Un tribunal federal de EE. UU. dijo en respuesta a una petición que la guerra de Israel contra el grupo terrorista Hamás en Gaza tiene como objetivo exterminar a la población local y, por lo tanto, podría ser un genocidio, informó The Times of Israel.
El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California concluyó que la ofensiva militar de Israel “tiene como objetivo erradicar a todo un pueblo y, por lo tanto, es plausible que entre dentro de la prohibición internacional contra el genocidio”.
La petición presentada por Defense of Childres International-Palestina acusó al gobierno de Estados Unidos, en nombre de los grupos de derechos palestinos y de los palestinos en Gaza y en Estados Unidos, de “no prevenir y ser cómplice del genocidio que está desarrollando el gobierno israelí contra ellos, sus familias y los 2,2 millones de palestinos en Gaza”. Insta al gobierno federal a bloquear la ayuda a Israel.
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Washington y la comunidad internacional están cada vez más preocupados por el número de muertos civiles en los combates. Israel dice que se esfuerza por evitar atacar a los civiles, pero que Hamás se ha infiltrado deliberadamente entre la población local para utilizarla como escudos humanos.
Si bien desestimó la petición por motivos jurisdiccionales, el tribunal instó al gobirno del presidente estadounidense Joe Biden a “examinar los resultados de su apoyo incansable al asedio militar contra los palestinos en Gaza”.
El juez Jeffrey White basó la decisión en testimonios “incontrovertidos” de 7 familiares palestinos de personas asesinadas durante la guerra, junto con “opiniones de expertos ofrecidas en la audiencia sobre estas mociones, así como declaraciones hechas por varios funcionarios del gobierno israelí”.
También se apoyó en la reciente decisión de la Corte Internacional de Justicia de no rechazar de plano el caso de Sudáfrica que acusa a Israel de “genocidio”.
“Es obligación de cada individuo enfrentar el actual asedio en Gaza“, escribió White, pero señaló que no tenía jurisdicción sobre el asunto.
White escuchó testimonio el viernes pasado en un tribunal federal de Oakland en la inusual demanda presentada en noviembre en nombre de organizaciones palestinas de derechos humanos y personas cuyos familiares murieron.
La denuncia buscaba una orden que exigiera que Biden, el secretario de Estado Antony Blinken y el Secretario de Defensa Lloyd Austin “cumplan con su deber de prevenir, y no promover, el genocidio que se está desarrollando contra el pueblo palestino en Gaza”.
White se negó a emitir una orden judicial preliminar y desestimó el caso. Pero criticó a la administración y escribió: “Hay casos raros en los que el resultado preferido es inaccesible para la Corte. Este es uno de esos casos”.
Admitió el argumento de los demandantes de que “es plausible que la conducta de Israel equivalga a genocidio” e imploró a la Casa Blanca “que examine los resultados de su apoyo incansable al asedio militar contra los palestinos en Gaza”.
La demanda pedía al tribunal que declarara que los acusados habían violado sus deberes de prevenir el genocidio y no ser cómplices de su comisión.
Buscó alivio inmediato, incluida la orden al presidente y a otros funcionarios estadounidenses de ejercer su influencia sobre Israel para detener sus bombardeos, levantar el asedio en Gaza y dejar de proporcionar o facilitar la venta de armas a Israel.
También pidió al tribunal que ordenara a los acusados que dejaran de obstruir los intentos de la comunidad internacional de pedir un alto el fuego en Gaza.
Estados Unidos vetó en diciembre una resolución de las Naciones Unidas que pedía un alto el fuego humanitario inmediato.
Entre los demandantes se encontraban Defense for Children International, con sede en Ramallah, Judea y Samaria, y palestinos en Gaza y Estados Unidos, incluido Waeil Elbhassi, un ciudadano estadounidense de origen palestino que vive en California.
La audiencia de la semana pasada en California se produjo el mismo día en que el tribunal superior de las Naciones Unidas reprendió a Israel por su conducta en tiempos de guerra y ordenó a su gobierno hacer todo lo posible para evitar la muerte, la destrucción y cualquier acto de genocidio, pero no llegó a ordenar el fin de la guerra.
Las ramas políticas del gobierno estadounidense tienen amplia autoridad sobre la política exterior, como dictaminó el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito cuando la familia de la estudiante universitaria estadounidense Rachel Corrie intentó demandar al fabricante estadounidense de topadoras Caterpillar por ayudar a Israel en crímenes de guerra.
Corrie fue atropellada y murió en 2003 mientras intentaba detener la demolición de una casa en Gaza. Las FDI dijeron que sus soldados no podían verla.
Aún así, la demanda ha llamado la atención sobre los miles de palestinos estadounidenses y otros defensores que piden un alto el fuego.
En repetidas ocasiones han salido a las calles pidiendo a Estados Unidos que deje de suministrar armas a Israel y han exigido a los gobiernos locales de ciudades y condados que adopten resoluciones de alto el fuego a pesar de que los funcionarios estadounidenses locales tienen poca influencia sobre la política exterior.
Después de escuchar horas de testimonio el viernes, White calificó el asunto que tenía ante sí como “la decisión judicial más difícil que jamás haya tomado”, según el San Francisco Chronicle.
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