Familias canadienses de víctimas de Hamás demandan al gobierno por financiación de la UNRWA

Las familias canadienses que perdieron a sus seres queridos en los horribles ataques terroristas de Hamás el 7 de octubre de 2023, junto con el Centro para Asuntos Israelíes y Judíos (CIJA), presentaron el jueves una solicitud ante el Tribunal Federal para una revisión judicial de la decisión del Gobierno de Canadá de reanudar la financiación para la agencia de la ONU para los “refugiados palestinos”, UNRWA, sosteniendo que la decisión de hacerlo era evidentemente irrazonable porque viola la ley canadiense, informó Arutz Sheva.

Aunque no hay duda de que la ayuda humanitaria es necesaria y debe llegar urgentemente a la población civil de Gaza, la solicitud expone los argumentos de por qué la UNRWA no puede ser la agencia para cumplir con esta responsabilidad y debería ser descalificada para recibir financiación.

CIJA señaló en un comunicado que, según la ley canadiense, la financiación sólo puede destinarse a organizaciones que respeten los valores canadienses y las normas internacionales de derechos humanos. Además, dados los vínculos bien documentados de la UNRWA con Hamás, una organización terrorista según la ley canadiense, al reanudar la financiación canadiense a la UNRWA, el gobierno está violando su propia legislación antiterrorista, dijo CIJA.

Canadá fue uno de los 16 países que en enero suspendieron los pagos a la UNRWA, poco después de que Israel dijera que 12 miembros del personal de la UNRWA habían participado en el ataque de Hamás del 7 de octubre.

Sin embargo, Canadá anunció el mes pasado que reanudará la financiación a la UNRWA, diciendo que la agencia de la ONU “desempeña un papel vital en Gaza”.

Además de CIJA, los demandantes son: Dikla Mizrachi, madre de Ben Mizrachi; Iris Liniado, hija de Judih Weinstein Haggai; Jacqui Vital, madre de Adi Vital-Kaploun; y Raquel Ohnona, madre de Alexandre Look, canadienses que perdieron a familiares a causa de la violencia de Hamás desde el 7 de octubre.

El desafío legal está liderado por el conocido abogado de derechos humanos con sede en Ottawa, Lawrence Greenspon, y la co-abogada Jillian Siskind, miembros del Grupo de Trabajo Legal de CIJA. De conformidad con las normas del Tribunal Federal, esta solicitud debía presentarse dentro de los 30 días siguientes a la decisión del Gobierno.

Dikla Mizrachi, Iris Liniado, Jacqui Vital y Raquel Ohnona dijeron en una declaración conjunta: “Nuestras familias están consternadas y asqueadas por la decisión del gobierno canadiense de restablecer la financiación a la UNRWA, dados sus vínculos y su apoyo al terrorismo que se llevó las vidas de nuestros seres queridos”.

Lawrence Greenspon, socio principal de Greenspon Granger Hill, dijo: “Las familias canadienses que valientemente están demandando al Gobierno de Canadá por esta decisión lo hacen porque entienden de primera mano las consecuencias de permitir que la UNRWA se beneficie del apoyo canadiense, ya sea que la cuestión se refiera a la participación directa de su personal en los ataques del 7 de octubre o a que sus maestros adoctrinaron a niños palestinos en el odio extremista glorificando el terrorismo, alabando a Hamás y abogando por el asesinato de judíos. Estas familias han sufrido y están sufriendo enormemente por la pérdida de seres queridos asesinados por el terrorismo de Hamás, que ha sido impulsado por fondos que fueron enviados a la UNRWA”.

“Los vínculos de la UNRWA con Hamás son conocidos e ignorados desde hace mucho tiempo, lo que les permite operar con impunidad. Sin embargo, en un mundo posterior al 7 de octubre, negar la realidad o seguir guardando silencio ante estos hechos es complicidad. Canadá nunca debería haber restablecido la financiación; hacerlo equivalía a darles permiso para continuar como representantes de Hamás”, añadió.

Richard Marceau, vicepresidente de Asuntos Exteriores y asesor general de CIJA, dijo: “El dinero canadiense entregado a la UNRWA sólo ayudará a Hamás a continuar atacando a judíos y otros israelíes. Con esta solicitud ahora presentada oficialmente, sería inapropiado que el Gobierno de Canadá continúe transfiriendo dinero de los impuestos canadienses a la UNRWA hasta que se emita un fallo judicial sobre la solicitud, especialmente cuando existen otras organizaciones creíbles y calificadas para esta ayuda humanitaria, como la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional (CIDA), el Programa Mundial de Alimentos y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos”.