Hace unos días, el parlamento israelí aprobó una propuesta de ley que permite al gobierno de ese país deportar a familiares de personas que hayan sido condenadas por delitos terroristas, incluyendo a ciudadanos de Israel.
La controvertida ley se aplica a familiares de primer grado, es decir, padres, hermanos o hijos de personas declaradas culpables de cometer o apoyar actos de terrorismo.
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Tanto el Ministerio de Justicia como la Fiscalía General habían expresado su preocupación por la legislación, que estipula que los expulsados serían enviados a la Franja de Gaza o a otros destinos, según las circunstancias, durante 7-15 años para los ciudadanos o 10-20 años para los residentes legales.
¿Es correcto condenar a alguien por un delito que cometió otra persona?
¿Es esta ley una violación a los derechos humanos?
¿Vale la pena votar una ley así para amedrentar a los terroristas?
¿Aleja esta ley a Israel del estado de derecho que debería ser? Gabriel Ben Tasgal explica.
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