Un acuerdo alcanzado por los líderes del Congreso estadounidense y la Casa Blanca sobre un enorme proyecto de ley que financia al ejército, el Departamento de Estado y una serie de otros programas gubernamentales mantendrá la prohibición de la financiación estadounidense para la UNRWA, la principal agencia de la ONU para los palestinos, hasta marzo de 2025, dijeron dos fuentes, según The Times of Israel.
La administración del presidente estadounidense Joe Biden dijo en enero que suspendería temporalmente la financiación de la Agencia de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (UNRWA) después de acusar Israel a más de una docena de miembros del personal de la agencia de participar directamente en el ataque de Hamás del 7 de octubre y decir que cientos más estaban vinculados con terroristas.
El Senado de Estados Unidos aprobó el mes pasado una legislación que recorta la financiación de la agencia, parte de un proyecto de ley de 95.000 millones de dólares que proporciona ayuda a Ucrania, Israel y Taiwán y que se ha estancado en la Cámara de Representantes.
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Los partidarios de la ayuda han estado tratando de restablecerla, pidiendo a Washington que apoye al organismo mientras los grupos de ayuda trabajan para protegerse de la crisis humanitaria y una posible hambruna en Gaza.
Según las dos fuentes familiarizadas con el acuerdo, la financiación quedaría bloqueada durante un año y los detalles de esfuerzos alternativos para proporcionar asistencia humanitaria a los palestinos en Gaza se discutirían después de que la legislación se hiciera pública.
La Casa Blanca y los líderes del Congreso declinaron hacer comentarios sobre los detalles del acuerdo hasta que se publiquen los textos de los proyectos de ley de gasto.
La ONU inició una investigación sobre las acusaciones contra el personal de la UNRWA y la agencia despidió a algunos miembros del personal después de recibir la información proporcionada por Israel.
Estados Unidos, el mayor donante de la UNRWA, que proporciona entre 300 y 400 millones de dólares al año, quiere ver los resultados de esa investigación y las medidas correctivas tomadas antes de considerar reanudar la financiación.
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