La Corte Internacional de Justicia es de la idea de que la presencia de Israel en los territorios palestinos es “ilegal” y llamó a ponerle fin, determinó en una opinión consultiva emitida este viernes.
El juez mexicano Juan Manuel Gómez Robledo, uno de los integrantes de la Corte Internacional de Justicia, votó a favor de todos los puntos de la opinión consultiva.
El máximo tribunal de la ONU dijo que Israel ha abusado de su condición de potencia ocupante en Judea y Samaria (Cisjordania) y Jerusalén Este al llevar a cabo políticas de anexión de territorio, imposición de control permanente y construcción de asentamientos.
Dijo que tales actos hacen que “la presencia de Israel en el territorio palestino ocupado sea ilegal”. Indicó que su presencia continua es “ilegal” y debe terminar “lo más rápido posible”.
Aunque la opinión consultiva no es vinculante, el fallo podría tendrá más efecto en la opinión internacional que en las políticas israelíes.
El presidente de la Corte Internacional de Justicia, Nawaf Salam, se tomó alrededor de una hora para leer la opinión completa del panel, que está compuesto por 15 jueces de todo el mundo.
En parte de la opinión, dijo que el panel había determinado que “la transferencia por parte de Israel de colonos a Cisjordania y Jerusalén, así como el mantenimiento de su presencia por parte de Israel, es contrario al artículo 49 de la Cuarta Convención de Ginebra”.
El tribunal también observó con “grave preocupación” que la política de asentamientos de Israel se ha ido expandiendo.
El tribunal también concluyó que el uso de los recursos naturales por parte de Israel es “inconsistente” con sus obligaciones bajo el derecho internacional como potencia ocupante.
La opinión consultiva fue emitida en medio de la guerra que Israel lleva a cabo contra Hamás en Gaza, desencadenada por el ataque del grupo terrorista el 7 de octubre.
En un caso separado, la Corte Internacional de Justicia está considerando una afirmación sudafricana de que la campaña de Israel en Gaza equivale a genocidio, afirmación que Israel niega con vehemencia.
Israel capturó los territorios de Judea y Samaria, Jerusalén Este y la Franja de Gaza en la Guerra de los Seis Días de 1967. Los palestinos buscan las tres áreas para un estado independiente.
Israel considera que Judea y Samaria es un territorio en disputa, cuyo futuro debe decidirse en negociaciones políticas directas con los palestinos, no en la Corte Internacional de Justicia.
Se anexó Jerusalén Este en una medida que no está reconocida internacionalmente, mientras que se retiró de Gaza en 2005 pero ha mantenido un bloqueo del territorio después de que Hamás tomó el poder en 2007.
La comunidad internacional generalmente considera que las tres áreas son territorio ocupado.
En audiencias celebradas en febrero, el entonces canciller palestino, Riad Malki, acusó a Israel de apartheid e instó al máximo tribunal de las Naciones Unidas a declarar que la ocupación israelí de tierras buscadas por los palestinos es ilegal y debe terminar de inmediato e incondicionalmente.
Israel, que normalmente considera que las Naciones Unidas y los tribunales internacionales son injustos y parciales en su contra, no envió un equipo legal a las audiencias.
Pero presentó comentarios por escrito, diciendo que las preguntas planteadas al tribunal están prejuiciosas y “no reconocen el derecho y el deber de Israel de proteger a sus ciudadanos”, no abordan las preocupaciones de seguridad israelíes o no reconocen los acuerdos para negociar cuestiones, incluido “el estatus permanente del territorio, disposiciones de seguridad, asentamientos y fronteras”.
Los palestinos presentaron argumentos en febrero junto con otras 49 naciones y tres organizaciones internacionales.
No es la primera vez que se le pide a la Corte Internacional de Justicia que dé su opinión jurídica sobre las políticas israelíes.
Hace 20 años, el tribunal dictaminó que la barrera de separación de Israel en Judea y Samaria es “contraria al derecho internacional”.
Israel boicoteó esos procedimientos, diciendo que tenían motivaciones políticas.
Israel dice que la barrera es una medida de seguridad. Los palestinos dicen que la estructura equivale a una apropiación masiva de tierras porque con frecuencia se adentra en Judea y Samaria.
La Asamblea General de la ONU votó por un amplio margen en diciembre de 2022 para solicitar una opinión consultiva a la Corte Penal Internacional.
Israel se opuso vehementemente a la petición promovida por los palestinos. Cincuenta países se abstuvieron de votar.
Israel ha construido más de 100 asentamientos, según el grupo de seguimiento anti-asentamientos Paz Ahora.
La población de israelíes que vive en Judea y Samaria ha crecido más del 15% en los últimos cinco años hasta alcanzar más de 500.000 israelíes, según un grupo en pro de los asentamientos.
Israel considera que toda la ciudad de Jerusalén es su capital. Otros 200.000 israelíes viven en asentamientos construidos en Jerusalén Este que Israel considera barrios de su capital.
La comunidad internacional considera que todos los asentamientos son ilegales o constituyen un obstáculo para la paz, ya que están construidos en tierras que los palestinos buscan para su Estado.
El gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu cuenta con políticos clave a favor de los asentamientos y que incluso buscan la anexión del territorio.
Netanyahu ha otorgado a su ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, un exlíder de los asentamientos, una autoridad sin precedentes sobre la política de asentamientos.
Smotrich ha utilizado esta posición para consolidar el control de Israel sobre Judea y Samaria impulsando planes para construir más asentamientos y legalizar puestos de avanzada.
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