El primer ministro británico, Keir Starmer, defendió este miércoles la suspensión parcial de las exportaciones de armas a Israel por temor a que puedan utilizarse en violación del derecho internacional humanitario, afirmando que se trata de una “decisión legal” y no política, informó The Times of Israel.
Starmer dijo que el anuncio del lunes de suspender 30 de las 350 licencias de exportación de armas no significa un cambio en el apoyo del Reino Unido al derecho de Israel a la legítima defensa.
También dijo que los aliados “entienden” la decisión del Reino Unido.
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“Es un tema difícil, lo reconozco, pero es una decisión legal, no una decisión política”, dijo Starmer a los legisladores durante la sesión semanal de preguntas al primer ministro en el parlamento.
Dijo que la decisión se tomó tras una revisión por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores de la conducta de Israel en su guerra contra el grupo terrorista Hamás en la Franja de Gaza.
La revisión fue lanzada por el secretario de Asuntos Exteriores británico, David Lammy, poco después de que el Partido Laborista de centroizquierda de Starmer llegara al poder a principios de julio tras una aplastante victoria en las elecciones generales sobre los conservadores.
“Por supuesto, defenderemos el derecho de Israel a la legítima defensa, pero es importante que estemos comprometidos con el estado de derecho internacional“, dijo Starmer.
La prohibición parcial cubre artículos que podrían usarse en la actual guerra en Gaza, incluidos aviones de combate, helicópteros y drones, pero no piezas para los avanzados aviones de combate furtivos F-35.
La decisión ha enfurecido a Israel, y el primer ministro, Benjamín Netanyahu, la ha calificado de “vergonzosa”.
Starmer también negó que la medida indicara una ruptura con Estados Unidos.
El lunes, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kirby, dijo que Londres había informado a Washington de su medida antes de que se anunciara.
“Dejaremos que otras naciones decidan por sí mismas si van a apoyar a Israel y en qué medida”, dijo Kirby a los periodistas. “De eso se trata la soberanía”.
Añadió que, por su parte, Estados Unidos no había “ninguna determinación” de que Israel hubiera violado el derecho humanitario.
Sin embargo, el periódico británico The Times citó a una fuente de alto rango del gobierno británico que dijo que Estados Unidos había advertido en privado a Londres contra la suspensión de armas en medio de preocupaciones de que podría dañar las negociaciones para un acuerdo entre Israel y Hamás.
En Londres, Starmer dijo a los diputados: “Hemos hablado de esto con nuestros aliados, ellos lo entienden, tienen un sistema legal diferente, ese es el punto que han planteado”.
A diferencia de Estados Unidos, el gobierno británico no da armas directamente a Israel, sino que emite licencias para que las empresas vendan armas, con el aporte de abogados sobre si cumplen con el derecho internacional.
Los funcionarios británicos no han dicho que Israel esté violando el derecho humanitario, pero creen que existe un riesgo grave, según la evaluación de dos meses.
La suspensión podría levantarse en el futuro si el Reino Unido evalúa que el riesgo de violaciones ha disminuido.
El gobierno de Starmer está adoptando un enfoque más matizado del conflicto de Oriente Medio que el gobierno conservador de su predecesor, Rishi Sunak.
También ha pedido repetidamente un alto el fuego y la aceleración de las entregas de ayuda a Gaza, y ha exigido que Hamás libere a todos los rehenes capturados en su ataque terrorista del 7 de octubre.
Pero también ha reanudado la financiación de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos y sus descendientes (UNRWA) y ha abandonado una impugnación legal sobre las órdenes de arresto internacionales contra importantes figuras israelíes, incluido Netanyahu.
Israel ha negado haber violado el derecho internacional en Gaza, diciendo que busca minimizar las bajas civiles y toma medidas de gran alcance para ese fin.
Además, subraya que Hamás utiliza a los civiles de Gaza como escudos humanos, combatiendo desde zonas civiles, incluidas viviendas, hospitales, escuelas y mezquitas, lo que en sí mismo es una violación del derecho internacional.
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