El viernes, Israel presentó una objeción oficial a la Corte Penal Internacional de La Haya (CPI) y la legalidad de la solicitud del fiscal de emitir órdenes de arresto contra el primer ministro Benjamin Netanyahu y el ministro de Defensa Yoav Gallant.
Con respecto a la objeción, Israel presentó dos documentos legales completos a la CPI.
El primer documento
En el primer documento, el estado aclaró que el tribunal carecía de autoridad con respecto al caso, cuestionando su jurisdicción.
Israel afirmó que el tribunal no tiene autoridad para discutir la denuncia palestina en su contra, lo que recientemente llevó a la solicitud del fiscal de emitir órdenes de arresto contra el primer ministro y el ministro de Defensa.
Este es un tema fundamental que ha sido un tema en la acción internacional contra Israel durante años. Unos 63 países han presentado peticiones apoyando la posición de Israel sobre el asunto, incluidos Estados Unidos y Alemania, según The Jerusalem Post.
TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL El fiscal Karim Khan recompensa el terrorismo islemico, denuncia el escritor. (credito: Leonardo Fernandez Viloria/Reuters)
El segundo documento
En el segundo documento, Israel detalla cómo el demandante violó descaradamente la constitución del tribunal al negarle a Israel la oportunidad de investigar las denuncias de forma independiente.
El segundo documento se centra en las acusaciones de conducta ilegal e indebida por parte del demandante. Israel afirma que en los últimos meses, el fiscal impulsó la investigación y los procedimientos para emitir órdenes de arresto en violación del principio de complementariedad consagrado en el Estatuto de Roma. Esto significa que la CPI debe dejar que el sistema legal de la nación en cuestión actúe primero antes de que el tribunal tome alguna medida.
Según Israel, el fiscal estaba obligado a informarle sobre los materiales que se estaban investigando y permitirle investigar de forma independiente las acusaciones contra el estado.
El equipo jurídico israelí en el caso de la CPI ha realizado una investigación exhaustiva
Fuentes oficiales señalan que las apelaciones israelíes ante el tribunal se hicieron después de un trabajo jurídico minucioso y, en la actualidad, entre otras cosas, dada la presión del fiscal sobre los jueces, se describe como una “campaña” para emitir órdenes de arresto.
Además, Israel afirma que para que el tribunal adquiera autoridad, debe recibirla de una entidad autorizada. Según Israel, la Autoridad Palestina no es un estado soberano, condición necesaria para otorgar autoridad al tribunal.
Cabe señalar que el procedimiento para emitir las órdenes es confidencial, por lo que no se esperan indicios tempranos de la decisión de los jueces. Esto significa que Israel podría llevarse una sorpresa nuevamente, como sucedió en mayo cuando se descubrió que el fiscal había presentado una solicitud para emitir órdenes de arresto.
Fuentes oficiales enfatizaron que el contenido de las reclamaciones no es nuevo, pero la apelación actual se realizó a raíz de los recientes acontecimientos en el proceso judicial.
El Ministerio de Asuntos Exteriores destacó que varios países importantes, incluidos miembros de la CPI, organizaciones y expertos legales de todo el mundo, comparten las posiciones de Israel sobre estas cuestiones.
El Ministerio afirma que no hay otra democracia con un sistema judicial independiente y respetado que haya recibido un trato tan discriminatorio por parte del fiscal como el que ha recibido Israel.
Sin embargo, el Ministerio de Asuntos Exteriores enfatizó que Israel sigue firme en su compromiso con el estado de derecho y la justicia, y señaló que el Estado seguirá protegiendo a sus ciudadanos de los continuos ataques y atrocidades de Hamás y otros grupos terroristas afiliados a Irán de conformidad con el derecho internacional.
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