La Corte Internacional de Justicia determinó este viernes varias medidas provisionales contra Israel en su guerra en Gaza, aunque no ordenó frenarla como buscaba Sudáfrica.
La Corte Internacional de Justicia dictaminó que al menos algunas de las acciones de Israel en Gaza en su guerra contra Hamás podrían estar dentro de los términos de la Convención sobre Genocidio y dijo que, por lo tanto, debe tomar una serie de medidas provisionales.
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Por 15 votos contra 2, la Corte instruyó a Israel tomar “todas las medidas a su alcance para impedir la comisión de todos los actos comprendidos en el ámbito del artículo II de la presente Convención” de Genocidio.
Estos actos, definidos en dicha Convención, son: “matar a miembros de un grupo [nacional, étnico, racial o religioso]; causar daños corporales o psíquicos graves a los miembros del grupo; infligir deliberadamente al grupo condiciones de vida destinadas a provocar su destrucción física total o parcial; e imponer medidas destinadas a prevenir los nacimientos dentro del grupo”.
Por 15 votos contra 2, la Corte instruyó a Israel garantizar “con efecto inmediato que sus fuerzas armadas no cometan ninguno de los actos” tendientes a genocidio según la Convención.
Por 16 votos contra 1, la Corte instruyó a Israel tomar “todas las medidas a su alcance para prevenir y castigar la incitación directa y pública a cometer genocidio en relación con miembros del grupo palestino en la Franja de Gaza“.
Por 16 votos contra 1, la Corte instruyó a Israel tomar “medidas inmediatas y efectivas para permitir la prestación de servicios básicos y asistencia humanitaria que se necesitan con urgencia para abordar las condiciones adversas de vida que enfrentan los palestinos en la Franja de Gaza“.
Por 15 votos contra 2, la Corte instruyó a Israel debe tomar “medidas efectivas para prevenir la destrucción y asegurar la preservación de pruebas relacionadas con las acusaciones” de Sudáfrica por genocidio.
Por 15 votos contra 2, la Corte instruyó a Israel enviar un informe dentro de un mes sobre estas medidas provisionales.
Los únicos jueces que votaron en contra de las medidas provisionales fueron Aharon Barak, que representó a Israel en la Corte, y la jueza Julia Sebutinde, originaria de Uganda.
Barak votó a favor de las medidas por sancionar los llamados al genocidio y la respectiva a la ayuda humanitaria, oponiéndose al resto.
Sebutinde votó en contra de todas las medidas provisionales.
Los jueces no instruyeron a Israel suspender la guerra contra Hamás en Gaza, que era la medida provisional de mayor peso solicitada por Sudáfrica.
La Corte determinó que sí cuenta con jurisdicción para analizar el caso que fue presentado por Sudáfrica, y que los hechos alegados por son plausibles, lo que fue un revés para la defensa de Israel que buscó que se desechara el caso.
Los jueces consideraron que existe una urgencia para actuar con medidas provisionales por su parte ante la situación que se vive en Gaza, tal y como lo solicitó Sudáfrica.
Como parte de la deliberación de la Corte sobre sus medidas provisionales, hicieron un llamado por la liberación de los rehenes de Hamás en Gaza.
La Corte decidió que los numerosos y altamente incendiarios comentarios hechos por algunos altos funcionarios israelíes, que podrían interpretarse como un respaldo a dañar deliberadamente a civiles, daban verosimilitud a las acusaciones de Sudáfrica de que Israel tiene intenciones genocidas en Gaza.
Al leer la sentencia, la presidenta de la Corte, Joan E. Donoghue, citó específicamente comentarios del ministro de Defensa, Yoav Gallant, el entonces ministro de Energía, Yisrael Katz, y el presidente Yitzhak Herzog, que habían despertado preocupaciones entre los jueces.
La cuestión de la intención es crucial para demostrar que puede estar en marcha un genocidio, y el tribunal esencialmente ignoró el argumento del equipo de defensa israelí de que los comentarios de altos funcionarios fuera del marco de toma de decisiones del gabinete de seguridad eran irrelevantes para determinar la política israelí respecto de la prosecución de la guerra.
Donoghue comenzó señalando las atrocidades perpetradas por Hamás el 7 de octubre señalando que el grupo terrorista había matado a más de 1.200 israelíes, herido a miles y secuestrado a 250 rehenes.
“Israel lanzó entonces un ataque que está causando masivas víctimas civiles y causando grandes daños a la infraestructura civil y ha desplazado a la gran mayoría” de los palestinos en Gaza, dijo.
“La Corte es muy consciente del alcance de la tragedia humana en la región y está profundamente preocupado por el sufrimiento actual en Gaza“, continuó.
“En opinión del tribunal, al menos algunos de los actos y omisiones cometidos por Israel en Gaza parecen estar comprendidos en las disposiciones de la convención sobre genocidio. A la luz de lo siguiente, el tribunal concluye que tiene jurisdicción prima facie para conocer el caso sobre la base del artículo 9 de la Convención sobre Genocidio”, entonó Donoghue mientras leía la orden judicial.
“El tribunal no puede acceder a la solicitud de Israel de que no considere la solicitud”.
Donoghue leyó varias declaraciones de funcionarios de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud y otros que han descrito la situación humanitaria en Gaza.
Tras la sentencia emitida por la Corte, la Autoridad Palestina celebró su decisión.
Mientras tanto, Sudáfrica elogió la decisión, calificándola de “victoria decisiva para el Estado de Derecho internacional y un hito importante en la búsqueda de justicia para el pueblo palestino”.
El fallo no aborda por el momento la acusación central del caso (si ha ocurrido o no genocidio en Gaza) sino que se centra en la intervención urgente buscada por Sudáfrica.
Un fallo de la Corte para determinar si acciones realizadas por Israel constituyen genocidio podría demorar años.
Las medidas provisionales del tribunal son jurídicamente vinculantes, pero no está claro si Israel cumplirá.
Sudáfrica argumentó hace dos semanas que la ofensiva aérea y terrestre de Israel tiene como objetivo provocar “la destrucción de la población” de Gaza.
Israel rechaza las acusaciones por considerarlas falsas y difamatorias, diciendo que respeta el derecho internacional y tiene derecho a defenderse.
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