones militares justificadas y precisas del genocidio, especialmente en el contexto de todas las acciones tomadas para evitar pérdidas humanas y materiales dentro de Gaza. En concreto, el debate se centra en si las prácticas de Israel constituyen una política deliberada de exterminio o si son actos de legítima defensa en el contexto de un conflicto prolongado.
Las estadísticas demográficas son cruciales en este debate. Desde la instauración del Estado de Israel en 1948, la población árabe en el país ha experimentado un crecimiento sustancial.
Este hecho es frecuentemente invocado por Israel y sus defensores como prueba de que no existe una política de exterminio sistemático contra los palestinos. En Gaza, la población también ha incrementado, a pesar de las adversas condiciones de vida y los recurrentes conflictos. Estos datos desafían la acusación de genocidio, sugiriendo que la realidad sobre el terreno es más compleja de lo que las imputaciones de Sudáfrica indican, demostrándose que, si durante los últimos años, incluso en los que han suscitado diversos conflictos, la población palestina ha aumentado de forma considerable, definitivamente no está ocurriendo un genocidio, más aún, tomando en consideración el poderío militar que asiste al Estado de Israel.
En el plano internacional, el caso ha generado un espectro amplio de opiniones
Algunos consideran la acusación como un intento legítimo de responsabilizar a Israel por sus actos en Gaza. Otros lo perciben como un ejemplo de la politización de la justicia internacional, donde las acusaciones de genocidio se emplean como herramienta en disputas geopolíticas.
Este debate refleja la naturaleza polarizada de la política internacional en relación con Israel y el conflicto israelí-palestino. La CIJ, en su análisis, debe navegar por estas aguas tumultuosas, manteniendo un enfoque en los hechos jurídicos y las definiciones establecidas, y no dejarse influenciar por la ola “woke” en la que señalar a Israel es la conducta esperada y aplaudida por las masas, que lamentablemente entienden poco o nada del “idioma” del Medio Oriente.
La respuesta de Israel a las acusaciones ha sido contundente, tanto en el ámbito legal como en el de la opinión pública. Israel ha movilizado a expertos en Derecho Internacional y diplomáticos para defender su posición. Esta defensa no solo se enfoca en refutar las acusaciones de genocidio, sino también en presentar el contexto más amplio del conflicto entre Hamas e Israel, que sostiene que cualquier evaluación de sus acciones en Gaza debe considerar el riesgo constante de ataques terroristas y la necesidad de proteger a su población civil.
El papel de la CIJ en este caso es primordial. Como órgano judicial principal de las Naciones Unidas, la CIJ posee la Autoridad para interpretar el Derecho Internacional y emitir opiniones que, si bien no son vinculantes, poseen un peso moral y legal significativo.
La resolución de la CIJ sobre este asunto será observada detenidamente, no solo por su impacto en Israel y Sudáfrica, sino también por su influencia potencial en el Derecho Internacional y la práctica de los Tribunales Internacionales. La decisión de la CIJ podría establecer un precedente importante en la aplicación de la Convención de Genocidio en contextos de conflicto armado.
La influencia de la política en este caso es innegable. Las acusaciones de genocidio contra Israel no se presentan en un vacío, sino en un contexto de relaciones internacionales complejas y a menudo conflictivas. El apoyo y la oposición a las acusaciones reflejan en gran medida las alianzas y rivalidades geopolíticas existentes. Países y organizaciones históricamente críticos de Israel tienden a apoyar las acusaciones, mientras que los aliados de Israel tienden a defenderlo. Este patrón subraya la dificultad de separar el Derecho Internacional de la política internacional.
El impacto potencial de este caso en la percepción internacional de Israel es significativo. Un fallo adverso a Israel podría tener repercusiones duraderas en su reputación y posición diplomática. Por otro lado, una decisión que favorezca a Israel podría ser interpretada como una validación de sus políticas y acciones en Gaza. De cualquier manera, el caso probablemente influirá en la forma en que la Comunidad Internacional percibe el conflicto.
El caso ante la CIJ es también un recordatorio de la importancia del Derecho Internacional en la resolución de disputas internacionales. En un mundo cada vez más interconectado y conflictivo, el Derecho Internacional ofrece un marco para abordar las cuestiones más desafiantes y polémicas. Sin embargo, este caso también evidencia los límites y desafíos del Derecho Internacional, especialmente cuando se enfrenta a situaciones de conflicto armado y acusaciones de crímenes graves.
El caso entre Sudáfrica e Israel ante la CIJ es un microcosmos de los desafíos más amplios que enfrenta la Comunidad Internacional. Aborda temas de justicia, moralidad, política y humanidad en un marco legal.
Independientemente del resultado, el caso dejará una huella indeleble en el Derecho Internacional y en la forma en que las Naciones abordan los conflictos y acusaciones de genocidio en el futuro.
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