El historial del nuevo presidente de la UE está empañado por el antisemitismo, afirma la comunidad judía portuguesa

Los líderes judíos portugueses han acusado a António Costa, presidente entrante de la Unión Europea y ex primer ministro de Portugal, de promover el antisemitismo, advirtiendo que podría usar su posición en la UE para amenazar la vida judía en el continente.

El ex primer ministro de Portugal, próximo a convertirse en presidente de la Unión Europea, acusado de “animosidad” hacia los judíos.

La Comunidad Judía de Oporto emitió un comunicado el lunes denunciando al presidente entrante del Consejo de la Unión Europea, António Costa, quien a finales del año pasado renunció a su cargo de Primer Ministro de Portugal debido a investigaciones de corrupción en curso en torno a sus colaboradores más cercanos.

Los líderes de la comunidad judía de Oporto afirman en un libro recién publicado que Costa estuvo involucrado en la persecución de la comunidad judía más fuerte de Portugal y condujo a la derogación de la Ley de Nacionalidad de Portugal de 2015 (también conocida como Ley Sefardí), que otorgaba la ciudadanía portuguesa a los descendientes de los judíos que fueron obligados a abandonar el país en el siglo XV y en los siglos siguientes.

Medio año después de la destitución del gobierno portugués debido a escándalos de corrupción, Costa fue nombrado presidente del Consejo de la Unión Europea, uno de los tres puestos de liderazgo más importantes de la UE.

La comunidad judía de Oporto ha elaborado un informe en profundidad que ha publicado gratuitamente en Amazon titulado ¡El Plan! La vida judía amenazada en Europa, documenta las acciones del gobierno socialista de Costa contra los judíos y la comunidad judía y advierte que esto podría convertirse ahora en un problema continental cuando el ex primer ministro portugués asuma su nuevo papel en la UE más adelante este año, según World Israel News.

“Creemos que es importante dar a conocer al público en general la historia de quienes están a punto de asumir un papel importante en la Unión Europea”, afirmó el presidente de la comunidad judía de Porto, Gabriel Senderowicz. “La Unión Europea tiene un plan para ayudar a promover la vida judía en los próximos años. Sin embargo, esto podría verse amenazado por el nombramiento de un hombre que tiene un historial de animosidad hacia los judíos, la ley y la comunidad judía y trató de reducirla y atacarla en su país de origen durante su mandato como primer ministro”.

“Es vital que los europeos conozcan la verdadera identidad e ideología de Costa y que el mundo judío comprenda los peligros para las comunidades judías del continente”.

Algunas de las afirmaciones hechas en el informe incluyen el hecho de que el ministro de Asuntos Exteriores del gobierno de Costa, Augusto Santos Silva, trabajó duro para revocar la “ley de nacionalidad sefardí” debido a la “causa palestina” (“Causa Palestina”) en las palabras del presidente de la república portuguesa.

Antonio Costa es amigo íntimo (y también fue padrino de boda) de Constança Sosa quien en 2020, obedeciendo los deseos de Santos Silva, lideró el destructivo debate en el Parlamento contra la “Ley de Nacionalidad Sefardí”.

Incluso comparó el aumento exponencial de judíos sefardíes expulsados ​​de Portugal con la propagación del coronavirus y dijo en una comisión parlamentaria que habría “decenas de millones” de judíos de origen sefardí solicitando la ciudadanía para intentar asustar a la gente respecto a la ley.

En coordinación, los opositores a la ley orquestaron una campaña empleando tropos antisemitas para socavar la ley. La comunidad aporta pruebas documentales que lo atestiguan.

El libro demuestra que las acusaciones contra la comunidad judía de Oporto fueron parte de una campaña antisemita de difamación por parte de periodistas y formadores de opinión que se unieron a los esfuerzos del gobierno.

Antonio Costa es hermano de Ricardo Costa, director de dos de los medios de comunicación que más publicaciones negativas hicieron contra la comunidad judía de Oporto y contra la “ley de nacionalidad sefardí”, lo que llevó a la comunidad a publicar otro libro, también el pasado del viernes, titulado “Corrupción periodística en Portugal: cómo intentar destruir una comunidad judía”.

En cuanto a la persecución de la comunidad judía de Oporto, fue la ministra de Justicia de Costa, Francisca Van Dunen, quien envió “quejas anónimas” contra la comunidad al fiscal general de Lisboa que ella misma había designado. Ese Fiscal General aprobó la apertura de una investigación contra la comunidad judía que la policía de Oporto ya había rechazado por falta de credibilidad de las denuncias anónimas.

La investigación de la fiscalía y la policía de Lisboa incluyó un escandaloso registro en la sinagoga de Oporto, la más grande de la Península Ibérica, así como en las viviendas de los miembros del consejo comunitario, un humillante allanamiento a instituciones comunitarias y una serie de otras medidas basadas en nada.

Estas medidas fueron un intento de destruir la reputación de la comunidad y promover el odio y la discriminación contra ella, lo que incluyó amenazas de bomba contra la sinagoga y el museo del Holocausto de Oporto, así como manifestaciones de miles de personas contra los “terratenientes judíos” de la comunidad, algunos de los cuales son inversores en el mercado inmobiliario.

Además, António Costa logró salir de las actuales investigaciones por corrupción contra el gobierno, después de ofrecerse como testigo y no como acusado por la misma fiscal, Rita Madeira, que dirigió la investigación contra la comunidad judía de Oporto, que ya ha sido definida por el Tribunal de Apelación de Lisboa como un caso “basado en nada”.

João Peres, el renombrado abogado penalista portugués que ha disfrutado de una carrera de 50 años, explicó algunas de las acciones ilegales y manifiestamente injustas tomadas en el marco de la investigación de Rita Madeira, diciendo que “nunca había visto un comportamiento procesalmente injusto y deshonesto por parte de un fiscal”, que lleva a cabo una investigación sin excepción alguna, durante la cual se detuvo ilegalmente a un rabino, se realizaron registros ilegales en una sinagoga y otros lugares pertenecientes a la comunidad judía, todo ello basándose en cartas anónimas difamatorias, y poniendo en duda la honorabilidad e incluso el judaísmo de los líderes comunitarios”.

“Lo que veo hoy es que el caso se mantiene bajo secreto judicial durante 9 meses más allá del límite legal para ocultar todas estas ilegalidades y otras que se irán conociendo, notificaciones sin fecha ni firma, documentos procesales de notificación obligatoria que se me ocultan. para evitar mi apelación o para obligarme a apelar a ciegas, lo cual es una vergüenza absoluta que no puedo tolerar y ante la cual obviamente reaccionaré con dureza en interés de la justicia”.

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