La Corte Suprema de Justicia de Israel falló este jueves por unanimidad en contra de varias peticiones que solicitaban que se revocara la decisión del primer ministro Benjamín Netanyahu de despedir al ministro de Defensa Yoav Gallant.
La Corte señaló que el momento de la decisión suscitó “especial asombro” dado que Israel está en medio de una guerra y que el ministro de Defensa ha desempeñado un papel central en la gestión de ese conflicto, pero dictaminó que los amplios poderes del primer ministro sobre la dotación de personal de su gobierno y lo que dijo que eran las consideraciones razonables detrás de la decisión significaban que no había lugar para que el tribunal revocara la decisión.
Las peticiones fueron presentadas el miércoles, la mañana después de que Netanyahu despidiera a Gallant, por varios grupos de vigilancia del gobierno, y argumentaron que la decisión de despedir al ministro de Defensa en medio de una guerra severa y en curso se tomó utilizando consideraciones políticas no pertinentes, y fue irrazonable en extremo.
Netanyahu dijo en su momento que la confianza entre él y Gallant se había roto en los últimos meses, y que se habían abierto brechas significativas entre los dos y que esto impedía la gestión adecuada de la guerra.
Sin embargo, los peticionarios y otros numerosos críticos, incluida la oposición, acusaron a Netanyahu de expulsar a Gallant por consideraciones políticas, debido a la negativa de este último a aceptar una legislación que restablecería exenciones generales del servicio militar para los ultraortodoxos.
Los partidos políticos ultraortodoxos han amenazado con salirse del gobierno si no se cumplen sus demandas con respecto a dichas exenciones.
En su opinión escrita, la juez Yael Wilner dijo que, sin embargo, en el fallo de la Corte, la discreción del primer ministro para contratar y despedir a los ministros es “muy amplia” y puede incluir una variedad de consideraciones.
“El punto de partida para una revisión judicial en una [situación] como ésta es la amplia discreción del primer ministro, dentro de la cual puede utilizar una amplia variedad de consideraciones, incluidas consideraciones políticas, siendo incluso la estabilidad del gobierno una consideración relevante para este asunto”, escribió Wilner.
“Esto significa que el alcance de la revisión judicial de decisiones de este tipo es limitado”, continuó, afirmando explícitamente que incluso si las razones de Netanyahu para despedir a Gallant incluían consideraciones políticas, “esto no justificaría, por sí mismo, una intervención judicial en la decisión”.
Añadió que la razón declarada por Netanyahu para despedir a Gallant, una ruptura de la confianza entre él y el ministro de Defensa, y la diferencia significativa de acuerdo que tenían ambos sobre cuestiones clave de seguridad y política, eran razonables y reforzaban aún más la conclusión de que no había motivos para una intervención judicial.
Sin embargo, Wilner escribió que la decisión de despedir a Gallant “genera una singular sorpresa en relación con el momento en que se tomó la decisión de destituir al ministro de su cargo en medio de una guerra en curso”, ya que “el ministro de Defensa naturalmente tiene un papel importante y central en la gestión de esta guerra que se ha prolongado durante más de un año”.
Sin embargo, concluyó que los peticionarios no demostraron que la decisión de despedir a Gallant fuera extremadamente irrazonable, por lo que desestimó la petición.
Los jueces Yosef Elron y Ruth Ronen coincidieron con la decisión de Wilner.
El Movimiento por un Gobierno de Calidad en Israel, una de las organizaciones peticionarias, dijo en respuesta que el tribunal había “perdido una oportunidad histórica de defender la seguridad del país frente a consideraciones políticas estrechas”.
La organización añadió que “el tribunal decidió centrarse en la autoridad formal del primer ministro para despedir a los ministros, ignorando las graves consecuencias de la decisión sobre la seguridad del Estado en tiempos de guerra y el hecho de que los despidos tenían como objetivo promover el proyecto de ley de evasión en violación del fallo de la Corte Suprema y las órdenes de la Fiscal General”.
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