Israel condenó este miércoles la orden de arresto sobre Edmundo González emitida por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela.
“Israel condena la orden de arresto emitida por el gobierno venezolano contra el candidato presidencial opositor Edmundo González Urrutia, tras el último proceso electoral del 28 de julio en el que González obtuvo la mayor cantidad de votos”, dijo la cancillería de Israel en un comunicado.
“Israel sigue con preocupación la situación en Venezuela y espera un cambio que refleje la voluntad de los votantes”, agregó.
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El abogado de González dijo este miércoles que la Fiscalía General no aceptaría formalmente su declaración jurada explicando por qué el opositor ignoró tres citaciones, en medio de una disputa electoral en curso.
La citación se produjo antes de que el lunes se emitiera una orden de arresto contra González por acusaciones de usurpación de funciones, falsificación de documentos públicos y conspiración, entre otros cargos.
La citación se basó en un caso relacionado: una investigación sobre un sitio web donde la oposición publicó copias de los recuentos de votos de las disputadas elecciones de julio que llevaron a protestas mortales y al arresto de figuras de la oposición de alto perfil.
La autoridad electoral nacional de Venezuela y su máximo tribunal han dicho que el presidente Nicolás Maduro fue el vencedor de las elecciones con poco más de la mitad de los votos, pero los recuentos de la oposición muestran una victoria contundente de González.
La oposición, algunos países occidentales y organismos internacionales como un panel de expertos de las Naciones Unidas han dicho que la votación no fue transparente y exigieron la publicación de los recuentos completos, y algunos denunciaron abiertamente el fraude.
Muchos países, incluido Estados Unidos, también han criticado la orden de arresto, que siguió a semanas de comentarios de altos funcionarios del gobierno de que González y otros miembros de la oposición deberían ir a la cárcel.
El abogado de González, José Vicente Haro, dijo a los periodistas que había ido a la oficina del Fiscal General en Caracas el miércoles por la mañana para presentar el documento en defensa de González.
Dijo que esperó casi dos horas, le dijeron que su documento no podía ser recibido porque no tenía la autorización correcta y luego le dijeron que el sistema no funcionaba.
Haro dijo que vio que aceptaban otros documentos.
Luego le pidieron que regresara por la tarde, dijo Haro, y no le devolvieron la copia de la declaración jurada que había tratado de entregar.
“Es por este tipo de situaciones que Edmundo González Urrutia no ha cumplido con la citación que le dieron”, dijo Haro. “Estamos tratando de ejercer nuestra defensa, pero ahora han visto las dificultades que hemos tenido”.
La ley venezolana no permite que los mayores de 70 años cumplan condenas en las cárceles, sino que exige arresto domiciliario. González cumplió 75 años la semana pasada.
Al menos dos docenas de personas murieron en las protestas posteriores a las elecciones y varias figuras importantes de la oposición han sido detenidas.
El gobierno califica a la oposición de movimiento fascista aliado con fuerzas imperialistas en el extranjero y la culpa de las muertes en las protestas.
Los opositores acusan al gobierno de llevar a cabo una campaña de represión.
El grupo de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch (HRW) dijo en un informe el miércoles que había recibido denuncias creíbles de la muerte de 23 manifestantes y un miembro de la guardia nacional.
Dijo que había documentado en detalle seis casos de personas asesinadas durante las manifestaciones.
En algunos casos, las fuerzas de seguridad como la policía y la guardia nacional estaban presentes cuando las personas resultaron fatalmente heridas o asesinadas, dijo HRW, mientras que en otros casos, bandas de motociclistas aliadas del partido gobernante llamadas “colectivos” atacaron a los manifestantes.
“La represión que estamos viendo en Venezuela es sorprendentemente brutal”, dijo Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW, en un comunicado.
“Los gobiernos interesados deben tomar medidas urgentes para garantizar que las personas puedan protestar pacíficamente y que se respete su voto”.
El gobierno, que ha pedido a los ciudadanos que denuncien “actividades fascistas” a través de una aplicación, afirma que 27 personas murieron en las protestas y que ha detenido a unas 2.400 personas.
No respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre el informe de HRW.
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