Víctimas del 7 de octubre demandaron este lunes a Irán, Siria y Corea del Norte, alegando que sus gobiernos suministraron a Hamás dinero, armas y conocimientos necesarios para el ataque contra Israel.
La demanda, presentada en un tribunal federal de Nueva York, pide al menos 4.000 millones de dólares en daños y perjuicios por “una coordinación de ejecuciones extrajudiciales, tomas de rehenes y horrores relacionados para los cuales los acusados proporcionaron apoyo material y recursos”, de acuerdo con The Times of Israel.
“Si bien nada podrá deshacer el dolor insoportable que Hamás causó a nuestra familia o las brutales pérdidas que hemos sufrido, esperamos que este caso traiga algún sentido de justicia”, dijo la demandante Nahar Neta, cuya madre nacida en Estados Unidos, Adrienne Neta, fue asesinada el 7 de octubre.
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Presentado por la ADL, es el mayor caso contra países extranjeros en relación con el ataque, y el primero respaldado por una organización judía.
Debido a que esos países rara vez acatan los fallos judiciales en su contra en Estados Unidos, si los demandantes de la demanda tienen éxito, podrían solicitar una compensación de un fondo creado por el Congreso que permite a las víctimas estadounidenses del terrorismo recibir pagos.
El dinero proviene de activos incautados, multas u otras sanciones impuestas contra quienes, por ejemplo, hacen negocios con un Estado patrocinador del terrorismo.
La demanda se basa en conclusiones judiciales anteriores, informes de Estados Unidos y otras agencias gubernamentales, y declaraciones realizadas durante algunos años por funcionarios de Hamás, Irán y Siria sobre sus vínculos.
La denuncia también señala indicios de que los combatientes de Hamás utilizaron armas norcoreanas en el ataque del 7 de octubre.
Pero la demanda no proporciona evidencia específica de que Teherán, Damasco o Pyongyang supieran de antemano sobre el ataque.
Acusa a los tres países de proporcionar armas, tecnología y apoyo financiero necesarios para que se produzca el ataque.
Irán ha negado tener conocimiento previo del ataque del 7 de octubre, aunque funcionarios hasta el líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, han elogiado el ataque.
Irán ha armado a Hamás para contrarrestar a Israel, a quien la República Islámica ha considerado durante mucho tiempo su archienemigo regional.
La vecina Siria ha dependido del apoyo iraní para mantener en el poder al asediado presidente sirio Bashar Assad durante la guerra civil que comenzó con las protestas de la Primavera Árabe de 2011.
Al igual que Irán, Siria también ofreció apoyo público a Hamás después del ataque del 7 de octubre.
Corea del Norte niega que esté armando a Hamás. Sin embargo, un vídeo terrorista y armas incautadas por Israel muestran que los combatientes de Hamás probablemente dispararon armas norcoreanas durante el ataque del 7 de octubre.
La demanda cita específicamente el uso de la granada F-7 en el ataque como una señal de la participación de Pyongyang.
“A través de este caso, podremos probar lo que ocurrió, quiénes fueron las víctimas, quiénes fueron los perpetradores, y no solo crearemos un registro en tiempo real, sino para toda la historia”, dijo uno de los abogados de la ADL. El grupo de defensa de los derechos humanos habla con frecuencia contra el antisemitismo y el extremismo.
“Irán es el principal Estado patrocinador del antisemitismo y el terrorismo en el mundo; junto con Siria y Corea del Norte, deben ser considerados responsables por su papel en el mayor ataque antisemita desde el Holocausto“, dijo el director ejecutivo de la ADL, Jonathan Greenblatt, en un comunicado.
La demanda se presentó en nombre de más de 125 demandantes, incluidos los herederos y familiares de las personas que murieron, además de personas que resultaron heridas física y/o emocionalmente. Todos están relacionados con, o son ellos mismos, ciudadanos estadounidenses.
Según la legislación estadounidense, los gobiernos extranjeros pueden ser considerados responsables, en algunas circunstancias, por muertes o lesiones causadas por actos de terrorismo o por proporcionarles apoyo material o recursos.
La ley de 1976 citada en la demanda, la Ley de Inmunidad Soberana Extranjera, es una herramienta frecuente para los demandantes estadounidenses que buscan responsabilizar a los gobiernos extranjeros.
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