La Corte Suprema de Justicia de Israel emitió una orden provisional este domingo instruyendo al Contralor Estatal Matanyahu Englman a suspender cualquier aspecto de su investigación sobre las fallas relacionadas con los ataques de Hamás del 7 de octubre que tienen que ver con las FDI y el Shin Bet, informó The Times of Israel.
La jueza Gila Canfy-Steinitz escribió que después de haber revisado documentos de posición clasificados presentados por las agencias de seguridad, decidió ordenar al contralor que detenga su amplia investigación hasta que el tribunal celebre una audiencia sobre las peticiones contra su examen del 7 de octubre en julio.
La investigación de Matanyahu ha sido controvertida desde que la anunció en diciembre de 2023. Los grupos de vigilancia del buen gobierno presentaron una petición al tribunal contra la iniciativa del contralor, argumentando que no estaba en su competencia y dañaría las capacidades operativas de las FDI, y expresando preocupación de que la investigación ignorar la responsabilidad política por la devastadora invasión y masacres.
Las FDI y la Fiscalía Estatal también se opusieron a la investigación.
Englman ha argumentado, sin embargo, que una demora prolongada perjudicaría las posibilidades de realizar una revisión exhaustiva y efectiva de la calamidad del 7 de octubre.
En diciembre, el Contralor anunció que llevaría a cabo una amplia investigación sobre la invasión y masacre del 7 de octubre perpetrada por Hamás, afirmando que su oficina examinaría todos los aspectos de los “fallos multisistémicos”, incluido el examen de aquellos con “defectos personales”. responsabilidad” por los “fracasos en todos los niveles: político, militar y civil”.
El jefe del Estado Mayor de las FDI, Herzi Halevi, le pidió que retrasara la investigación sobre el ejército, afirmando en una carta en enero que “desviaría la atención de los comandantes de los combates, dañaría la capacidad de investigación operativa y no permitiría extrayendo las lecciones necesarias para lograr los objetivos de la guerra”.
La Fiscalía Estatal adoptó la posición de los peticionarios oponiéndose a los esfuerzos del contralor, afirmando que su investigación causaría “daño sustancial a la capacidad operativa de los servicios de seguridad y perjudicaría los combates”.
Después de dictaminar en mayo que no detendría la investigación de la contraloría, Canfy-Steinitz revirtió su posición el domingo.
“En vista de la compleja realidad de la seguridad, el alcance previsto de la investigación (que abordará, entre otras cosas, el sistema de apoyo al combate y la cuestión operativa central) y la preparación necesaria para responder [a la investigación] en el momento actual, y aunque doy un peso significativo a los documentos de posición clasificados de las agencias de seguridad que me han sido presentados, ordeno la suspensión de los procedimientos de investigación en todo lo que se relaciona con las FDI y el Shin Bet”, dictaminó Canfy–Steinitz.
El jefe del Movimiento por un Gobierno de Calidad, Eliad Shraga, respondió que el tribunal había aceptado “completamente” la posición de su organización y determinó que “no se debe permitir que el contralor perturbe las actividades del ejército y del Shin Bet en este momento fatídico”.
Después del fallo, la organización de Shraga presentó rápidamente una nueva petición exigiendo el establecimiento de una comisión estatal de investigación sobre el desastre del 7 de octubre.
Establecer una comisión estatal de investigación “es nuestro imperativo ético y moral hacia los héroes de Israel que han dado sus vidas, las docenas de ciudades destruidas y los miles de evacuados”, dijo Shraga.
La petición sostiene que el ataque de Hamás expuso fallas sustanciales en todos los niveles, desde el político hasta el militar, y fue el mayor desastre político y de seguridad de la historia del país.
Las comisiones estatales de investigación pueden establecerse mediante una resolución gubernamental o la Comisión de Control Estatal de la Knéset, y son paneles independientes cuyos miembros son seleccionados por el presidente de la Corte Suprema entre jueces en activo o retirados de la Corte Suprema o de los tribunales de distrito.
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