La Fiscal General Gali Baharav-Miara arremetió este lunes contra el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, insistiendo en que el sistema legal de Israel está investigando activamente acusaciones de posible conducta criminal en Gaza y que, por lo tanto, su solicitud de órdenes de arresto contra el primer ministro y el ministro de Defensa es apresurada e inapropiada, informó The Times of Israel.
En sus primeros comentarios dirigidos directamente a Khan, la fiscal general afirmó que su investigación de las acciones de Israel durante el conflicto con Hamás carecía de jurisdicción y que su solicitud de órdenes de arresto era “infundada”.
Dijo que la intervención del fiscal violaba un principio fundamental de la corte internacional al no permitir que un sistema legal independiente, como el de Israel, abordara cualquier inquietud antes de tomar medidas.
Los comentarios de la fiscal general se producen mientras Israel enfrenta un intenso escrutinio legal sobre su conducción de la guerra contra Hamás en Gaza, y el fiscal de la CPI solicitó la semana pasada que el tribunal emita órdenes de arresto para el primer ministro Benjamín Netanyahu y el ministro de Defensa Yoav Gallant por crímenes de lesa humanidad y cargos de crímenes de guerra y la intervención de la Corte Internacional de Justicia el viernes en la operación en curso de las FDI en Rafah.
Khan también solicitó órdenes judiciales contra tres altos líderes de Hamás.
“La decisión del fiscal ignora, entre otras cosas, el hecho de que el sistema legal israelí ha demostrado su independencia en el pasado, su imparcialidad y su compromiso con los valores de la verdad y la justicia”, dijo Baharav–Miara en la reunión anual de la Barra de Abogados de Israel en Eilat.
“No dudamos en aplicar la ley a cualquier persona, incluso a los jefes militares y estatales, si existen sospechas fundadas de violaciones de la ley. Examinamos y examinaremos minuciosamente las sospechas de acciones ilegales. No necesitamos ayuda externa para aclarar la sospecha de actividad criminal”.
También señaló que el propio ejército está llevando a cabo investigaciones penales sobre posibles violaciones de la ley durante la guerra en Gaza.
“Los Estados que crearon el tribunal [de la CPI] lo vieron como una herramienta para abordar situaciones en las que ‘no hay ley ni juez’. Esa no es nuestra situación”, afirmó.
“Las medidas adoptadas por el fiscal de la CPI contravienen la idea jurídica básica sobre la que se fundó la Corte, el principio de complementariedad”, señaló, en referencia al principio de los estatutos de la CPI según el cual no puede aceptar un caso si el Estado en cuestión está dispuesto y es capaz de investigar las presuntas irregularidades.
También señaló que, según la ley israelí, se puede nombrar una comisión estatal de investigación que sea independiente del sistema político y tenga amplios poderes de investigación y cuyas conclusiones puedan utilizarse para acciones posteriores en el ámbito legal.
Estas comisiones se establecen por decisión del gabinete o por conducto de la Comisión de Control Estatal del Knéset.
“Hubiera sido más correcto que el fiscal [de la CPI] esperara hasta que se completaran los procedimientos internos del estado antes de tomar una decisión”, dijo Baharav–Miara. “Hubiera sido correcto darle al Estado de Israel una oportunidad justa en este sentido”.
Baharav-Miara también dijo que “cualquier persona inteligente que mire directamente la realidad sabe que los desafíos de luchar contra Hamás no tienen precedentes”, y afirmó que la organización terrorista no sólo viola el derecho internacional sino que también “abusa de manera manipuladora del compromiso de Israel con esas reglas”.
E insistió en que las FDI están operando de acuerdo con las leyes de la guerra, lo que describió como una posición “no de debilidad sino de fortaleza, la fuerza moral del Estado judío y democrático”.
En este contexto, Baharav–Miara denunció los procedimientos de la Corte Internacional de Justicia contra Israel, diciendo que la acusación de Sudáfrica de que Israel está cometiendo genocidio era “escandalosa” y un “uso cínico e ilegítimo de los procedimientos de la corte”.
También describió la demanda de Sudáfrica como “infundada” y como “totalmente distorsionante del concepto de ‘genocidio’”.
“Hamás es una organización genocida que asesina a israelíes y judíos por ser quienes son. Está cometiendo crímenes de guerra abominables en este mismo momento. Hamás es responsable del sufrimiento de los residentes de Gaza, no se ocupa de ellos. Ha invertido enormes sumas de dinero en la construcción de infraestructura terrorista y utiliza a civiles como escudos humanos”.
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